Las últimas normas provocan que se active la Oficina de Parcelaciones

Las últimas normas provocan que se active la Oficina de Parcelaciones Urbanismo pondrá en marcha de inmediato esta promesa del PP para coordinar la atención a parcelistas El nuevo decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable auspiciado por la Consejería de Obras Públicas y la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada ayer por el PSOE en solitario en la Cámara andaluza, provocarán que se active de urgencia la Oficina Municipal de Parcelaciones que prometió el PP si gobernaba Córdoba.
Ambos cambios normativos, que han levantado expectativas a muchos parcelistas ilegales para regularizarse y obtener, al menos, servicios básicos, pueden originar un severo cambio organizativo en la Gerencia de Urbanismo, justo cuando sus responsables estaban trabajando en una reestructuración pareja a la negociación del convenio colectivo.
Estas expectativas, rodeadas de mucha confusión por la falta de concreción de las medidas a adoptar por los ayuntamientos que reza el nuevo decreto y algunas disposiciones nuevas de la LOUA, están provocando ya un efecto llamada y numerosas consultas por parte de los propietarios de viviendas. Por ello, según fuentes municipales de toda solvencia, la decisión del PP es activar cuanto antes esta oficina aunque sea, en primera instancia, con un personal básico y mínimo que sería reforzado después una vez que se conozca el alcance completo de la aplicación del decreto y las nuevas disposiciones para parcelaciones de la ley urbanística.
A esta conclusión se llegó en la primera reunión que Luis Martín, presidente de la Gerencia de Urbanismo, y su equipo técnico mantuvo el lunes con los respectivos jefes de servicio para abordar la aplicación de las nuevas normativas urbanísticas que podría tener más impacto del previsto en un principio en el mapa parcelario cordobés. De hecho, se han encargado nuevos vuelos para actualizar el inventario de parcelaciones de la ciudad con el que se trabajará para detectar qué zona podrán beneficiarse bien de enganches o construcción de redes de servicios, o bien de ser regularizadas en un futuro bajo la figura de parcelaciones asimiladas a la categoría de fuera de ordenación.
Hay que recordar que tanto el decreto de edificaciones en suelo no urbanizable (pendiente de ser publicado en el BOJA) como las disposiciones de la LOUA agregadas desde ayer a la misma en cuanto a la misma clase de suelo ponen coto a las salidas de los parcelistas en el considerado terreno de especial protección.
Un primer análisis somero de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo apuntan a que algunas parcelaciones en huecos de la Vega y no regularizadas aún y parte de los asentamientos de la Sierra podrían beneficiarse directamente. Las dudas están en Medina Azahara y las tres parcelaciones en zona BIC e incluso en cómo podrían afectar estas variaciones normativas a aquellas zonas que ya se están regularizando a través de una reciente innovación del PGOU.
La disposición transitoria tercera de la LOUA que se aprobó ayer sólo con los votos del grupo socialista (el PP se abstuvo e IU votó en contra), quien la propuso, añade más leña al fuego, ya que consiente que se autoricen enganches a un año de luz y agua por los ayuntamientos con informes técnicos municipales y de las compañías suministradoras siempre que no haya que hacer obras, entre otras limitaciones. Este último dardo envenena aún más un panorama en el que los propios parcelistas andan desconcertados. Arrecian las críticas del PP Ayer mismo siguieron las críticas del PP. Su secretario general en Córdoba, Adolfo Molina y el presidente de la comisión de Urbanismo del partido, Luis Martín, tacharon de electoralista el nuevo decreto. «El PSOE gobierna de espaldas a los ciudadanos», señaló Martín que destacó que la provincia de Córdoba es «el territorio más protegido de toda España», entre parques naturales, Lugares de Importancia Comunitaria y otras catalogaciones.
En este sentido, apunta que el término municipal de Córdoba tiene «una extensión de 1.255 kilómetros cuadrados de los que el 80 por ciento son de suelo no urbanizable», por ello defendió los vuelos que ha contratado la Gerencia Municipal de Urbanismo para hacer inventario de las parcelaciones, al tiempo que denunció que la Junta, pese a ser tutelante, «no preste ayuda económica a los ayuntamientos».
Mientras, el alcalde de Zuheros, el popular Jesús de Prado, lamentó también en la comparecencia que el decreto es «inoportuno» ya que «las soluciones van a ser muy complicadas», dado que «se va a mantener a los ayuntamientos en situaciones muy farragosas», además de «no solucionar el problema puesto que lo único que pretende es poner etiqueta a las viviendas: si es o no legalizable».

Critica el decreto de la Junta pero aplaude la reforma de la LOUA

 

25/01/2012

El vicepresidente de la federación Al--Zahara se refirió ayer a la ambigüedad del decreto de la Junta para las viviendas edificadas en suelo no urbanizable, que "cada uno interpretará como quiera". A su juicio, el decreto deja "la piedra en el tejado del Ayuntamiento", por lo que el futuro de las parcelaciones ilegales se queda "en manos de las decisiones que quiera tomar". En cambio, la federación aplaude la reforma de la LOUA prevista al permitir un aumento de la edificabilidad, "que pasará del 15% al 20% con derecho a un 5% más si se adquieren los derechos que le quedan al Ayuntamiento". Esto hará que "el valor de la parcelación aumente" y "se fomente el sector de la construcción si se agilizan las licencias". Además, afirma que "se evitarán multas y aumentará la recaudación en la Gerencia de Urbanismo", donde "habrá un aluvión de personas que vayan a pedir licencias de obras". El debate parlamentario de esta reforma será hoy.

