IU y PSOE exigen que quede garantizada la viabilidad jurídica. El consejo de distrito insiste en que se analicen sus demandas

Urbanismo propone dotar de luz y agua a viviendas con red cerca

IU y PSOE exigen que quede garantizada la viabilidad jurídica. El consejo de distrito insiste en que se analicen sus demandas

 I. LEÑA 25/01/2013

 

El presidente de Urbanismo, Luis Martín, propuso ayer la elaboración de una moción que se llevará al Pleno para "dotar de servicios básicos a parcelas que tienen cerca una red de abastecimiento". Se trata de una medida de "carácter excepcional" y para la que se deberá garantizar la continuación con el proceso de regularización. Martín hizo la propuesta en una nueva reunión de la mesa de trabajo sobre parcelaciones impulsada por el Consejo de Distrito de El Higuerón, donde presentó las dos líneas en las que trabaja Urbanismo, en el inventario sobre suelo no urbanizable, que recoge un listado de 78 núcleos con 3.887 viviendas; y en la ordenanza para la declaración del asimilado al fuera de ordenación (AFO), que permite servicios con condicionantes y la inscripción en el Registro y se aplicará en suelo no urbanizable, urbanizable y urbano.
Tanto el portavoz de IU, Francisco Tejada, como el concejal del PSOE Emilio Aumente mostraron sus dudas y pidieron que se garantice la viabilidad jurídica de la propuesta, a la que quieren hacer aportaciones. Tejada explicó que el borrador de moción sigue el espíritu de otras presentadas a principios de la década pasada, "cuando la posición judicial era distinta". Tejada no quiere que "sea un brindis al sol" ni que cree "falsas expectativas". También duda de la viabilidad de extender el AFO a suelo urbanizable, ya que teme que al lograr servicios se pierda interés por urbanizar. Por su parte, Aumente dijo que la propuesta "es un elemento para trabajarlo y aclarar conceptos que jurídicamente hay que afinar" para tener garantías de que no habrá informes en contra. Su idea es "no llevar una moción a Pleno sin garantías de que salga adelante porque vaya en contra del PGOU y las leyes urbanísticas". También expresó sus dudas sobre la ordenanza, que "habrá que matizar y estudiar jurídicamente". Martín respondió que la ordenanza "se ha estudiado desde el punto vista jurídico y técnico y creemos que tiene encaje". Tanto en esta como en la moción, pidió la colaboración de todos. Ahora se abre un plazo de 15 días para ello. "No se trata de crear falsas expectativas, sino de trazar un camino y aportar herramientas" sin "cambiar la ley y en situaciones excepcionales y de carácter social".
El presidente del consejo de distrito, José Rodríguez Maqueda, también pidió que "no se apruebe algo que tenga complicaciones" e instó a que Urbanismo analice los pros y contras de cada una de sus demandas.

 

    

 

 

 

 

Córdoba

Parcelistas apoyan la ordenanza que agilizará servicios básicos

B. L. / CORDOBA

Día 24/01/2013

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El PSOE teme que la Junta pueda oponerse e IU cree que debe aclararse legalmente

Parcelistas consultados ayer por ABC respaldaron la idea de la Gerencia de Urbanismo para acelerar la dotación de servicios básicos (agua, luz, saneamiento) a los núcleos legalizables reconocidos en el PGOU aprovechando la elaboración de la ordenanza de asimilado a régimen de fuera de ordenación (coloquialmente AFO) que le marca el Decreto de la Junta para edificaciones en suelo no urbanizable. La iniciativa de la Gerencia les permitirá además adelantar a los costosos proyecto de urbanización -ninguna legalizable lo ha empezado aún y el PGOU es de 2001- la obtención de estos enganches.

Así lo ve Alamiriya, colectivo que agrupa a propietarios de siete parcelaciones -algunas de peso como El Alamillo y Barquera Norte del que también forma parte dos históricas urbanizaciones de Doña Manuela, que aún no han constituido su junta de compensación, paso previo a poder presentar el proyecto de urbanización. Estos 7 núcleos son legalizables, según el PGOU. Su presidente, Manuel Sánchez, señaló que «la ordenanza nos parece bien». Apoyaron «lo que sea solucionar este problema tan grande de las casas que no se construyeron bien».

