El Consistorio se queda sin margen para dar servicios a las parcelas
Concluye el periodo de gracia aprobado por la ley para que los municipios tomen esta medida El PP llevará al Pleno una moción para que se amplíe el plazo de un año
Rafael Ruiz | Actualizado 04.03.2013 - 01:00
Zona de parcelaciones anexa a la carretera del Aeropuerto, en la parte Oeste del término municipal.
El Ayuntamiento se ha quedado sin margen legal para aprobar un enganche general de servicios a las parcelaciones durante un periodo transitorio al haber vencido el plazo extraordinario que la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) otorgó en su última modificación de sustancia. El caso es que al Consistorio le coge este contexto con la moción prácticamente redactada, repartida incluso a los grupos políticos y a los representantes de los propietarios de las parcelaciones en una medida que pretendía llevarse al Pleno en semanas.
La explicación a esta cuestión se encuentra en la lectura de la ley 2/2012, en la que el Parlamento de Andalucía incluyó la disposición final que permitía estos enganches. Pero lo hizo con truco. Para evitar que los municipios le dieran el agua y la luz las viviendas sin licencia y que los propietarios de estas casas no las legalizaran o, en su caso, no se acogieran a la amnistía (el sistema de Asimilado a Fuera de Ordenación o AFO) estableció el plazo de 12 meses a partir de la publicación de la norma. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, firmó el texto legal el 30 de enero y se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el ocho de febrero de 2012. Esto es, el plazo legal para autorizar el enganche de servicios concluyó hace casi un mes.
Ninguna vivienda se ha acogido en Córdoba a este procedimiento extraordinario, explica el teniente de alcalde de Urbanismo, Luis Martín. Y se ha hecho así para evitar casos como el del Almodóvar del Río. En ese término municipal sí que se dieron enganches que, pasado el año, no han tenido el refrendo de un AFO (una situación que no legaliza la vivienda pero la tolera). Los vecinos afectados han realizado protestas porque la disposición de la LOUA obliga a cortar el agua y la luz de esas viviendas.
La declaración AFO no es freír un huevo. Exige de una serie de trámites e informes previos (aunque la Gerencia de Urbanismo ha aprobado, al menos, en los barrios del distrito norte de la ciudad). Entre otras cuestiones, se tiene que elaborar un censo de viviendas en suelo no urbanizable, que supera con creces las 4.000 en el caso de Córdoba capital, así como la redacción de una ordenanza que se incorpora al planeamiento de la ciudad. Era inviable, explica el teniente de alcalde de Urbanismo, realizar todo ese trabajo en un año con lo que existía el riesgo de que los servicios autorizados se tuvieran que clausurar tal y como exige la norma. "Pasado un año de la entrada en vigor de la presente Ley, no se podrán conceder nuevas autorizaciones y cesará la contratación del suministro autorizado, salvo que con anterioridad a dicho plazo se haya resuelto favorablemente el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, en cuyo caso el suministro se efectuará con las condiciones establecidas en dicha resolución", dice el texto literal de la ley.
El Partido Popular llevará al Pleno una moción en la que le reclamará a la Junta de Andalucía que establezca algún tipo de prórroga de la legislación con el propósito de poder llevar al Pleno el acuerdo que permita abrir un periodo de enganches de servicios en las parcelas. Dicha medida se llevaría a cabo sin menoscabo del resto de actuaciones que están teniendo lugar para ordenar la amnistía urbanística que promulgó el Gobierno andaluz a instancias de alcaldes de zonas de Andalucía con una fuerte presencia de viviendas adquiridas por ciudadanos extranjeros pero realizadas sin licencia.
El hecho de que se pudiesen conectar servicios no implica que todo el mundo pueda acceder a ello. En primer lugar, buena parte de las parcelaciones de la ciudad, al menos las más consolidadas, ya disponen de un grado desarrollado de servicios de abastecimiento de cuando este tipo de permisos se tramitaban de forma casi ordinaria por los delegados de la Alcaldía. Posteriormente, el Pleno autorizó varias iniciativas de estas características que fueron paralizadas de forma seca por la Fiscalía que entendía que el Ayuntamiento estaba traspasando de forma abrupta los límites. Y la norma, tradicionalmente, vinculaba la obtención de servicios básicos a la tenencia de una licencia de ocupación.
