SITUACION DE LAS PARCELACIONES DESPUES DE LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL PLENO MUNICIPAL Y EL PARLAMENTO ANDALUZ
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Las
propuestas planteadas en torno a las parcelaciones ilegales siguen sin
dar los frutos esperados. Aunque se dan pasos en la teoría, no se
trasladan a la práctica. Esa es la percepción que tienen distintos
colectivos de afectados, que aseguran que no tienen la sensación de que
el proceso esté avanzando, ni en el caso de las urbanizaciones incluidas
en el PGOU como regularizables ni en el de las viviendas que pueden
acogerse a la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) como
única vía para su reconocimiento con su inscripción en el Registro y
para optar a los servicios básicos. La aprobación por el Pleno del
Ayuntamiento a primeros de marzo, de manera unánime, de una larga lista
de propuestas tanto para suelo no urbanizable como urbanizable,
refrendadas un mes después por el Parlamento andaluz con la misma
unanimidad, ha abierto nuevas expectativas. Sin embargo, los afectados
no ocultan su recelo y siguen a la espera de resultados y de las cifras
que cambien la tónica de más de una década de PGOU sin ni una sola
urbanización legalizada y de más de dos años del decreto de la Junta sin
ni un AFO concedido en suelo no urbanizable.
La mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya (Barquera Norte, El Alamillo, El Sol, Torreblanca y Villa Alegre de la Barquera) reconoce que la situación está "igual", según explica su presidente, Manuel Sánchez. Alamiriya está a la espera de que se fije el valor del 10% del suelo --cantidad que hay que pagar a Urbanismo por los aprovechamientos-- en El Sol, El Alamillo y Torreblanca para presentar los proyectos de reparcelación, así como la ordenanza para abaratar las obras de urbanización. Con Barquera Norte se desbloqueó el atasco en la valoración del 10%, pero vuelve a repetirse en otros casos. Alamiriya espera que lo aprobado por el Pleno y el Parlamento sirva para algo.
Otro colectivo que considera que "la situación no ha cambiado nada", y que muestra su "malestar", es la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, según asegura su presidente, Francisco León. A su juicio, "el cambio debe venir desde la Junta", a nivel andaluz, y con una modificación de la LOUA. León ve bien las propuestas aprobadas por el Parlamento y el Pleno, aunque "no arreglan la situación". Tampoco la resuelve la figura del AFO, al que, a nivel andaluz, "no se ha acogido ni el 1% de las 300.000 viviendas previstas". La plataforma reivindica el proyecto que presentó en el 2012 para mejorar las zonas ribereñas entre Alcolea a Encinarejo y evitar inundaciones.
"Mucho ruido y pocas nueces" percibe José Rodríguez Maqueda, presidente del consejo de distrito de El Higuerón, órgano que impulsó la mesa de trabajo sobre parcelaciones a finales del 2012 y que espera que los acuerdos adoptados en el Pleno y el Parlamento en base a las propuestas que partieron de ahí "se cumplan". En junio convocará otra mesa de trabajo para abordar la situación.
Este periódico intentó, sin éxito, contactar con Córdoba Extrarradio, para conocer su valoración de la situación de las parcelaciones, en torno a las que sigue habiendo movimientos. Ha habido reuniones con la idea de constituir, desde el consejo de distrito de Villarrubia, otra mesa de trabajo sobre parcelaciones, e, incluso, una federación. Uno de los problemas del proceso de regularización es la división que existe en el seno de las propias urbanizaciones, en las que surgen distintos puntos de vista. Uno de los elementos de controversia es el coste de la regularización, que muchos ven inasumible. También hay discrepancias entre unos colectivos y otros.
Por su parte, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, reconoce que los trámites son muy lentos y que en ellos surgen numerosos obstáculos, pero advierte de que no todos dependen del organismo municipal. En este sentido, recuerda que la Junta aún debe dar el visto bueno a la innovación del PGOU para poder regularizar más parcelaciones en Poniente, parada desde el 2012. A su juicio, uno de los problemas es que la "ley urbanística está encorsetada". No obstante, afirma que se están dando pasos. En este sentido, explica que Urbanismo ha recibido el proyecto de reparcelación de Barquera Norte y que está trabajando en la valoración del suelo en Cuevas de Altázar y El Alamillo. "No todos los casos son iguales", señala, por lo que aunque se parta del valor de la VPO, "en cada uno hay que calcularlo".