IU y PSOE, muy cautos

Igualmente, respaldó que, como recoge el borrador de la ordenanza, la dotación de servicios sólo se pueda dar una vez que el proyecto de reparcelación y urbanización estén definitivamente aprobados. Argumentó que lo contrario «perjudicaría» a los núcleos que, como los de Alamiriya, han dado ya una serie de pasos para la regularización frente a los que aún no los han acometido: «Los que tenemos juntas de compensación hemos aportado ya mucho dinero para pagar tasas y proyectos de empresas redactoras».

Y el presidente del Consejo de Distrito de El Higuerón, José Rodríguez, prefirió no posicionarse hasta que lo haga la Mesa de Parcelaciones, que engloba a 39 asociaciones de núcleos de la barriada -legalizables y no-.

Por su parte, el responsable del área de Ciudad Física de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, sostuvo que son «favorables» a la interpretación que ha hecho Urbanismo. «Nos parece positiva», añadió. Matizó que aún no conocen el texto de la ordenanza. Por ello, avisó de que, cuando puedan verla, «a lo mejor nos parece que se queda corta, porque deja gente fuera o por unas exigencias que sean excesivas».

En la oposición, el edil del PSOE Emilio Aumente mostró temor a que la Junta, que «debe aprobar la ordenanza», la rechace. Pidió que «nos sentemos, incluida la Administración regional, para llegar a acuerdos y no llevarnos sorpresas». Aunque pidió tiempo para estudiar el texto, no le encaja la fórmula por la que Urbanismo extenderá la solución para suelos no urbanizables a los urbanizables.

Y el portavoz municipal de IU, Francisco Tejada, se mostró muy cauto con la futura norma local. A su juicio, «probablemente se está forzando la interpretación». Advirtió de que, para que haya autorización de enganches, debe «haber licencia de obra o de primera ocupación». Añadió que «hay tratarlo con sumo cuidado». «No vale tirarnos para adelante sin tener muy claro que esto no traerá problemas legales». Añadió que puede «bloquear el desarrollo de las parcelas vacías».

El presidente de UCOR, el edil Rafael Gómez, sostuvo que «vemos bien» la ordenanza, pero la tachó de «insuficiente». A su juicio, el gobierno local debía haber apostado, con el consenso de todos los grupos municipales, por facilitar la legalización definitiva: «Con todo tan complicado, hay que hacer las cosas mucho más viables». Y se lanzó con una idea sui géneris que no encaja en la legalidad: «Si el Ayuntamiento, porque las familias no pueden pagarlas, debe echar las multas [de los parcelistas] a la papelera, que las eche. Y, sobre todo, si hay personas que no pueden pagar la urbanización, que el Consistorio abone una parte». Destacó que, tras la legalización, Capitulares recaudaría más.

 

 

El Ayuntamiento quiere que el proceso abierto de regularización de parcelaciones deje su paso de tortuga

 

La ordenan

za que prepara Urbanismo agilizará servicios a miles de parcelas

B. L. / CÓRDOBA

Día 23/01/2013

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En seis meses tendrá que resolver la solicitud de AFO, que se amplía a núcleos en vía de regularizaciónExige una casa de al menos 25 metros cuadrados útiles y qué dotaciones faltan

ARCHIVO

Vista aérea de La Campiñuela, junto a la línea del AVE, inmersa en el proceso de legalización

El Ayuntamiento quiere que el proceso abierto de regularización de parcelaciones deje su paso de tortuga. El proyectil para acelerarlo será la ordenanza de asimilado a fuera de ordenación (coloquialmente AFO) que prepara con horizontes ambiciosos. Por ello, además de lo que marca el decreto de la Junta, extenderá a los enclaves urbanizables y urbanos no consolidados la dotación de servicios básicos antes de ejecutar el costoso proyecto de urbanización. Esto afectará a miles de parcelas (unas cuatro mil, a priori).

