Las últimas normas provocan que se active la Oficina de Parcelaciones

Las últimas normas provocan que se active la Oficina de Parcelaciones Urbanismo pondrá en marcha de inmediato esta promesa del PP para coordinar la atención a parcelistas El nuevo decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable auspiciado por la Consejería de Obras Públicas y la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada ayer por el PSOE en solitario en la Cámara andaluza, provocarán que se active de urgencia la Oficina Municipal de Parcelaciones que prometió el PP si gobernaba Córdoba.
Ambos cambios normativos, que han levantado expectativas a muchos parcelistas ilegales para regularizarse y obtener, al menos, servicios básicos, pueden originar un severo cambio organizativo en la Gerencia de Urbanismo, justo cuando sus responsables estaban trabajando en una reestructuración pareja a la negociación del convenio colectivo.
Estas expectativas, rodeadas de mucha confusión por la falta de concreción de las medidas a adoptar por los ayuntamientos que reza el nuevo decreto y algunas disposiciones nuevas de la LOUA, están provocando ya un efecto llamada y numerosas consultas por parte de los propietarios de viviendas. Por ello, según fuentes municipales de toda solvencia, la decisión del PP es activar cuanto antes esta oficina aunque sea, en primera instancia, con un personal básico y mínimo que sería reforzado después una vez que se conozca el alcance completo de la aplicación del decreto y las nuevas disposiciones para parcelaciones de la ley urbanística.
A esta conclusión se llegó en la primera reunión que Luis Martín, presidente de la Gerencia de Urbanismo, y su equipo técnico mantuvo el lunes con los respectivos jefes de servicio para abordar la aplicación de las nuevas normativas urbanísticas que podría tener más impacto del previsto en un principio en el mapa parcelario cordobés. De hecho, se han encargado nuevos vuelos para actualizar el inventario de parcelaciones de la ciudad con el que se trabajará para detectar qué zona podrán beneficiarse bien de enganches o construcción de redes de servicios, o bien de ser regularizadas en un futuro bajo la figura de parcelaciones asimiladas a la categoría de fuera de ordenación.
Hay que recordar que tanto el decreto de edificaciones en suelo no urbanizable (pendiente de ser publicado en el BOJA) como las disposiciones de la LOUA agregadas desde ayer a la misma en cuanto a la misma clase de suelo ponen coto a las salidas de los parcelistas en el considerado terreno de especial protección.
Un primer análisis somero de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo apuntan a que algunas parcelaciones en huecos de la Vega y no regularizadas aún y parte de los asentamientos de la Sierra podrían beneficiarse directamente. Las dudas están en Medina Azahara y las tres parcelaciones en zona BIC e incluso en cómo podrían afectar estas variaciones normativas a aquellas zonas que ya se están regularizando a través de una reciente innovación del PGOU.
La disposición transitoria tercera de la LOUA que se aprobó ayer sólo con los votos del grupo socialista (el PP se abstuvo e IU votó en contra), quien la propuso, añade más leña al fuego, ya que consiente que se autoricen enganches a un año de luz y agua por los ayuntamientos con informes técnicos municipales y de las compañías suministradoras siempre que no haya que hacer obras, entre otras limitaciones. Este último dardo envenena aún más un panorama en el que los propios parcelistas andan desconcertados. Arrecian las críticas del PP Ayer mismo siguieron las críticas del PP. Su secretario general en Córdoba, Adolfo Molina y el presidente de la comisión de Urbanismo del partido, Luis Martín, tacharon de electoralista el nuevo decreto. «El PSOE gobierna de espaldas a los ciudadanos», señaló Martín que destacó que la provincia de Córdoba es «el territorio más protegido de toda España», entre parques naturales, Lugares de Importancia Comunitaria y otras catalogaciones.
En este sentido, apunta que el término municipal de Córdoba tiene «una extensión de 1.255 kilómetros cuadrados de los que el 80 por ciento son de suelo no urbanizable», por ello defendió los vuelos que ha contratado la Gerencia Municipal de Urbanismo para hacer inventario de las parcelaciones, al tiempo que denunció que la Junta, pese a ser tutelante, «no preste ayuda económica a los ayuntamientos».
Mientras, el alcalde de Zuheros, el popular Jesús de Prado, lamentó también en la comparecencia que el decreto es «inoportuno» ya que «las soluciones van a ser muy complicadas», dado que «se va a mantener a los ayuntamientos en situaciones muy farragosas», además de «no solucionar el problema puesto que lo único que pretende es poner etiqueta a las viviendas: si es o no legalizable».