Martín recuerda que ya se ha aprobado de forma definitiva la innovación del PGOU que permite tramitar la figura del AFO, así como los requisitos que deben cumplir las viviendas para acogerse a la misma. De momento, solo lo han solicitado casas de Encinares de Alcolea, que están en suelo urbano, por lo que no hay peticiones para suelo no urbanizable, que era el objetivo del decreto del 2012 de la Junta. Además, dispone del inventario que exige ese decreto, que contabiliza 97 núcleos en suelo no urbanizable con 4.170 casas, y que sirve de base para los propietarios de viviendas que quieran solicitar el AFO y como orientación para redactar una revisión del PGOU para integrar asentamientos. También asegura que se trabaja en la ordenanza para abaratar el coste de las obras de urbanización y que quiere abordar con la Junta. Martín anima a los parcelistas a presentar la documentación necesaria en Urbanismo para seguir avanzando.
La mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya (Barquera Norte, El Alamillo, El Sol, Torreblanca y Villa Alegre de la Barquera) reconoce que la situación está "igual", según explica su presidente, Manuel Sánchez. Alamiriya está a la espera de que se fije el valor del 10% del suelo --cantidad que hay que pagar a Urbanismo por los aprovechamientos-- en El Sol, El Alamillo y Torreblanca para presentar los proyectos de reparcelación, así como la ordenanza para abaratar las obras de urbanización. Con Barquera Norte se desbloqueó el atasco en la valoración del 10%, pero vuelve a repetirse en otros casos. Alamiriya espera que lo aprobado por el Pleno y el Parlamento sirva para algo.
Otro colectivo que considera que "la situación no ha cambiado nada", y que muestra su "malestar", es la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, según asegura su presidente, Francisco León. A su juicio, "el cambio debe venir desde la Junta", a nivel andaluz, y con una modificación de la LOUA. León ve bien las propuestas aprobadas por el Parlamento y el Pleno, aunque "no arreglan la situación". Tampoco la resuelve la figura del AFO, al que, a nivel andaluz, "no se ha acogido ni el 1% de las 300.000 viviendas previstas". La plataforma reivindica el proyecto que presentó en el 2012 para mejorar las zonas ribereñas entre Alcolea a Encinarejo y evitar inundaciones.
"Mucho ruido y pocas nueces" percibe José Rodríguez Maqueda, presidente del consejo de distrito de El Higuerón, órgano que impulsó la mesa de trabajo sobre parcelaciones a finales del 2012 y que espera que los acuerdos adoptados en el Pleno y el Parlamento en base a las propuestas que partieron de ahí "se cumplan". En junio convocará otra mesa de trabajo para abordar la situación.
Este periódico intentó, sin éxito, contactar con Córdoba Extrarradio, para conocer su valoración de la situación de las parcelaciones, en torno a las que sigue habiendo movimientos. Ha habido reuniones con la idea de constituir, desde el consejo de distrito de Villarrubia, otra mesa de trabajo sobre parcelaciones, e, incluso, una federación. Uno de los problemas del proceso de regularización es la división que existe en el seno de las propias urbanizaciones, en las que surgen distintos puntos de vista. Uno de los elementos de controversia es el coste de la regularización, que muchos ven inasumible. También hay discrepancias entre unos colectivos y otros.
Por su parte, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, reconoce que los trámites son muy lentos y que en ellos surgen numerosos obstáculos, pero advierte de que no todos dependen del organismo municipal. En este sentido, recuerda que la Junta aún debe dar el visto bueno a la innovación del PGOU para poder regularizar más parcelaciones en Poniente, parada desde el 2012. A su juicio, uno de los problemas es que la "ley urbanística está encorsetada". No obstante, afirma que se están dando pasos. En este sentido, explica que Urbanismo ha recibido el proyecto de reparcelación de Barquera Norte y que está trabajando en la valoración del suelo en Cuevas de Altázar y El Alamillo. "No todos los casos son iguales", señala, por lo que aunque se parta del valor de la VPO, "en cada uno hay que calcularlo".
Martín recuerda que ya se ha aprobado de forma definitiva la innovación del PGOU que permite tramitar la figura del AFO, así como los requisitos que deben cumplir las viviendas para acogerse a la misma. De momento, solo lo han solicitado casas de Encinares de Alcolea, que están en suelo urbano, por lo que no hay peticiones para suelo no urbanizable, que era el objetivo del decreto del 2012 de la Junta. Además, dispone del inventario que exige ese decreto, que contabiliza 97 núcleos en suelo no urbanizable con 4.170 casas, y que sirve de base para los propietarios de viviendas que quieran solicitar el AFO y como orientación para redactar una revisión del PGOU para integrar asentamientos. También asegura que se trabaja en la ordenanza para abaratar el coste de las obras de urbanización y que quiere abordar con la Junta. Martín anima a los parcelistas a presentar la documentación necesaria en Urbanismo para seguir avanzando.