No obstante, en Urbanismo reconocen la dificultad de concretar su alcance. Las ocho bolsas de parcelaciones que el PGOU de 2001 regularizaba, contaban con unas 4.000 viviendas que están en fase de legalización. Todas se beneficiarían de la declaración del AFO. Estas construcciones cumplen con creces el primer requisito para alcanzar esa figura. Para ellas, ha prescrito el periodo en que debían restaurar la legalidad vulnerada -en fase de derribo-, que actualmente es de seis años. Ahora, habrá que ver cuáles cuentan ya con servicios.

El siguiente paso sería determinar cuántas edificaciones más se han levantado desde que el Plan General hiciera esa foto fija en 2001, de cara a saber si han prescrito o no. Hay que recordar que esos ocho planes de sectorización recogen la posibilidad de llegar a un tope de 6.150 viviendas en esas parcelaciones.

Algo similar sucede con el otro gran paquete de parcelaciones en regularización (ampliación del primero), que engloba a nueve enclaves más de Poniente, que inicialmente no recogía el Plan General. De ellas, sí hay una foto fija reciente: 566 viviendas construidas, aunque en sus suelos se permitirán hasta 1.000. Dado que su proceso de legalización arrancó a principios de la pasada década, se presupone que en muchas de ellas ya habrá vencido el periodo para la restitución de la legalidad. De todas formas, aquí también habrá que observar si hay dotación de servicios y cuántas casas no han alcanzado la prescripción.

En definitiva, miles de viviendas en regularización que podrían beneficiarse, más tarde o temprano, de la ordenanza del AFO que emana del decreto de la Junta de 2012 para poner orden y amnistía en el suelo no urbanizable, permitiendo servicios básicos. Este nuevo régimen urbanístico se fija para agrupaciones de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, como sucede en algunas parcelas de la Sierra. No legaliza, pero sí reconoce jurídicamente el uso, permite servicios básicos e inscripciones en el Registro de la Propiedad. Para adaptarse a ese Decreto, el Consistorio está elaborando la ordenanza en cuestión.

Y ahí, Urbanismo ha visto la ocasión de agilizar el proceso de legalización ya en marcha en Córdoba. El borrador de esta ordenanza, al que ha tenido acceso ABC, extiende la aplicación de esta figura al suelo urbano no consolidado y urbanizable -o sea, a núcleos ilegales en regularización-. Así, estas parcelaciones no deberán esperar a ejecutar el proyecto de urbanización preceptivo para alcanzar luz, agua y alcantarillado si no lo tienen. Y es que son obras muy caras y los propietarios no pueden costearlas en plena crisis. Ni un solo enclave ha iniciado aún las tareas de urbanización.

Descripción de las obras

Eso sí, se les pondrá como condición que tengan definitivamente aprobados los proyectos de reparcelación y urbanización. Eso se hace para que no ejecuten las obras de abastecimiento de forma descontrolada y para que no desistan del proceso regulatorio.

El borrador establece que cuando una vivienda o un conjunto de ellas -caben las dos opciones- soliciten ser declaradas asimilado a fuera de ordenación, Urbanismo tendrá seis meses para notificar su decisión. En los casos en los que lo rechace -las declaraciones sí son individuales- comunicará a su dueño que la vivienda «no puede ser utilizada». Aunque suena a mero formalismo, ya que este tipo de advertencias en la práctica no se cumplen. El texto advierte de que si Urbanismo detecta que se ha pedido esta categoría para una casa sin infracción prescrita, «podrá ordenar el inicio del procedimiento administrativo para adoptar las medidas que procedan de protección de la legalidad».

Cuando un dueño formule la solicitud de esta figura, deberá presentar, entre otros documentos, una certificación técnica de que la casa reúne las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad. Por ejemplo, se exige que la vivienda tenga al menos 25 metros cuadrados útiles.

Igualmente, los propietarios deberán informar de qué obras necesitan para dotar de los servicios básicos necesarios a su edificación. Los propietarios en parcelas en regularización deberán especificar «si el acceso a las redes de abastecimiento de agua, saneamiento o luz forma parte o no del proyecto de urbanización».

Y a los dueños de casas de agrupaciones de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable se les demanda para lograr servicios que acrediten que mantendrán su uso de «forma autónoma y ambientalmente sostenible» o mediante el acceso a redes de compañía suministradora, «siempre que las mismas estén accesibles, dicha suministradora acredite la viabilidad de la acometida y no induzcan a que se implanten nuevas edificaciones».