REACCION A LOS VUELOS ENCARGADOS POR URBANISMO

Los vecinos creen innecesarias las fotos aéreas de parcelaciones

Al--Zahara piensa que el Ayuntamiento debería conocer ya la realidad existente

 

I. LEÑA 25/01/2012

La Federación de Asociaciones de Vecinos Al--Zahara considera innecesaria la realización de fotografías aéreas para conocer la evolución de las edificaciones en suelo no urbanizable. Su vicepresidente, Emilio Góngora, asegura que "lo que hay es lo que hay y ellos --en referencia al Ayuntamiento-- deben saber lo que tienen, las viviendas ilegales que hay, porque la Policía urbanística ha de tener controladas las edificaciones hechas", que, a su juicio, son muy pocas después de la ley de punto y final. Por ello, considera "absurdo" hacer el vuelo previsto por Urbanismo "cuando se supone que no se ha construido nada", porque con "multas de más de 200.000 euros nadie se arriesga a ello". Es más, "Sadeco cobra la tasa de basura a las viviendas y si cobra es porque existen", añade. Góngora asegura que "debe haber ya un censo y se va a gastar dinero de donde no hay". El vicepresidente de Al--Zahara considera que ese estudio "no tendría que hacerse si funcionara todo como debería, si todos hicieran su trabajo bien". "No hace falta una foto aérea para decir si las Pitas pueden tener agua", señala.
El portavoz del grupo socialista, Juan Pablo Durán, tampoco está muy conforme, ya que considera que "es un gasto innecesario para algo ya conocido porque los estudios están hechos" y afirma que "si el gobierno municipal desconoce la realidad, puede pedir información al consejo de distrito de la periferia".
Por su parte, el portavoz de IU, Francisco Tejada, que ve "bien" la fórmula para realizar un inventario, recuerda que "ya se hizo para el PGOU y la realidad de hoy es la misma que la del plan". Aunque reconoce que "da más información", se pregunta si realmente está justificado ese vuelo, ya que "las parcelaciones están inventariadas con sus viviendas, hay fotos aéreas, que son las que manejamos en las inundaciones". Además, "puede redundar con fotos de otras administraciones".

La Gerencia contrata vuelos para hacer inventario de parcelaciones

La Gerencia contrata vuelos para hacer inventario de parcelaciones

Un trabajo con fotografías aéreas servirá para establecer la realidad de la indisciplina urbanística y las casas que se pueden acoger al nuevo decreto

R. R. | Actualizado 24.01.2012 - 01:00

Parcelación ubicada dentro del plan especial de Medina Azahara, lindando con el canal del Guadalmellato.

La Gerencia de Urbanismo iniciará en breve el trabajo de inventario de las parcelaciones, que se establece en el nuevo decreto aprobado por la Junta de Andalucía que permite dotar de servicios a viviendas sin licencia, fuera de ordenación y ajenas al proceso de legalización de la ciudad. Los vuelos servirán para realizar nuevas fotografías aéreas del término municipal. Ese material es el que se utiliza como base para montar, posteriormente, toda la documentación gráfica y los expedientes administrativos posteriores.

La última vez que se realizó un inventario general de parcelaciones, que afectase al conjunto del término municipal, fue con motivo de la realización del Plan General de Ordenación Urbana de 2001-2003. Posteriormente, se han realizado iniciativas parciales que se refieren tanto a las viviendas de la Sierra como a las que se encuentran dentro del Bien de Interés Cultural de Medina Azahara. En la última evaluación se llegó a hablar de 9.000 viviendas aunque se realizó cuando el fenómeno de las parcelaciones se hallaba desbocado. El PGOU nació antiguo en este aspecto.

Los trabajos preparatorios del inventario de parcelas se iniciaron aproximadamente hace un mes, ante la constatación de que el Consistorio tendría que realizar un trabajo minucioso de identificación de viviendas.

Ayer, en la Gerencia Municipal de Urbanismo se realizó la primera reunión técnica entre el presidente del organismo, Luis Martín; el gerente, Juan Luis Martínez, y los jefes de todos los servicios afectados con el objetivo de empezar a poner en común un criterio único sobre esta cuestión teniendo en cuenta que el decreto de la Junta ni siquiera se ha publicado y ya hay propietarios que le han pedido a los políticos información sobre cuándo pueden empezar a solicitar los servicios. Del encuentro salió el encargo de informes técnicos parciales de cada uno de los departamentos con el objetivo de montar un documento común que se llevará al consejo rector de Urbanismo o, incluso, al Pleno del Ayuntamiento que servirá de guía sobre cómo la corporación municipal entiende que se deben hacer las cosas en este aspecto. El gobierno municipal ya ha adelantado que pretende sacarle todo el jugo posible a la normativa dotando de servicios, si ello fuese legalmente posible, a las viviendas ubicadas en la zona inundable del Guadalquivir y las que se encuentran en la Sierra.

Martín criticó la disposición del decreto en el sentido de que establece amplios instrumentos de acción a los ayuntamientos aunque bajo "la tutela" de la Junta sobre "la autonomía municipal". El edil reclamó la publicación del decreto en el BOJA y criticó que el cambio en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se presentase en la sede del PSOE.

