El PP está dispuesto a dotar de servicios a las parcelas del río
Martín dice que, dentro de lo que permita el decreto y la legalidad, llegará al máximo posible, lo que incluye llevar abastecimiento a las viviendas de la Sierra
R. R. / Agencias | Actualizado 13.01.2012 - 01:00
Luis Martín, en su comparecencia de ayer con un plano de la zona industrial del Arenal.
La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene la previsión de sacarle "el máximo provecho" al reciente decreto de la Junta de Andalucía que permite dotar de servicios a una serie de viviendas construidas sin licencia y ubicadas en suelo no urbanizable. El teniente de alcalde de Urbanismo, Luis Martín (PP), expresó el objetivo político del gobierno municipal de que los servicios lleguen a las viviendas de la Sierra e, incluso, a las ubicadas más cerca del río Guadalquivir, en una zona inundable.
El edil estableció claramente cuáles son los límites que no se van a superar: la legalidad y el interés de la ciudad. De forma diáfana, el presidente de la Gerencia estableció el agua y la energía eléctrica normalizada como unos servicios que tienen que llegar a la totalidad de las parcelas, incluida la Sierra y las más próximas al cauce del Guadalquivir. La Junta ya ha adelantado que no es viable dotar de servicios a edificios que se encuentren en zonas inundables por la legislación sectorial aplicable. Medina Azahara forma parte también del objetivo de la Gerencia aunque la Junta ya establece como cautela que tendrían que contar con orden de demolición caducada con carácter previo a la ampliación del BIC.
Urbanismo ya ha remitido el contenido del decreto a los principales servicios que tienen que trabajar en su desarrollo para que se reciban propuestas de carácter técnico. No existe un plazo temporal marcado aunque Martín bromeó asegurando que le hubiera gustado "que estuviera ayer". El Consistorio tiene que realizar, en primer lugar, un inventario con los núcleos que se podrían incluir para acogerse a las medidas de gracia de la Junta, que no afectan a las parcelaciones legalizables, que son mayoría. Martín asegura que, en esta cuestión, se debe atender a la situación de las personas.
Por su parte, la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, ha advertido este jueves que, como consecuencia del decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable en Andalucía, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno andaluz, el diez por ciento de dichas construcciones tendrá que demolerse. "Hay un diez por ciento de viviendas que no se pueden reconocer, ni legalizar, en la medida de que están en suelos protegidos, o en suelos inundables o en otras condiciones, como que están en dominio público, por ejemplo en una vía pecuaria".
Por su parte, la formación política Equo expresó ayer su total rechazo a la legalización encubierta que la Junta de Andalucía ha hecho de cerca de 250.000 viviendas ilegales en toda la comunidad a dos meses de las elecciones autonómicas. El coportavoz de la organización, José Larios, rechazó la "cultura de la impunidad" que alienta el Decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable en Andalucía, una "solución electoralista para la gran mayoría de viviendas ilegales de la comunidad".
El edil estableció claramente cuáles son los límites que no se van a superar: la legalidad y el interés de la ciudad. De forma diáfana, el presidente de la Gerencia estableció el agua y la energía eléctrica normalizada como unos servicios que tienen que llegar a la totalidad de las parcelas, incluida la Sierra y las más próximas al cauce del Guadalquivir. La Junta ya ha adelantado que no es viable dotar de servicios a edificios que se encuentren en zonas inundables por la legislación sectorial aplicable. Medina Azahara forma parte también del objetivo de la Gerencia aunque la Junta ya establece como cautela que tendrían que contar con orden de demolición caducada con carácter previo a la ampliación del BIC.
Urbanismo ya ha remitido el contenido del decreto a los principales servicios que tienen que trabajar en su desarrollo para que se reciban propuestas de carácter técnico. No existe un plazo temporal marcado aunque Martín bromeó asegurando que le hubiera gustado "que estuviera ayer". El Consistorio tiene que realizar, en primer lugar, un inventario con los núcleos que se podrían incluir para acogerse a las medidas de gracia de la Junta, que no afectan a las parcelaciones legalizables, que son mayoría. Martín asegura que, en esta cuestión, se debe atender a la situación de las personas.
Por su parte, la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, ha advertido este jueves que, como consecuencia del decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable en Andalucía, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno andaluz, el diez por ciento de dichas construcciones tendrá que demolerse. "Hay un diez por ciento de viviendas que no se pueden reconocer, ni legalizar, en la medida de que están en suelos protegidos, o en suelos inundables o en otras condiciones, como que están en dominio público, por ejemplo en una vía pecuaria".
Por su parte, la formación política Equo expresó ayer su total rechazo a la legalización encubierta que la Junta de Andalucía ha hecho de cerca de 250.000 viviendas ilegales en toda la comunidad a dos meses de las elecciones autonómicas. El coportavoz de la organización, José Larios, rechazó la "cultura de la impunidad" que alienta el Decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable en Andalucía, una "solución electoralista para la gran mayoría de viviendas ilegales de la comunidad".
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