consejo de gobierno de la junta
(AVANCE) El
Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que permitirá la
regularización de entre 20.000 y 25.000 viviendas construidas en suelo
no urbanizable en esta comunidad.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha subrayado en rueda de prensa que no se trata de una "amnistía", puesto que sólo se podrán acoger viviendas aisladas levantadas en parcelaciones pequeñas "siempre y cuando no estén inmersas en un proceso judicial o administrativo", y tampoco incluye a edificaciones situadas en zonas verdes o en parques naturales.
La modificación afecta a tres artículos de la ley -el 185.2; 68.2 y 183.3- con los que se pretende "eliminar la incertidumbre y desigualdad de trato" en el que se encontraban una serie de viviendas aisladas en uso residencial, a las que no se les puede reconocer el régimen de "asimilados fuera de ordenación".
Como paso previo, los ayuntamientos tendrán que elaborar un inventario de las construcciones en suelo no urbanizable existentes en sus términos municipales, tarea que han hecho 271 corporaciones locales, y para ello dispondrán de un plazo de dos años según establece una disposición transitoria incluida en la nueva ley.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha subrayado en rueda de prensa que no se trata de una "amnistía", puesto que sólo se podrán acoger viviendas aisladas levantadas en parcelaciones pequeñas "siempre y cuando no estén inmersas en un proceso judicial o administrativo", y tampoco incluye a edificaciones situadas en zonas verdes o en parques naturales.
La modificación afecta a tres artículos de la ley -el 185.2; 68.2 y 183.3- con los que se pretende "eliminar la incertidumbre y desigualdad de trato" en el que se encontraban una serie de viviendas aisladas en uso residencial, a las que no se les puede reconocer el régimen de "asimilados fuera de ordenación".
Como paso previo, los ayuntamientos tendrán que elaborar un inventario de las construcciones en suelo no urbanizable existentes en sus términos municipales, tarea que han hecho 271 corporaciones locales, y para ello dispondrán de un plazo de dos años según establece una disposición transitoria incluida en la nueva ley.
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