 

 

 

Una nueva red de agua en Las Jaras costará más de 7 millones

 

LOS VECINOS SIGUEN EXIGIENDO QUE SE PONGA FIN A 20 AÑOS DE DEFICIENCIAS

Una nueva red de agua en Las Jaras costará más de 7 millones

Piden una línea de autobús y la mejora de la carretera de la Diputación. Urbanismo quiere firmar un convenio y liquidar un conflicto que se

ISABEL LEÑA 24/01/2013

</b> Urbanización de Las Jaras, que ha sufrido en más de una ocasión problemas con el agua. Foto:SANCHEZ MORENO

 

Solucionar uno de los problemas de Las Jaras, el agua, con una nueva red de distribución y depuración, requerirá una inversión de más de 7 millones de euros, según un informe elaborado por Emacsa que está en poder de Urbanismo. Su presidente, Luis Martín, se ha reunido con distintos colectivos de la zona, en la que hay más de 600 propietarios, para explicarles los resultados del estudio sobre las carencias de la zona. El organismo municipal quiere firmar un convenio con los vecinos y poner fin a un conflicto que se prolonga desde hace dos décadas y que los afectados no dejan de denunciar. El problema es que los vecinos no se constituyen en entidad de conservación si Urbanismo no recepciona la totalidad de las obras y el organismo municipal no las recibe hasta que no subsanen las deficiencias.
La asociación de vecinos Lago de la Encantada insiste en la necesidad que la urbanización "sea atendida debidamente, básicamente en los servicios de primera necesidad", como la distribución del agua potable y la depuración, que lleva a cabo una empresa con la que no paran de tener problemas. Además de otras mejoras en viario y zonas verdes, reclaman una línea de autobús y el arreglo de la carretera de la Diputación. El presidente de esta asociación, José Verdejo, afirma que desconoce cómo se repartirá el coste entre los propietarios.
Por su parte, Luis Martín explicó que el objetivo es "firmar un convenio de colaboración y ver la línea de trabajo, ejecutando los avales pendientes", pero insistió en que "no podemos recibir las obras en mal estado". Martín insiste en que la "entidad de conservación es una obligación del PGOU y se debió constituir a principios de los noventa", ya que está prevista desde 1985. Martín indica que los deterioros se han ido produciendo "a lo largo de 25 años y si la comunidad de propietarios los hubiera atendido, se podría recibir la urbanización". "No se por qué no se ejecutaron los avales y se instó al promotor a actuar", concluye.
En más de una ocasión, los vecinos, que están a la espera del citado convenio, se han quejado de que están manteniendo servicios que no les corresponden. En todo este tiempo, Urbanismo ha emitido informes instando a todos, incluido al promotor, a la reparación de deficiencias.

Los parcelistas no terminan de verle la punta a la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación

Los parcelistas exigen cambios en la ley urbanística andaluza

Consideran "una trampa" la figura del asimilado al fuera de ordenación

  

Viviendas inundadas en 2010. A.J. GONZÁLEZ

Los parcelistas no terminan de verle la punta a la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), que permite servicios básicos con condicionantes y la inscripción en el Registro de la Propiedad a viviendas ilegales en las que ha prescrito la infracción urbanística y que cumplen una serie de requisitos. Colectivos como Alamiriya y Córdoba Extrarradio manifestaban el lunes que es insuficiente y a ellos se sumó ayer la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, cuyo presidente, Francisco León, tiene claro que el modelo recogido en el decreto de la Junta que entró en vigor hace un año y en la ordenanza en la que trabaja la Gerencia Urbanismo, adelantada por este periódico, "no interesa" ni a los que lo tienen más fácil, "es un señuelo, una trampa para que piquemos". Para este colectivo la única solución es "modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)". Es más, tanto este colectivo como otros similares en Andalucía, se están moviendo para conseguir una reunión con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas.