 

PROXIMA MODIFICACION DE LA LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA

Un cambio legal permitirá construir un 20% más en las parcelaciones

La importante reforma busca relanzar la construcción y el empleo

JUAN M. NIZA 20/01/2012

Permitir que aumente hasta en un 20% la edificabilidad en suelos a reurbanizar y en vías de regulación, lo que automáticamente aumentará el valor de estos terrenos y facilitará la concesión de préstamos bancarios a las comunidades, es una de las importantes modificaciones que el PSOE introducirá en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para impulsar el sector de la construcción, rebajar así el paro, promover la regulación de parcelaciones (ahora estancada con la crisis) y, con el aumento de la actividad, que los ayuntamientos reciban unos ingresos que casi han desaparecido al ralentizarse el sector.
Estos son los objetivos de la modificación de la LOUA que prevé hacer el PSOE en el último pleno de la actual legislatura autonómica, unos cambios que tendrán un impacto directo en Córdoba y particularmente en la capital, según explicaron ayer a la prensa el secretario provincial del PSOE y portavoz del grupo municipal socialista, Juan Pablo Durán, y el parlamentario por Córdoba y uno de los redactores de la nueva norma, Juan Antonio Cebrián. De hecho, si se agilizan los plazos y "todos se ponen a trabajar", a mediados de año no solo se hablará de planificación, sino que "ya podremos ver palustres", resumió Durán.
La modificación, en teoría, relanzaría la construcción, un sector que ha visto incrementarse el paro en la ciudad de Córdoba en un 145% desde el 2008, así como para las industrias afines, donde el desempleo ha crecido un 45%, recordó Durán.
El aumento de la edificabilidad no es la única importante modificación prevista, ya que también se autorizará a los ayuntamientos a reducir el aprovechamiento urbanístico del 10 al 5%, todo ello para que "a los propietarios les salgan las cuentas", hagan las obras y los municipios aumenten su recaudación porque "el 10% de nada es nada, y el 5% de algo, al menos es un 5%", explicó Durán. Los cambios también contemplan que las parcelaciones, en vez de ceder suelo para pequeños equipamientos inconexos y en sitios forzados, puedan dar esa aportación en dinero, con la que el Ayuntamiento (y con un plazo máximo de tres años) buscaría grandes áreas entre parcelaciones para ubicar la totalidad de los equipamientos. Abrir una ventanilla única para todas las gestiones urbanísticas de la Junta (Obras Públicas, Medio Ambiente, etcétera), un sistema de información telemática de gestiones y de la calificación de cada parcela para que haya transparencia y la consolidación de la figura del agente urbanizador son otros de los relevantes cambios en la ley.

POZOS, PLACAS Y FOSAS 50.000 euros es el coste mínimo de la instalación

 

•   Realizar un sondeo, excavar un pozo, instalar una placa solar modesta y colocar una fosa séptica requiere una inversión de unos 50.000 euros por parcelista. Emilio Góngora estima que el coste de las placas puede ascender a 30.000 euros, a los que hay que sumar 10.000 de la fosa, más un mantenimiento anual de 600 euros y entre 2.000 y 6.000 euros del sondeo para un pozo, sin contar con el motor. A esto hay que agregarle la tasa que deberán pagar al Ayuntamiento para lograr la resolución del reconocimiento del asimilado al fuera de ordenación. Otro gasto más es el pago a la Confederación por el uso del agua. Góngora considera mucho más fácil conectarse a la red de agua potable y pagar el enganche, aunque es consciente que si no hay una cercana y hay que ejecutar las infraestructuras es mucho más costoso.

Vecinos y parcelistas cuestionan el plan de autoabastecimiento del decreto

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ISABEL LEÑA 15/01/2012

Cuando ya ha transcurrido casi una semana desde que el Consejo de Gobierno autorizó el decreto sobre parcelaciones en suelo no urbanizable, la Federación de Asociaciones de Vecinos Al--Zahara y los residentes en los núcleos más complejos no terminan de ver clara la fórmula de autoabastecimiento que plantea la Junta para la dotación de servicios básicos de agua, luz y saneamiento. Además, los que se vieron sorprendidos dos veces por las inundaciones del 2010 están algo desconcertados porque temen que haya derribos después de oír el mensaje de que en toda Andalucía hay un 10% de viviendas que deben derribarse al estar en suelos con riesgo natural o protegidos o no haber prescrito el delito urbanístico; otro 10% que se legalizarán; y un 80% que se reconocerán con la figura del asimilado al fuera de ordenación, que permite la dotación de servicios, aunque de manera autónoma.
El vicepresidente de Al-Zahara, Emilio Góngora, plantea múltiples interrogantes al documento, cuya puesta en práctica ve lejana. "Si existen espacios restringidos en la Sierra y en la zona BIC y estamos en contra de los impactos visuales, ¿ahora vamos a llenarlos de placas solares, a sobreexplotar los acuíferos y poner fosas sépticas para ensuciar el subsuelo?". Góngora se reunirá con colectivos de la periferia para abordar el decreto, aunque antes espera una reunión con el delegado provincial de Obras Públicas para resolver dudas. Por su parte, el presidente del colectivo, José Rojas, considera que las fórmulas previstas deben ser "medidas paliativas hasta que se llegue a una solución final", imprescindible en las tres zonas más delicadas, Medina Azahara, el entorno del aeropuerto y el río y la Sierra. En esta última, la federación ya propuso crear redes comunitarias y de distribución y abastecimiento de agua. Rojas reclama al Ayuntamiento --con el que quiere reunirse-- un posicionamiento "claro".
El presidente de Las Pitas (Medina Azahara), Cristóbal Pérez, está a la espera de una reunión con el presidente de Urbanismo "porque no están claros los efectos que tendrá en nosotros". Aún así, dice que "no nos vamos a autoabastecer", ya que, en definitiva, eso es lo que se está haciendo en esta urbanización de la zona BIC de Medina Azahara y "en todas las parcelaciones de Córdoba", como recuerda Julio Cortés, de La Altea (aeropuerto). La demanda de Las Pitas es una conexión a la red de Emacsa asumiendo los gastos. El presidente de San Isidro, otra parcelación del entorno del río y el aeropuerto, Antonio Aranda, pide también agua y luz y no entiende muy bien la fórmula del autoabastecimiento, "cuando cada uno ya tiene su pozo y nos autoabastecemos".
Nadie quiere oír hablar de derribos. Góngora piensa que hay que "solucionar, no tirar". La sola mención de esa posibilidad ha puesto en alerta a los residentes de las zonas inundadas. Aranda está convencido de que "no se tirará nada" pero reconoce "la confusión" existente. "Desde el martes me están llamando de todos lados por los derribos", dice Julio Cortés, que señala que muchos estamos "indignados". A su juicio, el decreto "debe dar soluciones, no crear más confusión".
El delegado de Obras Públicas, Francisco García, recuerda que quien decide el derribo no es la Administración y que el Ayuntamiento es quien inicia el expediente al detectar una irregularidad.

