articulo en prensa sobre el Decreto de la Junta de Andalucía

La aplicación del decreto dependerá de la diligencia de los ayuntamientos Viviendas del entorno protegido de Medina Azahara. La entrada en vigor del decreto de la Junta sobre las viviendas en suelo no urbanizable no implica su aplicación inmediata, con lo que podrían transcurrir meses, e incluso años, hasta que se vean sus consecuencias. Todo dependerá de la prisa que se den los ayuntamientos en cumplir las reglas que establece en sus tres supuestos --casas aisladas, asentamientos y hábitats rurales--. Una de ellas es la del inventario que todos están obligados a realizar, tengan o no PGOU. El delegado provincial de Obras Públicas, Francisco García, deja claro que "el decreto no se empieza a aplicar mañana, antes tienen que elaborar los ayuntamientos los inventarios y el diagnóstico de su realidad para ver que casuística tienen y dar respuesta a cada circunstancia", ya que "hay muchas situaciones que hay que interpretar". Aunque el decreto prevé unas reglas globales de aplicación "automática", cada provincia tiene sus peculiaridades. Aún así, asegura que habrá "un pequeño porcentaje de viviendas que se legalizará directamente, convirtiéndose en suelo urbano no consolidado o urbanizable; un gran porcentaje de casas aisladas o de asentamientos que no se van a legalizar pero sí a reconocer como asimilado al fuera de ordenación para tener acceso a servicios en autoabastecimiento; y otro pequeño porcentaje de construcciones que están en zonas de peligro que tendrán que ir eliminándose de forma paulatina conforme a lo que vayan marcando los ayuntamientos". En manos de estos quedará también la autorización para la obtención de servicios básicos --luz, agua y saneamiento-- de manera autónoma. No obstante, el decreto marca una excepción a este sistema en las casas aisladas, que sí podrán engancharse a una red de agua potable o eléctrica siempre que sea accesible, que las suministradoras acrediten la viabilidad de la acometida y no induzca a más edificaciones. "Lo que no se puede es llevar servicios desde la red municipal a una casa", indica. En todos los casos previstos el coste corre a cargo de los propietarios. La concreción de esa radiografía necesaria será más fácil en Córdoba capital, que cuenta con un plan de ordenación "completo", según el delegado. El PGOU recogía más de 90 parcelaciones y 4.650 casas en suelo no urbanizable, pero clasificó 12 como suelo urbano; 12, urbanizable programado; 29, urbanizable no programado; y 17, no urbanizable con parcelación, de las que 8 podían desarrollar planes de mejora para dotarse de las infraestructuras mínimas y 9 tenían esa posibilidad pero condicionada a informes de Cultura --Medina Azahara--, Aviación Civil --aeropuerto-- y la Confederación Hidrográfica --inundables--. Ahí entraban Las Pitas, Córdoba la Vieja y La Gorgoja II, pero en el 2003 entraron en zona BIC. Por último, había 18 de la Sierra y 2 de la Vega en suelo de especial protección, que quedaban fuera de ordenación sin posibilidades de reformas ni servicios. El presidente de Urbanismo, Luis Martín, asegura que los técnicos harán un informe exhaustivo sobre el decreto y estudiarán a qué suelos se puede aplicar y si afecta a las 9 parcelaciones de Poniente de la innovación que se tramita o al Cortijo de El Rubio, por ejemplo. En cualquier caso, dice, "vamos a aplicar todo lo beneficioso del decreto". Aún así, critica la contradicción entre que se censure la presencia de casas en la zona BIC de Medina Azahara y se permitan placas fotovoltaicas. También aboga por "ver casas y personas más que suelo".
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El PSOE carga contra Martín y Nieto por "decir cada día una cosa" a los parcelistas
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Pablo Durán, afirmó ayer que "en nada va a cambiar el panorama urbanístico" con el decreto aprobado por la Junta de Andalucía y cargó contra los populares Luis Martín y José Antonio Nieto por decir que la normativa llega tarde, cuando "los que van tarde son ellos". Durán señaló en una rueda de prensa que "cada día dicen una cosa distinta" y subrayó que "en la oposición todo eran promesas a los parcelistasy aún no han puesto en marcha el grupo específico dentro de la Gerencia de Urbanismo que prometieron". El decreto "no es una panacea" para la ciudad y sí "una buena medida para muchos diseminados", además de "garantizar la salubridad" en muchas de las parcelaciones.