A juicio de León, la figura "es un parche y lo único que se va a intentar es dar servicios a unas pocas casas", que serán "las mínimas y todo pagado por los propietarios". Tiene claro que "no es la solución" porque "no se va a poder edificar, no se pueden agrandar las casas y van a seguir siendo ilegales". Además, advierte de que "los servicios son provisionales". León recuerda que el 28 de febrero acaba el plazo que dio la Junta dentro de la modificación de la LOUA que se hizo hace casi un año para que los posibles beneficiarios del AFO solicitaran luz y agua como fórmula transitoria mientras esperaban la resolución. Para ello, la casa debía ser residencia habitual, no estar en suelo con riesgo natural o protegido y tener una red al lado para engancharse sin necesidad de obras. Urbanismo ha concedido tres AFO.
Por su parte, el presidente del consejo de distrito de El Higuerón, José Rodríguez Maqueda, confía en que en la próxima reunión de la mesa de trabajo sobre las parcelaciones Urbanismo lleve medidas sobre los servicios básicos, su principal demanda y "un problema social".

Los parcelistas ven insuficiente la ordenanza de regularización

parcelistas ven insuficiente la ordenanza de regularización


Aunque está en la fase de borrador, la nueva ordenanza que prepara la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba derivada del decreto sobre ordenación de territorio de la Junta de Andalucía --y que ayer adelantó este diario-- no convence a los propietarios de casas y terrenos, que ven insuficiente esta normativa.

Esta iniciativa de las administraciones supondría que dos de cada tres urbanizaciones podrían contar con servicios y se exceptúan los núcleos con riesgo de inundación y los situados en zonas protegidas. La novedad es que se contemplan prestaciones para viviendas levantadas en suelo urbano y urbanizable siempre que dispongan de los proyectos de reparcelación y urbanización.

Desde el colectivo Alamiriya, que engloba a siete juntas de compensación de urbanizaciones --Alamillo, Barquera Norte, El Sol, Torreblanca, Villa Alegre de la Barquera, Doña Manuela-Las Corralitas y Doña Manuela 2-- se señala que "habrá que ver cómo se lleva a la práctica y algunos casos no tienen solución, por lo que debería darse una salida a las familias que tienen su única vivienda en las parcelas". Antonio Sánchez, presidente de esta federación, apunta que "en el caso concreto de Torreblanca llevamos años pagando servicios que no disfrutamos y además nos han quitado el autobús".

En Córdoba Extrarradio, que agrupa a media docena de asociaciones, no ven "justa" esta modificación, ya que "cuando se llega al proyecto de reparcelación ya se han pagado todos los servicios y nosotros lo que queremos es que se nos faciliten antes de llegar a esa fase", señala Jorge Selvo. Además, insiste en que "no dice cuánto nos va a costar el exceso de edificabilidad ni el 10% del aprovechamiento urbano" y considera que esta nueva normativa "solo beneficia a los constructores".

Añade que "los cordobeses pagan impuestos que revierten en servicios, pero aquí llevamos años pagándolos y seguimos sin tenerlos".

CASI 3.000 VIVIENDAS El inventario recoge 78 núcleos situados en suelo no urbanizable con 3.887 casas, que divide en las tres categorías que fija la Junta. De ellos, 38 son agrupaciones de edificaciones aisladas, mayoritariamente en la Sierra, con 1.598 viviendas, zona que concentra el 41% de las edificaciones en suelo no urbanizable.


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EL AYUNTAMIENTO ULTIMA EL INVENTARIO QUE EXIGE EL DECRETO ANDALUZ Y LA ORDENANZA PARA APLICARLO

Dos de cada tres parcelaciones podrán dotarse de servicios

El organismo municipal amplía a los núcleos en vías de legalización la norma diseñada por la Junta. Hay más de 3.800 casas en suelo no urbanizable, de las que un 32% están en zona inundable o BIC

 ISABEL LEÑA 21/01/2013

Vista aérea de viviendas en parcelaciones de la capital. TONI BLANCO

 