El PP está dispuesto a dotar de servicios a las parcelas del río

El PP está dispuesto a dotar de servicios a las parcelas del río

El PP está dispuesto a dotar de servicios a las parcelas del río

Martín dice que, dentro de lo que permita el decreto y la legalidad, llegará al máximo posible, lo que incluye llevar abastecimiento a las viviendas de la Sierra

R. R. / Agencias | Actualizado 13.01.2012 - 01:00

Luis Martín, en su comparecencia de ayer con un plano de la zona industrial del Arenal.

La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene la previsión de sacarle "el máximo provecho" al reciente decreto de la Junta de Andalucía que permite dotar de servicios a una serie de viviendas construidas sin licencia y ubicadas en suelo no urbanizable. El teniente de alcalde de Urbanismo, Luis Martín (PP), expresó el objetivo político del gobierno municipal de que los servicios lleguen a las viviendas de la Sierra e, incluso, a las ubicadas más cerca del río Guadalquivir, en una zona inundable.

El edil estableció claramente cuáles son los límites que no se van a superar: la legalidad y el interés de la ciudad. De forma diáfana, el presidente de la Gerencia estableció el agua y la energía eléctrica normalizada como unos servicios que tienen que llegar a la totalidad de las parcelas, incluida la Sierra y las más próximas al cauce del Guadalquivir. La Junta ya ha adelantado que no es viable dotar de servicios a edificios que se encuentren en zonas inundables por la legislación sectorial aplicable. Medina Azahara forma parte también del objetivo de la Gerencia aunque la Junta ya establece como cautela que tendrían que contar con orden de demolición caducada con carácter previo a la ampliación del BIC.

Urbanismo ya ha remitido el contenido del decreto a los principales servicios que tienen que trabajar en su desarrollo para que se reciban propuestas de carácter técnico. No existe un plazo temporal marcado aunque Martín bromeó asegurando que le hubiera gustado "que estuviera ayer". El Consistorio tiene que realizar, en primer lugar, un inventario con los núcleos que se podrían incluir para acogerse a las medidas de gracia de la Junta, que no afectan a las parcelaciones legalizables, que son mayoría. Martín asegura que, en esta cuestión, se debe atender a la situación de las personas.

Por su parte, la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, ha advertido este jueves que, como consecuencia del decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable en Andalucía, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno andaluz, el diez por ciento de dichas construcciones tendrá que demolerse. "Hay un diez por ciento de viviendas que no se pueden reconocer, ni legalizar, en la medida de que están en suelos protegidos, o en suelos inundables o en otras condiciones, como que están en dominio público, por ejemplo en una vía pecuaria".

Por su parte, la formación política Equo expresó ayer su total rechazo a la legalización encubierta que la Junta de Andalucía ha hecho de cerca de 250.000 viviendas ilegales en toda la comunidad a dos meses de las elecciones autonómicas. El coportavoz de la organización, José Larios, rechazó la "cultura de la impunidad" que alienta el Decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable en Andalucía, una "solución electoralista para la gran mayoría de viviendas ilegales de la comunidad".

Diario ABC sobre parcelaciones

ABC.Residentes en parcelaciones cercanas al río, Medina Azahara o La Sierra expresan su inquietud por la normaA. G. / CÓRDOBA
Día 12/01/2012 - 09.57hSi el tema de las parcelaciones es una realidad compleja, la nueva normativa de la Junta de Andalucía ha añadido aún más incertidumbre al futuro de decenas de construcciones y cientos de familias en Córdoba. La excepción planteada en la norma por parte de la Administración regional de impedir la legalización y los servicios básicos —incluso se llega a contemplar el derribo, de aquellas construcciones que estén en suelo protegido, inundable, con riesgo de incendio o en un entorno designado como Bien de Interés Cultural (BIC)— señala de forma directa a los núcleos de la Sierra de Córdoba, a las cercanas al río y el entorno del aeropuerto y a las que están en las proximidades de Medina Azahara.

