Diario el Dia sobre parcelaciones

Viernes, 13 de enero de 2012
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Las parcelaciones de la Sierra podrán acceder a servicios básicos autónomos
El texto definitivo del decreto permitirá a las viviendas de imposible demolición que sean toleradas y que cuenten con unas medidas básicas · Debate en torno a los efectos en las parcelas inundables

Rafael Ruiz | Actualizado 12.01.2012 - 01:00



Derribo de una parcela en el término municipal de Obejo en 2007.
1 comentario5 votos La versión definitiva del decreto sobre parcelaciones aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía permitirá a una significativa parte del millar de viviendas levantadas sin licencia en la Sierra de Córdoba el acceso a una serie de servicios básicos incluso si éstas estuvieran ubicadas en zonas de especial protección si fueron levantadas antes de que se produjese esa catalogación oficial. El texto definitivo establece un cauce -la asimilación al fuera de ordenación- con el objetivo de que estas viviendas puedan acceder a una serie de servicios aclarando un debate abierto con el Plan Especial de la Sierra.

Una de las primeras cuestiones a aclarar es la catalogación del suelo. Contra lo que se pudiera creer, las parcelaciones de la sierra son suelo no urbanizable pero no tienen ninguna protección especial detrás. En la última versión del PGOU, todos estos asentamientos están catalogados como no urbanizable natural y rural, una categoría genérica que reconoce los suelos con parcelación a reconducir o paralizar. Se trata de la misma calificación de terrenos que tienen las parcelas que se inundaron junto al Guadalquivir.

La regla general del decreto de la Junta es que no pueden acceder a servicios viviendas ubicadas en cualquier clase de suelo problemático. Se establecen, sin embargo, la excepción de que podrán acceder a servicios básicos aquellas edificaciones que no puedan ser derribadas por haberse superado el plazo de cuatro años que tiene la Administración para demoler un inmueble. Contra lo que se está diciendo, el decreto no salva nada de la piqueta. Es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de mayor rango, la que establece cuándo puede prescribir una sanción urbanística.

Se estima que en la Sierra de Córdoba se han edificado desde los años 70 unas 1.400 viviendas, el 60% agrupadas en 11 núcleos irregulares y la mitad de ellas en zonas de alto riesgo de incendios, según los datos de la Universidad de Córdoba. La zona sin licencia más urbanizada es Las Siete Fincas, una parcelación que ya tiene el compromiso municipal de facilitar servicios básicos. El decreto establece que las viviendas que opten por acogerse al nuevo régimen de tolerancia podrán conectarse a las redes de agua, alcantarillado y energía eléctrica de forma excepcional por medio de una resolución municipal motivada. Las compañías suministradoras tendrán que emitir un informe sobre la viabilidad de realizar obras sencillas de conexión puesto que la clave es que no sea preciso realizar costosas iniciativas de conexión. Es evidente que esa regla es difícil de cumplir en aquellas zonas que se encuentran en lugares poco accesibles de la Sierra aunque beneficia a las que se encuentran cerca de núcleos legales como Trassierra o Las Jaras.

En defecto de una tubería cercana, la Junta de Andalucía opta en su decreto por "instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa aplicable". Obras Públicas no da muchos datos sobre qué puede significar eso aunque parece claro que se está hablando de pozos, energía fotovoltaica o depuradoras individuales de aguas residuales. Ya existen proyectos de entidades vecinales para aprovechar este tipo de tecnología. Todas las inversiones que tendrían que realizarse correrían a costa de los vecinos, que no tendrían que realizar una inversión tan costosa como la que suponen los procedimientos de legalización de parcelas actualmente en marcha.

El tratamiento de las parcelas inundables es mucho más peliagudo que el de las parcelas de la Sierra. Teóricamente, el decreto de la Junta estima que las viviendas que se encuentren en zonas de riesgo cierto quedan excluidas del acceso a servicios salvo que tengan prescrito la orden de demolición con carácter previo a la protección de la zona en la que se ubican. Zonas como Guadalvalle se encuentran dentro de las zonas inundables del Guadalquivir pero, según el PGOU, no tienen ningún grado de protección específico. Desde la Junta de Andalucía, se asegura que en este caso sería muy complejo la conexión a servicios básicos al encontrarse en una parte de la ciudad donde no deben existir viviendas como consecuencia de un riesgo evidente. El decreto establece que los suelos de estas características nunca podrán incluirse en el planeamiento de la ciudad mediante una legalización hasta tanto no se solvente el problema que los genera que, en este caso particular, es de muy compleja resolución.

El decreto autonómico establece una medida de alcance general y es que reclama a todos los ayuntamientos medidas concretas de cara a restablecer la legalidad en el caso de construcciones ilegales. Los municipios tendrán que realizar un plan de inspección urbanística que tendrá que contener medidas concretas para reducir las zonas levantadas sin licencia. En Córdoba capital, sólo se ha producido un derribo de viviendas, el de una casa levantada en el Cerro San Cristóbal en el anterior mandato. El actual gobierno municipal decidió desgajar la disciplina urbanística de la Gerencia aunque aún es preciso dotarla de contenido y de personal con un cuerpo de inspectores.
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1 comentario

1 manolo 12.01.2012, 11:30
No es cierto, la sierra es Suelo No Urbanizable de Especial Protección, sí está protegido, a diferencia de la campiña, que es suelo no urbanizable a secas. Por eso en la sierra nunca podría llevarse a efecto la regularización, sino solo e reconocimiento, y en puridad ni eso.
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