La Gerencia de Urbanismo está ultimando el inventario de parcelaciones en suelo no urbanizable que exige el decreto de la Junta y una ordenanza para la declaración de las viviendas ilegales como Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), figura que les permite dotarse de servicios, aunque con condicionantes, y su inscripción en el Registro de la Propiedad. La gran novedad de la ordenanza es que su aplicación irá más allá de lo que establece la Junta, es decir, no solo tendrá efectos en el suelo no urbanizable, sino también en casas levantadas en suelo urbano y urbanizable siempre que tengan los proyectos de reparcelación y urbanización. Aunque aún no hay datos oficiales, teniendo en cuenta las urbanizaciones que recoge el PGOU y que están en vías de regularización --casi medio centenar-- más las que tienen el camino más despejado dentro de este nuevo inventario --una veintena-- de las que están en suelo no urbanizable, dos de cada tres, es decir, entre un 60% y un 70% de las mismas, podrán optar al asimilado al fuera de ordenación y, por tanto, a la dotación de los servicios de abastecimiento --agua, luz y saneamiento-- que necesiten --en caso de que los necesiten-- y siempre que la infracción haya prescrito. Pero tendrán que cumplir con numerosos requisitos que fija la ordenanza, por lo que todas las casas no lo lograrán. El proceso será complejo y requerirá un exhaustivo análisis de cada caso, por lo que no supone una amnistía.
El inventario, que está en fase de borrador, se ciñe al suelo no urbanizable y recoge 78 núcleos con 3.887 casas, que divide en las tres categorías que fija la Junta. De ellos, 38 son agrupaciones de edificaciones aisladas, que se dan mayoritariamente en la Sierra, con 1.598 viviendas repartidas en 1.538 hectáreas. Allí se concentra el 41% de las casas en suelo no urbanizable. Además, contabiliza 35 asentamientos, fundamentalmente en la Vega, con 2.125 casas, el 54% de las mismas, repartidas en 420 hectáreas. Por último, hay 5 casos de hábitat rural diseminado, que ocupan 16 hectáreas con 164 casas (4%). De las 78, un 32% tienen hándicap importantes, la inundabilidad y el BIC de Medina Azahara. En el primer grupo hay 931 casas --el 23%-- de 9 parcelaciones, y en el segundo, 348 --el 9%-- de 7. El resto de las 62 --el 79%-- con 2.608 viviendas --el 67%-- no tienen esas afecciones, aunque muchas poseen otras.

EL AYUNTAMIENTO ULTIMA EL INVENTARIO QUE EXIGE EL DECRETO ANDALUZ Y LA ORDENANZA PARA APLICARLO

Dos de cada tres parcelaciones podrán dotarse de servicios

El organismo municipal amplía a los núcleos en vías de legalización la norma diseñada por la Junta. Hay más de 3.800 casas en suelo no urbanizable, de las que un 32% están en zona inundable o BIC

ISABEL LEÑA 21/01/2013

Vista aérea de viviendas en parcelaciones de la capital. TONI BLANCO

 

La Gerencia de Urbanismo está ultimando el inventario de parcelaciones en suelo no urbanizable que exige el decreto de la Junta y una ordenanza para la declaración de las viviendas ilegales como Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), figura que les permite dotarse de servicios, aunque con condicionantes, y su inscripción en el Registro de la Propiedad. La gran novedad de la ordenanza es que su aplicación irá más allá de lo que establece la Junta, es decir, no solo tendrá efectos en el suelo no urbanizable, sino también en casas levantadas en suelo urbano y urbanizable siempre que tengan los proyectos de reparcelación y urbanización. Aunque aún no hay datos oficiales, teniendo en cuenta las urbanizaciones que recoge el PGOU y que están en vías de regularización --casi medio centenar-- más las que tienen el camino más despejado dentro de este nuevo inventario --una veintena-- de las que están en suelo no urbanizable, dos de cada tres, es decir, entre un 60% y un 70% de las mismas, podrán optar al asimilado al fuera de ordenación y, por tanto, a la dotación de los servicios de abastecimiento --agua, luz y saneamiento-- que necesiten --en caso de que los necesiten-- y siempre que la infracción haya prescrito. Pero tendrán que cumplir con numerosos requisitos que fija la ordenanza, por lo que todas las casas no lo lograrán. El proceso será complejo y requerirá un exhaustivo análisis de cada caso, por lo que no supone una amnistía.

