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SANEAMIENTOS

Multa al Ayuntamiento de Córdoba por vertidos fecales al lago de las Las Jaras

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha comprobado que la red de alcantarillado es muy deficiente

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Casas en la urbanización Las Jaras - VALERIO MERINO

RAFAEL RUIZCórdoba - 20/05/2016 a las 22:52:06h. - Act. a las 09:25:08h.Guardado en: Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba tiene encima de la mesa, al menos, dos resoluciones de sanción de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos de aguas fecales realizados directamente a un arroyo o a una zona natural, ubicada en la urbanización Las Jaras, la única que se creó legalmente en la Sierra de Córdoba. El órgano de cuenca cree que el Consistorio ha de responder por el vertido de aguas sucias al arroyo Don Lucas que tributa, a su vez, al lago de la Encantada, de donde se capta agua para el consumo humano de esta zona de Córdoba.
La primera denuncia data de 2014 cuando dos agentes de la Guardia Civil realizaron una inspección a la zona por el aviso de un vecino. Comprobaron que el colector de aguas residuales brutas que une las casas con la depuradora de la zona tenía fugas. Por esa razón, se produce la primera de las sanciones.

Un barrio legal

En segunda instancia, los responsables de la Confederación Hidrográfica han desarrollado diversas visitas a las instalaciones y han comprobado que la red de alcantarillado y depuración es tremendamente deficiente. Los informes advierten de la necesidad de realizar inversiones de calado en las instalaciones para evitar que se produzcan nuevas fugas. La segunda sanción tiene que ver con la ausencia de permisos para realizar vertidos.
El caso de Las Jaras es peculiar en la ciudad de Córdoba. Es el único barrio legal de la capital en el que Emacsa se niega repetidamente a dar servicio al entender que la red no cumple las determinaciones que se exigen y, asegura, no va a llevar a cabo inversiones públicas para una mejora de estas instalaciones. El caso se complica puesto que la Gerencia de Urbanismo acaba de darle carta de naturaleza a la construcción de unas 250 viviendas más en la zona. Desde su construcción, los 500 propietarios de esta parte de la Sierra pagan el agua a una empresa privada.

Los vecinos exigen dotación inmediata de servicios básicos

AL-ZAHARA Y EL CONSEJO DE DISTRITO DE EL HIGUERÓN ABANDONAN LA MESA DE TRABAJO IMPULSADA POR EL AYUNTAMIENTO

Afirman que «ya existen alarmas» por «falta de salubridad» y por contaminación de acuíferos . Piden soluciones provisionales para todo tipo de parcelaciones y que se priorice el agua potable

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  Imagen de archivo de la primera reunión de la mesa de parcelaciones, celebrada en enero de este año. - MIGUEL ÁNGEL SALAS

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y el consejo de distrito de El Higuerón se han cansado de la inactividad que perciben en relación a las parcelaciones y han decidido abandonar la mesa de trabajo impulsada por Urbanismo tras dos reuniones al considerarla «inútil». Por ello, han elaborado un documento, al que ha tenido acceso este periódico, en el que plasman las reivindicaciones que dirigirán a Ayuntamiento y Junta, de las que destacan como prioridad «inmediata» la dotación de servicios. En el caso de las parcelaciones que están en proceso de regularización, no entienden «que no se hayan adoptado ya soluciones transitorias para que puedan contar con los servicios básicos»; mientras que para los núcleos «que ni siquiera han podido empezar un proceso de legalización» reclaman «una dotación inmediata de servicios de forma provisional, y, prioritariamente», de «suministro de agua potable por parte municipal», ya que «existen alarmas generadas por falta de salubridad, de higiene, de contaminación de acuíferos, que solo se pueden resolver mediante la dotación inmediata de agua potable». Por ello, piden a las administraciones que actúen «dentro de las competencias de defensa de la salud, la higiene y la salubridad para dotar de servicios a aquellas parcelaciones más necesitadas de ellos por presentar situaciones de emergencia social».
Los dos colectivos han tomado la decisión de «reactivar el trabajo ciudadano autónomo» con una estrategia «exclusivamente vecinal», al considerar «ineficaz» la comisión de parcelaciones, que, a su juicio, es «un lugar donde los grupos políticos se dedican a enfrentarse entre ellos», mientras los problemas «continúan y se agudizan». Todo se agrava, añaden, con «la actitud de desprecio que muestran los representantes de la Junta», que no han acudido a ninguna de las dos convocatorias celebradas. Además, lamentan que los acuerdos de la mesa de El Higuerón, logrados tras tres años de trabajo, y aprobados de forma unánime por el Ayuntamiento y el Parlamento, no se hayan puesto en práctica. Confiaban en que la comisión de parcelaciones institucional sirviera para ello y en la primera reunión insistieron en la ejecución de aquellos acuerdos. Sin embargo, señalan en el documento «ha bastado una segunda reunión para observar que no existe voluntad o capacidad política real de llegar a poner en práctica dichas propuestas, por considerar que los inconvenientes legales son prácticamente insuperables», por lo que «volvemos a entrar en un estado caracterizado por el vacío y el desencanto».
Los dos colectivos, «cansados de mítines» y «puestas en escena», aseguran que no van a seguir participando de comisiones multitudinarias donde el nivel político no presenta propuestas», y las que lleva el movimiento vecinal «son aprobadas pero olvidadas» con «la excusa de su imposibilidad legal». Por ello, exigen «que asuman sus responsabilidades y que se pongan a trabajar», cumpliendo las reinvindicaciones de la mesa de El Higuerón, entre ellas la modificación del PGOU y de la LOUA «en lo que sea necesario» a través de «la negociación técnica y/o política».
Entre sus demandas están «no aplicar el IBI urbano», ni «los cuatro años de retroacción», hasta que las parcelaciones tengan «todos los servicios básicos» y «una lectura suave de la aplicación de las multas que marca la LOUA», buscando «argumentos legales para reducir su coste y adaptarlas a la realidad del valor actual de lo construido y a las posibilidades económicas de sus propietarios».

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