LA AMENAZA DE DERRIBO PERSISTE PARA UN 14%
Su reconocimiento y la obtención de servicios están condicionados a planes de protección e informes
ISABEL LEÑA 07/03/2014
Un 68% de las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable se encuentran en zonas con riesgo de inundación o incendio, lo que supone un hándicap, aunque no insalvable, a la hora de lograr la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), que no las legaliza ni les da licencia de ocupación pero las reconoce permitiendo la inscripción en el Registro de la Propiedad y servicios básicos si tienen redes cerca. El inventario que ha aprobado de forma definitiva la Gerencia de Urbanismo contabiliza 3.053 casas en esa situación. De ellas, 1.689, es decir, un 37%, se encuentran en zona con peligro de incendio repartidas en núcleos ubicados al norte del canal del Guadalmellato, en la Sierra. A estas se suman las 1.364 levantadas en zona inundable, es decir, un 31% del total. Unas tienen riesgo de inundación parcial y otras total. Estos porcentajes se elevan un poco si se añaden las construcciones industriales ilegales --hay 49 naves en zona inundable--. Según el decreto del 2012 de la Junta sobre edificaciones en suelo no urbanizable, tanto la inundabilidad como el peligro de incendio son razones más que suficientes para no optar al AFO. Sin embargo, el documento de Urbanismo advierte que los propietarios de viviendas en zonas con riesgo de incendio, que no sean de especial protección, podrán salvar ese obstáculo redactando planes de prevención y autoprotección. En el caso de las zonas inundables, es imprescindible el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por ello, con el listado y los planos que ya posee, Urbanismo tendrá que ir evaluando caso por caso para emitir las resoluciones --para lo que tendrá seis meses desde que reciba la solicitud-- sobre las peticiones de AFO.
Hay una circunstancia que impide optar al AFO, el que no haya prescrito la infracción. Un 14% de las casas ilegales contabilizadas por Urbanismo están en esa situación, lo que significa que hay 629 sobre las que persiste la amenaza del derribo. Este porcentaje se eleva algo más si se suman las 86 naves ilegales en las que tampoco ha prescrito el delito. Son edificaciones aisladas entre las que se halla San Cristóbal, que ya presenció en el 2008 una demolición. La mayoría tienen riesgo de incendio y algunas, de inundación.
El decreto de la Junta contempla, además de la no prescripción, otras circunstancias que impiden la concesión del AFO, como que las viviendas estén en suelo de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística. Así están el 79% de las casas de suelo no urbanizable, es decir, 3.472 --3.663 con naves incluidas--. Dentro de ese grupo, hay un 7% con 296 casas protegidas por la legislación sectorial, como La Torrecilla--La Gitana, Las Pitas, Córdoba La Vieja y La Gorgoja II. El resto forman parte de suelos protegidos de la Sierra o la Vega. Todas tienen el camino complicado, aunque el presidente de Urbanismo, Luis Martín, siempre ha asegurado que pretende ir a la concesión del mayor número de AFO posibles. Además, este año Urbanismo prevé ingresar 2,3 millones con 700 casas.
Las edificaciones aisladas son las que pueden lograr el AFO antes --incorporar asentamientos al PGOU es un proceso más lento--. Son un 35% del total pero hay que tener en cuenta que en un 40% de ellas no ha prescrito la infracción; un 94% tienen riesgo de incendio; y un 8% son inundables. Las que se salven necesitarán medidas.
Urbanismo hizo un primer inventario hace un año, que ha revisado llevando a cabo algunos ajustes para recoger parte de las alegaciones recibidas y las observaciones de la Junta. Como afecciones, ha incorporado las eléctricas, el trazado de la variante de Villarrubia, las servidumbres aeronáuticas, y el Plan Especial de Medina Azahara.
Hay una circunstancia que impide optar al AFO, el que no haya prescrito la infracción. Un 14% de las casas ilegales contabilizadas por Urbanismo están en esa situación, lo que significa que hay 629 sobre las que persiste la amenaza del derribo. Este porcentaje se eleva algo más si se suman las 86 naves ilegales en las que tampoco ha prescrito el delito. Son edificaciones aisladas entre las que se halla San Cristóbal, que ya presenció en el 2008 una demolición. La mayoría tienen riesgo de incendio y algunas, de inundación.
El decreto de la Junta contempla, además de la no prescripción, otras circunstancias que impiden la concesión del AFO, como que las viviendas estén en suelo de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística. Así están el 79% de las casas de suelo no urbanizable, es decir, 3.472 --3.663 con naves incluidas--. Dentro de ese grupo, hay un 7% con 296 casas protegidas por la legislación sectorial, como La Torrecilla--La Gitana, Las Pitas, Córdoba La Vieja y La Gorgoja II. El resto forman parte de suelos protegidos de la Sierra o la Vega. Todas tienen el camino complicado, aunque el presidente de Urbanismo, Luis Martín, siempre ha asegurado que pretende ir a la concesión del mayor número de AFO posibles. Además, este año Urbanismo prevé ingresar 2,3 millones con 700 casas.
Las edificaciones aisladas son las que pueden lograr el AFO antes --incorporar asentamientos al PGOU es un proceso más lento--. Son un 35% del total pero hay que tener en cuenta que en un 40% de ellas no ha prescrito la infracción; un 94% tienen riesgo de incendio; y un 8% son inundables. Las que se salven necesitarán medidas.
Urbanismo hizo un primer inventario hace un año, que ha revisado llevando a cabo algunos ajustes para recoger parte de las alegaciones recibidas y las observaciones de la Junta. Como afecciones, ha incorporado las eléctricas, el trazado de la variante de Villarrubia, las servidumbres aeronáuticas, y el Plan Especial de Medina Azahara.
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