El alcalde, en la presidencia del Pleno
El alcalde, en la presidencia del Pleno - ABC
PLENO MUNICIPAL

Urbanismo anuncia mano dura con las parcelas inundables y servicios en la Sierra de Córdoba

Fuentes incluye a Las Siete Fincas y El Pilar como zonas a regularizar

CÓRDOBA Actualizado:GUARDAR

El debate sobre la dotación de servicios a las parcelas ha recibido un baño de realidad en la comparecencia del teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, sobre qué va a hacer la Gerencia con el nuevo decreto de ordenación establecido por la Junta para favorecer la situación de las viviendas construidas sin licencia que en Córdoba implican un universo de unas 13.000.

El elemento nuclear de la comparecencia es que lo mejor es no echar las campanas al vuelo porque no va a haber, explicó Fuentes, soluciones colectivas, de dotaciones. «Se actuará caso por caso», explicó, y se trata de cuestiones complejas donde cada expediente pasa por multitud de manos antes de que la Gerencia de Urbanismo pueda mover un papel.

La lejanía de la campaña electoral aconseja los discursos más razonables. La norma actual no está pensada para todos los supuestos y lo que se necesita es un procedimiento para cumplir, en primer lugar, el objetivo de la legalización. Eso no quiere decir que el Pleno no aportase alguna novedad concreta sobre objetivos a desarrollar.

Salvador Fuentes explicó que un objetivo concreto es ser duro con las situaciones de quien se está lucrando con la venta de terrenos para hacer viviendas en zonas inundables, como Guadalvalle, donde se comprometió a demoler las casas en riesgo. Esta parte, cercana al aeropuerto, fue la zona cero de las peores inundaciones de la historia reciente de Córdoba.

Fuentes explicó también que se propone encauzar la situación de las parcelaciones más asentadas. Y citó dos en concreto que rara vez aparecen en los papeles Las Siete Fincas y El Pilar. Se trata de organizaciones que se encuentran en la Sierra y que conforman, de facto, entidades asentadas de primera vivienda. El PGOU ya intentó, con la oposición expresa de la Junta, una medida de estas características. El edil de Hacienda abogó, además, por culminar los procesos como el de la Campiñuela Sur al que la entrada en vigor de la nueva norma de la Junta. El planteamiento del gobierno municipal es crear una mesa de coordinación donde estén sentados todos los entes que intervienen.

Desde la oposición se puso en tela de juicio la validez de los planes municipales e incluso la existencia de ellos. El más crudo fue Pedro García, de IU, quien advirtió que las sucesivas normativas nunca han pensado en situaciones como la de Córdoba, que se fundamentan en un crecimiento irregular pero no centrado en grandes urbanizaciones con servicios. Manuel Torralbo, del PSOE, reclamó al PP medidas concretas para ver cómo se van a implementar esas medidas.