Diario ABC sobre parcelaciones

ABC.Residentes en parcelaciones cercanas al río, Medina Azahara o La Sierra expresan su inquietud por la normaA. G. / CÓRDOBA
Día 12/01/2012 - 09.57hSi el tema de las parcelaciones es una realidad compleja, la nueva normativa de la Junta de Andalucía ha añadido aún más incertidumbre al futuro de decenas de construcciones y cientos de familias en Córdoba. La excepción planteada en la norma por parte de la Administración regional de impedir la legalización y los servicios básicos —incluso se llega a contemplar el derribo, de aquellas construcciones que estén en suelo protegido, inundable, con riesgo de incendio o en un entorno designado como Bien de Interés Cultural (BIC)— señala de forma directa a los núcleos de la Sierra de Córdoba, a las cercanas al río y el entorno del aeropuerto y a las que están en las proximidades de Medina Azahara.

Los responsables de varias de estas urbanizaciones coinciden en valorar el decreto de la Junta como «un texto que ni aporta ni soluciona nada con respecto a lo que ya sabíamos». De esta manera, en la zona de la Sierra, una de las parcelaciones que podría verse afectada es la de Las Siete Fincas, uno de los núcleos más extensos de Córdoba, como señala su responsable, Juan Cruz, que asegura «no entender nada». «Nosotros estamos convencidos de que no va a existir legalización, pero por lo menos que nos dejen vivir. Aquí hay cerca de 500 viviendas y en verano podemos llegar a las 3.000 personas».

En este sentido, añadió que «no sabemos si esta norma afecta a la totalidad de la urbanización o sólo a una parte porque la última vez que hablamos con los responsables de Urbanismo nos dieron el visto bueno a un plan de saneamiento y de autogestión para la mejora del medio rural. Eso sí, hablaron que cuatro de las doce partes en las que se divide la zona eran difícilmente reconducibles. El agua se necesita porque aquí gran parte de las personas que residen tienen su casa como única vivienda».

Más resignados se encuentran los vecinos de Las Pitas, con cerca de 400 residentes. Su cercanía al BIC de Medina Azahara les señala como no legalizables en la nueva normativa de la Junta, pero, como asegura su presidente, Cristóbal Pérez, «a nosotros no nos ha sorprendido en absoluto el nuevo decreto porque ya sabíamos lo que había. Justo enfrente de nosotros hay casas que llevan años sin alcantarillado ni servicios básicos y no lo iban a hacer ahora. Sabemos que tampoco nos van a dar el agua, aunque, desde luego, para nosotros ambas cuestiones son vitales. Pese a todo, el cuerpo se hace a todo y ya nos hemos acostumbrado a tener que cargar agua embotellada».

La tercera pata de las excepciones planteadas por la nueva norma se refiere a las viviendas que estén en zonas inundables. En Córdoba, varios núcleos de población como Fontanar de Quintos, La Altea, Guadalvalle o San Isidro podrían verse afectados por la nueva normativa autonómica, que ha generado «mucha inquietud», como reconoce el responsable de la parcelación de Fontanar de Quintos, Juan Montilla.

El responsable vecinal asegura «leyendo los primeros avances que han salido en prensa sobre la Ley, pensamos que puede afectar a una parte de Fontanar de Quintos. El problema es que el texto es muy ambiguo y, por supuesto, no entra al detalle de la realidad que se vive en Córdoba».

En Fontanar de Quintos hay unas 350 viviendas y «casi todas son viviendas de primera residencia. Yo tengo toda mi documentación en regla y mis recibos del pago del IBI urbano al día. Si ahora resulta que quedamos fuera de la norma, es para echarse a reír», indica Montilla.

En sus trece
«Si nosotros estamos en riesgo por ser zona inundable, ¿qué me dice del aeropuerto, lo van a hacer ilegal también? No tiene sentido». De esta manera se expresa la responsable de la urbanización de Guadalvalle, Elena Moyano, que asegura que «hemos pedido y vamos a seguir solicitando al Ayuntamiento los servicios básicos de recogida de basuras, alcantarillado, luz y transporte. Así nos lo prometieron en la campaña y deben cumplirlo», reclama.

Esta parcelación fue una de las afectadas por las últimas crecidas del Guadalquivir y su responsable está convencida de que «las viviendas que sufrieron daños es normal que se derriben, pero el resto, en las que viven cerca de 45 familias, no tiene ningún sentido porque están más lejos del río».

En parecido caso se encuentra la parcelación de San Isidro que conforman unas 65 viviendas. Su responsable, Antonio Aranda, expresa sus reservas sobre la nueva normativa porque «no entra en nada al detalle. Nosotros hemos pedido una reunión ya con la administradora para ver en qué medida podría afectarnos esta Ley, pero estamos convencidos de seguir pidiendo un servicio básico como es el agua».