Los informes sectoriales de la Junta y de la CHG, claves para ver hasta dónde pueden llegar las conexiones toleradas en las zonas más problemáticas de las parcelaciones
Rafael Ruiz | Actualizado 12.03.2013 - 01:00
Parcelación de las Siete Fincas.
Luis Martín.
El inventario que aprobará la Gerencia de Urbanismo sobre las parcelaciones del término municipal enclavadas en suelo no urbanizable (4.170 edificaciones -entre viviendas y otras construciones- sobre más de 3.000 hectáreas) establece las reglas del juego para buena parte de los núcleos de la Sierra que, con el actual Plan General de Ordenación Urbana tal y como está -y se pone el énfasis en esta cuestión-, no podrán acceder al sistema de amnistía creado por la Junta para dotar de servicios a las viviendas sin licencia.
En la zona norte de la ciudad, buena parte de las parcelaciones, asentamientos o núcleos de viviendas quedarán fuera del proceso al estar dentro del supuesto que el decreto de la Junta deja fuera expresamente del régimen de tolerancia. Empezando por lo sencillo, podrían -en condicional- acceder al sistema AFO (Asimilado al Fuera de Ordenación) las parcelaciones las Siete Fincas (450 viviendas), El Negrete (23), El Melgarejo (26), Casilla del Aire (38), La Torrecilla-La Gitana (18), Virgen de la Cabeza-Pilar de Torrehoria (92) y Solana del Pilar (85). Algunas de estas parcelaciones no están completas al estar parcialmente afectadas por zonas de afección.
La razón de estar fuera o dentro de las zonas donde se pueden recibir servicios tiene que ver con la aplicación conjunta de la ley urbanística andaluza y del decreto de amnistía. En general, quedan dentro del decreto todas aquellas viviendas en las que hayan pasado cuatro años de su terminación completa salvo, y esto es importante, que estén en suelos especialmente protegidos, bienes o espacios catalogados, reservas para dotaciones o determinaciones del PGOU que, como se ha dicho, es reformable.
Hacer la lista de parcelas que quedan dentro de los suelos protegidos es larga. Pero se trata de casi todas las de la sierra incluidas la gran zona de El Salado y multitud de pequeños núcleos como Castro Picón, Rancho Blanco, San Cristóbal, El Altillo o El Cordobés. En todo Poniente, sólo hay seis puntos fuera del proceso de amnistía (cercanos a Encinarejo, dos de ellos zonas de naves industriales). En la zona de Levante, quedarían fuera del acceso a los servicios el Montón de la Sierra y Porrillas sur por las condiciones del suelo.
El hecho de que haya parcelas que puedan tener servicios no implica que vayan a tenerlos. El teniente de Urbanismo, Luis Martín, explicó ayer que el proceso obliga a pedir informes previos a las consejerías competentes en aquellos lugares donde puedan existir conflictos. Se trata de lugares amenazados en materia de incendios, inundaciones o geotecnica, en aquellos lugares donde la composición del suelo o sus pendientes lo hacen desfavorable o muy desfavorable a la existencia de viviendas.
En el caso del fuego, las casas tendrían que cumplir dos leyes, un decreto y una orden sobre prevención. En el caso del agua, todo queda condicionado a la existencia de dictámenes definitivos de la CHG porque, en principio, parcelas como Guadalvalle o La Altea no aparecen como suelo protegidas, en una copia literal del PGOU vigente. La CHG está realizando, al amparo de una directiva comunitaria, el mapa definitivo de las zonas afectadas por riesgo de inundación y ese será el caso de las parcelaciones de Medina Azahara, que dependen del planteamiento de la Consejería de Cultura que es quien tiene la última palabra sobre la dotación de servicios. Su delegada provincial ya ha dicho que el asunto no es negociable aunque existen documentos internos elaborados por la propia Junta que abogan, como una de las opciones, por cerrar el ciclo de las protestas y aplicarle el nuevo sistema que permite contar con servicios básicos.
El teniente de alcalde de Urbanismo, Luis Martín, aseguró ayer sobre Medina Azahara que fue el informe de la oficina técnica conjunta que abrieron la antigua Consejería de Obras Públicas y el Consistorio la que propuso, entre otras muchas cosas, dotar de servicios a esta zona y establecer planes de protección paisajística.