Los responsables de varias de estas urbanizaciones coinciden en valorar el decreto de la Junta como «un texto que ni aporta ni soluciona nada con respecto a lo que ya sabíamos». De esta manera, en la zona de la Sierra, una de las parcelaciones que podría verse afectada es la de Las Siete Fincas, uno de los núcleos más extensos de Córdoba, como señala su responsable, Juan Cruz, que asegura «no entender nada». «Nosotros estamos convencidos de que no va a existir legalización, pero por lo menos que nos dejen vivir. Aquí hay cerca de 500 viviendas y en verano podemos llegar a las 3.000 personas».

En este sentido, añadió que «no sabemos si esta norma afecta a la totalidad de la urbanización o sólo a una parte porque la última vez que hablamos con los responsables de Urbanismo nos dieron el visto bueno a un plan de saneamiento y de autogestión para la mejora del medio rural. Eso sí, hablaron que cuatro de las doce partes en las que se divide la zona eran difícilmente reconducibles. El agua se necesita porque aquí gran parte de las personas que residen tienen su casa como única vivienda».

Más resignados se encuentran los vecinos de Las Pitas, con cerca de 400 residentes. Su cercanía al BIC de Medina Azahara les señala como no legalizables en la nueva normativa de la Junta, pero, como asegura su presidente, Cristóbal Pérez, «a nosotros no nos ha sorprendido en absoluto el nuevo decreto porque ya sabíamos lo que había. Justo enfrente de nosotros hay casas que llevan años sin alcantarillado ni servicios básicos y no lo iban a hacer ahora. Sabemos que tampoco nos van a dar el agua, aunque, desde luego, para nosotros ambas cuestiones son vitales. Pese a todo, el cuerpo se hace a todo y ya nos hemos acostumbrado a tener que cargar agua embotellada».

La tercera pata de las excepciones planteadas por la nueva norma se refiere a las viviendas que estén en zonas inundables. En Córdoba, varios núcleos de población como Fontanar de Quintos, La Altea, Guadalvalle o San Isidro podrían verse afectados por la nueva normativa autonómica, que ha generado «mucha inquietud», como reconoce el responsable de la parcelación de Fontanar de Quintos, Juan Montilla.

El responsable vecinal asegura «leyendo los primeros avances que han salido en prensa sobre la Ley, pensamos que puede afectar a una parte de Fontanar de Quintos. El problema es que el texto es muy ambiguo y, por supuesto, no entra al detalle de la realidad que se vive en Córdoba».

En Fontanar de Quintos hay unas 350 viviendas y «casi todas son viviendas de primera residencia. Yo tengo toda mi documentación en regla y mis recibos del pago del IBI urbano al día. Si ahora resulta que quedamos fuera de la norma, es para echarse a reír», indica Montilla.

En sus trece
«Si nosotros estamos en riesgo por ser zona inundable, ¿qué me dice del aeropuerto, lo van a hacer ilegal también? No tiene sentido». De esta manera se expresa la responsable de la urbanización de Guadalvalle, Elena Moyano, que asegura que «hemos pedido y vamos a seguir solicitando al Ayuntamiento los servicios básicos de recogida de basuras, alcantarillado, luz y transporte. Así nos lo prometieron en la campaña y deben cumplirlo», reclama.

Esta parcelación fue una de las afectadas por las últimas crecidas del Guadalquivir y su responsable está convencida de que «las viviendas que sufrieron daños es normal que se derriben, pero el resto, en las que viven cerca de 45 familias, no tiene ningún sentido porque están más lejos del río».

En parecido caso se encuentra la parcelación de San Isidro que conforman unas 65 viviendas. Su responsable, Antonio Aranda, expresa sus reservas sobre la nueva normativa porque «no entra en nada al detalle. Nosotros hemos pedido una reunión ya con la administradora para ver en qué medida podría afectarnos esta Ley, pero estamos convencidos de seguir pidiendo un servicio básico como es el agua».

Diario el Dia sobre parcelaciones

Viernes, 13 de enero de 2012
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Las parcelaciones de la Sierra podrán acceder a servicios básicos autónomos
El texto definitivo del decreto permitirá a las viviendas de imposible demolición que sean toleradas y que cuenten con unas medidas básicas · Debate en torno a los efectos en las parcelas inundables

Rafael Ruiz | Actualizado 12.01.2012 - 01:00



Derribo de una parcela en el término municipal de Obejo en 2007.
1 comentario5 votos La versión definitiva del decreto sobre parcelaciones aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía permitirá a una significativa parte del millar de viviendas levantadas sin licencia en la Sierra de Córdoba el acceso a una serie de servicios básicos incluso si éstas estuvieran ubicadas en zonas de especial protección si fueron levantadas antes de que se produjese esa catalogación oficial. El texto definitivo establece un cauce -la asimilación al fuera de ordenación- con el objetivo de que estas viviendas puedan acceder a una serie de servicios aclarando un debate abierto con el Plan Especial de la Sierra.

Una de las primeras cuestiones a aclarar es la catalogación del suelo. Contra lo que se pudiera creer, las parcelaciones de la sierra son suelo no urbanizable pero no tienen ninguna protección especial detrás. En la última versión del PGOU, todos estos asentamientos están catalogados como no urbanizable natural y rural, una categoría genérica que reconoce los suelos con parcelación a reconducir o paralizar. Se trata de la misma calificación de terrenos que tienen las parcelas que se inundaron junto al Guadalquivir.