El inventario, que está en fase de borrador, se ciñe al suelo no urbanizable y recoge 78 núcleos con 3.887 casas, que divide en las tres categorías que fija la Junta. De ellos, 38 son agrupaciones de edificaciones aisladas, que se dan mayoritariamente en la Sierra, con 1.598 viviendas repartidas en 1.538 hectáreas. Allí se concentra el 41% de las casas en suelo no urbanizable. Además, contabiliza 35 asentamientos, fundamentalmente en la Vega, con 2.125 casas, el 54% de las mismas, repartidas en 420 hectáreas. Por último, hay 5 casos de hábitat rural diseminado, que ocupan 16 hectáreas con 164 casas (4%). De las 78, un 32% tienen hándicap importantes, la inundabilidad y el BIC de Medina Azahara. En el primer grupo hay 931 casas --el 23%-- de 9 parcelaciones, y en el segundo, 348 --el 9%-- de 7. El resto de las 62 --el 79%-- con 2.608 viviendas --el 67%-- no tienen esas afecciones, aunque muchas poseen otras.

 

    

Una larga lista de requisitos

La nueva ordenanza municipal insiste en que la declaración de una vivienda como asimilado al fuera de ordenación no supone la legalización de esa construccion

I. LEÑA 21/01/2013

</b> Habitabilidad </b> Las viviendas deben cumplir distintos requisitos. Foto:A.J. GONZALEZ

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• Dos de cada tres parcelaciones podrán dotarse de servicios

 

El borrador de la ordenanza municipal que se aplicará a las construcciones que soliciten el Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) establece las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad que deben poseer las viviendas para conseguirlo. El objetivo es regular situaciones ilegales aunque consolidadas por el tiempo. No obstante, deja claro que la declaración no supone la legalización ni la concesión de la licencia de ocupación. Pero, una vez obtenido el reconocimiento como AFO, si la casa se adapta a la ordenación territorial y urbanística, puede lograr la declaración de obra legalizada.
El documento indica que en suelo no urbanizable la figura del AFO solo se podrá aplicar a edificaciones aisladas, con lo que la limita a 38 urbanizaciones y 1.598 casas que aparecen en el borrador del inventario, es decir, a la mitad. En el caso de urbano y urbanizable, se aplicará a las que tengan aprobados los proyectos de urbanización y reparcelación, lo que les otorga la condición de parcelas edificables. El objetivo es impulsar el proceso de legalización, que lleva una década estancado. Ahora, hay 18 con juntas de compensación constituidas y próximas a esta situación, de las 45 en vías de regularización.
El solicitante deberá presentar bastante documentación, entre ella, planos, fotografías, memoria de calidades y materiales, presupuesto de la obra, certificación registral, documentos que acrediten la propiedad, referencia catastral o copia de todo aquello que pueda ser útil. Además, debe acreditar la fecha de finalización de la casa. Otro requisito será describir las obras para lograr los servicios básicos, que costea el propietario de la casa. Si la vivienda está en suelo no urbanizable, su propietario debe garantizar que puede hacerse cargo del mantenimiento de forma autónoma y ambientalmente sostenible de la instalación o que tiene acceso a las redes de suministro. En este caso, las compañías deben acreditar la viabilidad de la acometida y que no induce a más edificaciones. Si hay varias casas juntas, podrán proponer al Ayuntamiento soluciones coordinadas pero de carácter autónomo. En suelo urbano no consolidado y urbanizable, tendrá que aclarar si el acceso a la red forma parte del proyecto de urbanización; mientras que en urbano consolidado, ha de justificar el acceso a la red y acreditar la compañía la viabilidad de la acometida.
Las edificaciones han de cumplir los requisitos de accesibilidad, no sufrir daños estructurales, tener medidas contra incendios, ventilación adecuada y aislamiento, poseer más de 25 metros y, como mínimo, cocina, comedor, un dormitorio y baño. En cuanto a los suministros, la casa ha de tener red interior de distribución de agua, sistema de abastecimiento autosuficiente sin riesgo de contaminación y garantizar la potabilidad. Además, debe poseer red de saneamiento y desagüe en buen estado y sistema de depuración que no contamine. Los pozos ciegos no se permiten y habrá que justificar cómo se eliminan los residuos sólidos.