Buena parte de las 91 agrupaciones o asentamientos son partes de parcelaciones para las que ya existe previsión de legalización en un cambio del Plan General que está en estos momentos en aprobación provisional. Se trata de buena parte de la zona de Poniente donde se están recogiendo las nuevas zonas que se han venido urbanizando sin permisos municipales.
En la zona norte de la ciudad, buena parte de las parcelaciones, asentamientos o núcleos de viviendas quedarán fuera del proceso al estar dentro del supuesto que el decreto de la Junta deja fuera expresamente del régimen de tolerancia. Empezando por lo sencillo, podrían -en condicional- acceder al sistema AFO (Asimilado al Fuera de Ordenación) las parcelaciones las Siete Fincas (450 viviendas), El Negrete (23), El Melgarejo (26), Casilla del Aire (38), La Torrecilla-La Gitana (18), Virgen de la Cabeza-Pilar de Torrehoria (92) y Solana del Pilar (85). Algunas de estas parcelaciones no están completas al estar parcialmente afectadas por zonas de afección.
La razón de estar fuera o dentro de las zonas donde se pueden recibir servicios tiene que ver con la aplicación conjunta de la ley urbanística andaluza y del decreto de amnistía. En general, quedan dentro del decreto todas aquellas viviendas en las que hayan pasado cuatro años de su terminación completa salvo, y esto es importante, que estén en suelos especialmente protegidos, bienes o espacios catalogados, reservas para dotaciones o determinaciones del PGOU que, como se ha dicho, es reformable.
Hacer la lista de parcelas que quedan dentro de los suelos protegidos es larga. Pero se trata de casi todas las de la sierra incluidas la gran zona de El Salado y multitud de pequeños núcleos como Castro Picón, Rancho Blanco, San Cristóbal, El Altillo o El Cordobés. En todo Poniente, sólo hay seis puntos fuera del proceso de amnistía (cercanos a Encinarejo, dos de ellos zonas de naves industriales). En la zona de Levante, quedarían fuera del acceso a los servicios el Montón de la Sierra y Porrillas sur por las condiciones del suelo.
El hecho de que haya parcelas que puedan tener servicios no implica que vayan a tenerlos. El teniente de Urbanismo, Luis Martín, explicó ayer que el proceso obliga a pedir informes previos a las consejerías competentes en aquellos lugares donde puedan existir conflictos. Se trata de lugares amenazados en materia de incendios, inundaciones o geotecnica, en aquellos lugares donde la composición del suelo o sus pendientes lo hacen desfavorable o muy desfavorable a la existencia de viviendas.
En el caso del fuego, las casas tendrían que cumplir dos leyes, un decreto y una orden sobre prevención. En el caso del agua, todo queda condicionado a la existencia de dictámenes definitivos de la CHG porque, en principio, parcelas como Guadalvalle o La Altea no aparecen como suelo protegidas, en una copia literal del PGOU vigente. La CHG está realizando, al amparo de una directiva comunitaria, el mapa definitivo de las zonas afectadas por riesgo de inundación y ese será el caso de las parcelaciones de Medina Azahara, que dependen del planteamiento de la Consejería de Cultura que es quien tiene la última palabra sobre la dotación de servicios. Su delegada provincial ya ha dicho que el asunto no es negociable aunque existen documentos internos elaborados por la propia Junta que abogan, como una de las opciones, por cerrar el ciclo de las protestas y aplicarle el nuevo sistema que permite contar con servicios básicos.
El teniente de alcalde de Urbanismo, Luis Martín, aseguró ayer sobre Medina Azahara que fue el informe de la oficina técnica conjunta que abrieron la antigua Consejería de Obras Públicas y el Consistorio la que propuso, entre otras muchas cosas, dotar de servicios a esta zona y establecer planes de protección paisajística.
Buena parte de las 91 agrupaciones o asentamientos son partes de parcelaciones para las que ya existe previsión de legalización en un cambio del Plan General que está en estos momentos en aprobación provisional. Se trata de buena parte de la zona de Poniente donde se están recogiendo las nuevas zonas que se han venido urbanizando sin permisos municipales.
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