La regla general del decreto de la Junta es que no pueden acceder a servicios viviendas ubicadas en cualquier clase de suelo problemático. Se establecen, sin embargo, la excepción de que podrán acceder a servicios básicos aquellas edificaciones que no puedan ser derribadas por haberse superado el plazo de cuatro años que tiene la Administración para demoler un inmueble. Contra lo que se está diciendo, el decreto no salva nada de la piqueta. Es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de mayor rango, la que establece cuándo puede prescribir una sanción urbanística.

Se estima que en la Sierra de Córdoba se han edificado desde los años 70 unas 1.400 viviendas, el 60% agrupadas en 11 núcleos irregulares y la mitad de ellas en zonas de alto riesgo de incendios, según los datos de la Universidad de Córdoba. La zona sin licencia más urbanizada es Las Siete Fincas, una parcelación que ya tiene el compromiso municipal de facilitar servicios básicos. El decreto establece que las viviendas que opten por acogerse al nuevo régimen de tolerancia podrán conectarse a las redes de agua, alcantarillado y energía eléctrica de forma excepcional por medio de una resolución municipal motivada. Las compañías suministradoras tendrán que emitir un informe sobre la viabilidad de realizar obras sencillas de conexión puesto que la clave es que no sea preciso realizar costosas iniciativas de conexión. Es evidente que esa regla es difícil de cumplir en aquellas zonas que se encuentran en lugares poco accesibles de la Sierra aunque beneficia a las que se encuentran cerca de núcleos legales como Trassierra o Las Jaras.

En defecto de una tubería cercana, la Junta de Andalucía opta en su decreto por "instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa aplicable". Obras Públicas no da muchos datos sobre qué puede significar eso aunque parece claro que se está hablando de pozos, energía fotovoltaica o depuradoras individuales de aguas residuales. Ya existen proyectos de entidades vecinales para aprovechar este tipo de tecnología. Todas las inversiones que tendrían que realizarse correrían a costa de los vecinos, que no tendrían que realizar una inversión tan costosa como la que suponen los procedimientos de legalización de parcelas actualmente en marcha.

El tratamiento de las parcelas inundables es mucho más peliagudo que el de las parcelas de la Sierra. Teóricamente, el decreto de la Junta estima que las viviendas que se encuentren en zonas de riesgo cierto quedan excluidas del acceso a servicios salvo que tengan prescrito la orden de demolición con carácter previo a la protección de la zona en la que se ubican. Zonas como Guadalvalle se encuentran dentro de las zonas inundables del Guadalquivir pero, según el PGOU, no tienen ningún grado de protección específico. Desde la Junta de Andalucía, se asegura que en este caso sería muy complejo la conexión a servicios básicos al encontrarse en una parte de la ciudad donde no deben existir viviendas como consecuencia de un riesgo evidente. El decreto establece que los suelos de estas características nunca podrán incluirse en el planeamiento de la ciudad mediante una legalización hasta tanto no se solvente el problema que los genera que, en este caso particular, es de muy compleja resolución.

El decreto autonómico establece una medida de alcance general y es que reclama a todos los ayuntamientos medidas concretas de cara a restablecer la legalidad en el caso de construcciones ilegales. Los municipios tendrán que realizar un plan de inspección urbanística que tendrá que contener medidas concretas para reducir las zonas levantadas sin licencia. En Córdoba capital, sólo se ha producido un derribo de viviendas, el de una casa levantada en el Cerro San Cristóbal en el anterior mandato. El actual gobierno municipal decidió desgajar la disciplina urbanística de la Gerencia aunque aún es preciso dotarla de contenido y de personal con un cuerpo de inspectores.
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1 manolo 12.01.2012, 11:30
No es cierto, la sierra es Suelo No Urbanizable de Especial Protección, sí está protegido, a diferencia de la campiña, que es suelo no urbanizable a secas. Por eso en la sierra nunca podría llevarse a efecto la regularización, sino solo e reconocimiento, y en puridad ni eso.
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articulo en prensa sobre el Decreto de la Junta de Andalucía