El periodo de gracia se abrió para viviendas que estuvieran ocupadas de forma permanente y que constituyesen la primera residencia. En ningún caso, y eso está bastante claro en la ley urbanística andaluza, se permite conectar servicios en viviendas que se encuentren en una zona protegida por legislación sectorial o que se hallen en zona de riesgo. Aún así, hay viviendas enclavadas en estas zonas a las que en el pasado se le facilitaron servicios básicos por presiones de los propietarios.
La explicación a esta cuestión se encuentra en la lectura de la ley 2/2012, en la que el Parlamento de Andalucía incluyó la disposición final que permitía estos enganches. Pero lo hizo con truco. Para evitar que los municipios le dieran el agua y la luz las viviendas sin licencia y que los propietarios de estas casas no las legalizaran o, en su caso, no se acogieran a la amnistía (el sistema de Asimilado a Fuera de Ordenación o AFO) estableció el plazo de 12 meses a partir de la publicación de la norma. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, firmó el texto legal el 30 de enero y se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el ocho de febrero de 2012. Esto es, el plazo legal para autorizar el enganche de servicios concluyó hace casi un mes.
Ninguna vivienda se ha acogido en Córdoba a este procedimiento extraordinario, explica el teniente de alcalde de Urbanismo, Luis Martín. Y se ha hecho así para evitar casos como el del Almodóvar del Río. En ese término municipal sí que se dieron enganches que, pasado el año, no han tenido el refrendo de un AFO (una situación que no legaliza la vivienda pero la tolera). Los vecinos afectados han realizado protestas porque la disposición de la LOUA obliga a cortar el agua y la luz de esas viviendas.
La declaración AFO no es freír un huevo. Exige de una serie de trámites e informes previos (aunque la Gerencia de Urbanismo ha aprobado, al menos, en los barrios del distrito norte de la ciudad). Entre otras cuestiones, se tiene que elaborar un censo de viviendas en suelo no urbanizable, que supera con creces las 4.000 en el caso de Córdoba capital, así como la redacción de una ordenanza que se incorpora al planeamiento de la ciudad. Era inviable, explica el teniente de alcalde de Urbanismo, realizar todo ese trabajo en un año con lo que existía el riesgo de que los servicios autorizados se tuvieran que clausurar tal y como exige la norma. "Pasado un año de la entrada en vigor de la presente Ley, no se podrán conceder nuevas autorizaciones y cesará la contratación del suministro autorizado, salvo que con anterioridad a dicho plazo se haya resuelto favorablemente el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, en cuyo caso el suministro se efectuará con las condiciones establecidas en dicha resolución", dice el texto literal de la ley.
El Partido Popular llevará al Pleno una moción en la que le reclamará a la Junta de Andalucía que establezca algún tipo de prórroga de la legislación con el propósito de poder llevar al Pleno el acuerdo que permita abrir un periodo de enganches de servicios en las parcelas. Dicha medida se llevaría a cabo sin menoscabo del resto de actuaciones que están teniendo lugar para ordenar la amnistía urbanística que promulgó el Gobierno andaluz a instancias de alcaldes de zonas de Andalucía con una fuerte presencia de viviendas adquiridas por ciudadanos extranjeros pero realizadas sin licencia.
El hecho de que se pudiesen conectar servicios no implica que todo el mundo pueda acceder a ello. En primer lugar, buena parte de las parcelaciones de la ciudad, al menos las más consolidadas, ya disponen de un grado desarrollado de servicios de abastecimiento de cuando este tipo de permisos se tramitaban de forma casi ordinaria por los delegados de la Alcaldía. Posteriormente, el Pleno autorizó varias iniciativas de estas características que fueron paralizadas de forma seca por la Fiscalía que entendía que el Ayuntamiento estaba traspasando de forma abrupta los límites. Y la norma, tradicionalmente, vinculaba la obtención de servicios básicos a la tenencia de una licencia de ocupación.
El periodo de gracia se abrió para viviendas que estuvieran ocupadas de forma permanente y que constituyesen la primera residencia. En ningún caso, y eso está bastante claro en la ley urbanística andaluza, se permite conectar servicios en viviendas que se encuentren en una zona protegida por legislación sectorial o que se hallen en zona de riesgo. Aún así, hay viviendas enclavadas en estas zonas a las que en el pasado se le facilitaron servicios básicos por presiones de los propietarios.