La aplicación del decreto dependerá de la diligencia de los ayuntamientos Viviendas del entorno protegido de Medina Azahara. La entrada en vigor del decreto de la Junta sobre las viviendas en suelo no urbanizable no implica su aplicación inmediata, con lo que podrían transcurrir meses, e incluso años, hasta que se vean sus consecuencias. Todo dependerá de la prisa que se den los ayuntamientos en cumplir las reglas que establece en sus tres supuestos --casas aisladas, asentamientos y hábitats rurales--. Una de ellas es la del inventario que todos están obligados a realizar, tengan o no PGOU. El delegado provincial de Obras Públicas, Francisco García, deja claro que "el decreto no se empieza a aplicar mañana, antes tienen que elaborar los ayuntamientos los inventarios y el diagnóstico de su realidad para ver que casuística tienen y dar respuesta a cada circunstancia", ya que "hay muchas situaciones que hay que interpretar". Aunque el decreto prevé unas reglas globales de aplicación "automática", cada provincia tiene sus peculiaridades. Aún así, asegura que habrá "un pequeño porcentaje de viviendas que se legalizará directamente, convirtiéndose en suelo urbano no consolidado o urbanizable; un gran porcentaje de casas aisladas o de asentamientos que no se van a legalizar pero sí a reconocer como asimilado al fuera de ordenación para tener acceso a servicios en autoabastecimiento; y otro pequeño porcentaje de construcciones que están en zonas de peligro que tendrán que ir eliminándose de forma paulatina conforme a lo que vayan marcando los ayuntamientos". En manos de estos quedará también la autorización para la obtención de servicios básicos --luz, agua y saneamiento-- de manera autónoma. No obstante, el decreto marca una excepción a este sistema en las casas aisladas, que sí podrán engancharse a una red de agua potable o eléctrica siempre que sea accesible, que las suministradoras acrediten la viabilidad de la acometida y no induzca a más edificaciones. "Lo que no se puede es llevar servicios desde la red municipal a una casa", indica. En todos los casos previstos el coste corre a cargo de los propietarios. La concreción de esa radiografía necesaria será más fácil en Córdoba capital, que cuenta con un plan de ordenación "completo", según el delegado. El PGOU recogía más de 90 parcelaciones y 4.650 casas en suelo no urbanizable, pero clasificó 12 como suelo urbano; 12, urbanizable programado; 29, urbanizable no programado; y 17, no urbanizable con parcelación, de las que 8 podían desarrollar planes de mejora para dotarse de las infraestructuras mínimas y 9 tenían esa posibilidad pero condicionada a informes de Cultura --Medina Azahara--, Aviación Civil --aeropuerto-- y la Confederación Hidrográfica --inundables--. Ahí entraban Las Pitas, Córdoba la Vieja y La Gorgoja II, pero en el 2003 entraron en zona BIC. Por último, había 18 de la Sierra y 2 de la Vega en suelo de especial protección, que quedaban fuera de ordenación sin posibilidades de reformas ni servicios. El presidente de Urbanismo, Luis Martín, asegura que los técnicos harán un informe exhaustivo sobre el decreto y estudiarán a qué suelos se puede aplicar y si afecta a las 9 parcelaciones de Poniente de la innovación que se tramita o al Cortijo de El Rubio, por ejemplo. En cualquier caso, dice, "vamos a aplicar todo lo beneficioso del decreto". Aún así, critica la contradicción entre que se censure la presencia de casas en la zona BIC de Medina Azahara y se permitan placas fotovoltaicas. También aboga por "ver casas y personas más que suelo".
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El PSOE carga contra Martín y Nieto por "decir cada día una cosa" a los parcelistas
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Pablo Durán, afirmó ayer que "en nada va a cambiar el panorama urbanístico" con el decreto aprobado por la Junta de Andalucía y cargó contra los populares Luis Martín y José Antonio Nieto por decir que la normativa llega tarde, cuando "los que van tarde son ellos". Durán señaló en una rueda de prensa que "cada día dicen una cosa distinta" y subrayó que "en la oposición todo eran promesas a los parcelistasy aún no han puesto en marcha el grupo específico dentro de la Gerencia de Urbanismo que prometieron". El decreto "no es una panacea" para la ciudad y sí "una buena medida para muchos diseminados", además de "garantizar la salubridad" en muchas de las parcelaciones.

Articulo de Prensa Diario Córdoba sobre Decreto de la Junta de andalucía sobre Parcelaciones

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO PARA LAS CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
La Junta salva del derribo nueve de cada diez viviendas ilegales
Las edificaciones que están en zona inundable no se verán beneficiadas por la nueva normativa. Algunas casas del entorno de Medina Azahara podrían lograr servicios en autoabastecimiento
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Aspecto que ofrecían las parcelaciones del entorno del aeropuerto tras las inundaciones.
Foto:RAFEL TENA

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Pulsa aquí para ver archivo (pdf) ISABEL LEÑA 11/01/2012

No hay un censo preciso ni datos provincializados pero los cálculos de la Junta, difundidos ayer por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, son que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno legalice de forma directa una de cada diez casas levantadas en suelo no urbanizable y que reconozca la situación de ocho que no se regularizarán pero sí podrán optar a servicios básicos --según recoge Europa Press--. De esa forma, solo una de cada diez quedan a merced de la piqueta al no haber prescrito el delito urbanístico porque no lo ha hecho el proceso judicial abierto o están en suelo protegido o inundable.

El decreto deja en manos de los ayuntamientos el futuro de las casas aisladas y de los hábitats rurales y en las de sus planes de ordenación --y en las revisiones de los mismos-- el de los asentamientos. Cada municipio deberá estudiar su situación. En la capital, que tiene un PGOU reciente, se espera que tenga menos repercusión que en la provincia, donde se pueden dar más casos de viviendas aisladas, que pueden optar al autoabastecimiento, es decir, no podrán tener conexión a la red general y sí usar pozos, aljibes, depósitos, fosas sépticas o placas fotovoltaicas.

Las viviendas que están en zona inundable son las que peor lo tienen por el riesgo que suponen. En este caso, y según el delegado provincial de Obras Públicas, Francisco García, "se quedan tal y como el PGOU las define", aunque el futuro más lógico que ve la Junta es el derribo. Luego están las afectadas por la legislación sectorial, como las del entorno de Medina Azahara, o el aeropuerto, que no se pueden legalizar, aunque sí podrían verse beneficiadas de alguna manera por el decreto. El caso del entorno de Medina Azahara es muy peculiar porque el suelo ha tenido distintos regímenes desde 1986 que hay que analizar junto a los años que llevan las construcciones. García cree que puede haber casos con posibilidad de acogerse al asimilado al fuera de ordenación, lo que permite los servicios básicos autónomos a pesar de seguir siendo no urbanizables. Respecto a las del aeropuerto, indica que "hay que ver si quitando las inundables y las ya eliminadas por la ampliación, aún quedan afectadas por el informe sectorial de AENA",

Fuera de los beneficios del decreto quedan las casas que están en suelos de especial protección, "que no se pueden asimilar al fuera de ordenación". En el caso de la Sierra, señala que "habría que analizar el plan especial del medio físico y ver si es compatible, por lo que si la normativa sectorial lo permite, pueden tener servicios mínimos".

Articulo de Prensa Diario El Dia sobre Decreto de la Junta de Andalucía sobre Parcelaciones

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La Junta indulta al 90% de las viviendas ilegales de la comunidad
Un decreto autonómico permitirá legalizar o reconocer la situación de unas 225.000 edificaciones construidas en el suelo no urbanizable en las últimas décadas. Una de cada diez quedará bajo la amenaza de la demolición.

A.Fuentes, sevilla | Actualizado 11.01.2012 - 07:24

41 comentarios2 votos Nueve de cada diez construcciones levantadas en las últimas décadas en suelo no urbanizable acreditarán su situación en virtud de un decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El 10% restante no podrán regularizarse y, si la vía judicial lo permite, se toparán de frente con una bola de demolición. La estimación de viviendas amnistiadas la ofreció ayer la consejera de Obras Pública y Vivienda, Josefina Cuz Villalón, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno andaluz, y constituyó una de las pocas novedades sobre el plan ya anunciado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el Debate sobre el estado de la Comunidad a finales de junio.

La Junta no dispone de un censo oficial de viviendas construidas en suelo no urbanizable, salvo los análisis realizados en los últimos años en la Axarquía malagueña y la comarca almeriense del Almanzora. Así, con la ayuda de fotografías aéreas, la Junta ha calculado a ojo que se podría regularizar la situación de un 10% de las 250.000 viviendas ilegales existentes en la comunidad; otro 80% no se legalizará, pero sí se les reconocerá su situación para que dispongan de servicios básicos (agua, luz,...), y otro 10% quedarán en situación de ilegalidad y de futura demolición, según la consejera.

¿El porqué de estas últimas? Están edificadas en suelo protegido, por lo que no ha prescrito el delito urbanístico; están ubicadas en zonas de riesgo natural, como cauces de los ríos o zonas inundables, o están inmersas aún en procedimientos judiciales.

No obstante, muchas de las viviendas estimadas por la Junta ya están regularizadas en virtud de los planes urbanísticos aprobados por los ayuntamientos y reciben servicios básicos. El decreto sí que proporcionará una herramienta a los ayuntamientos para que validen la situación de estas urbanizaciones. Se distingue entre las viviendas que obtendrán una licencia de ocupación, que obtendrán las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento -tengan o no licencia urbanística- y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de la construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si éstas no se encuentran en ruina declarada. Éstas últimas son muy escasas en número, según fuentes de la Junta, que sitúan en las décadas de los 80 y 90 la mayoría de las edificaciones ilegales.

Esta licencia de ocupación posibilita la inscripción de estas viviendas en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suminsitradoras.

Luego el 80% de las viviendas obtendrían un reconocimiento o, como jurídicamente se ha denominado, serán asimiladas a fuera de ordenación. Éstas no obtendrán la licencia de ocupación, pero sí se les permitirá el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua.

Este procedimiento será competencia de los ayuntamientos, que tendrán que decidir a cuáles de las viviendas en su término municipal dan este reconocimiento. Será requisito indispensable que estas construcciones cumplan con las exigencias de habitabilidad y seguridad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.

La consejera se esmeró en transmitir que esta norma no persigue una regularización indiscriminada, sino "una respuesta acorde a cada situación". Condescendiente, Cruz Villalón aseguró que este decreto consiste en un "ejercicio de realismo" al reconocer construcciones que se encuentran en una compleja situación: son ilegales pero su delito ha prescrito.

Otros mensajes fueron que con esta legalización se manda una mensaje de borrón y cuenta nueva, que el futuro no será tan complaciente, y que el gasto que se tendrá que asumir para acreditar a estas parcelaciones correrá a cuenta de los propietarios, sin coste para el erario público. la consejera apostilló que las administraciones, especialmente los ayuntamientos, "no pueden asumir los costes de urbanización y dotación de servicios e infraestructuras básicas", de forma que dicho coste de adaptación deberá ser sufragado por particulares.

"Se podrán establecer instrumentos legales o tasas para los propietarios o inquilinos de esas viviendas para que la dotación de servicios básicos y costes de urbanización no se haga a costa de todos los vecinos", apuntó, para añadir que "muchas de estas viviendas, aunque sean ilegales, están pagando el IBI".

Para la consejera, este decreto no es un punto final, sino de reconocimiento, con el que se pretende lanzar el mensaje de que "esto ha sido un fenómeno del pasado, marcado por los delitos urbanísticos. Ahora damos una respuesta de reconocimiento de su existencia, porque no se pueden demoler, ni se pueden legalizar. Esperemos que este fenómeno no se vuelva a generar", concluyó.

Este polémico decreto se une a otras decisiones de la Junta en los últimos meses que abren la mano en ordenación urbanística. En noviembre, en plena campaña electoral, se aprobaron modificaciones en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para "la reactivación del sector inmobiliario y de la construcción".

Fiesta de Reyes en Las siete fincas

El siete de Enero, a partir de las 17 horas se celebrará en la sede social de la Asociación y adaros, la entrega de regalos a los hijos de vecinos pertenecientes a la Asociación de Vecinos Las Siete Fincas.
La organización de este evento ha sido posible gracias a la Asociación Cultural Los Amigos del Cabra organizadora del acto, y la Asociación las siete Fincas y Adaros como colaboradores