El proceso para que una vivienda obtenga ventajas del decreto de la Junta es lento, aunque depende de los deberes que tenga que hacer cada municipio. En la capital, Urbanismo ya inició el año pasado la modificación del PGOU para aplicar el decreto, pero aún no ha culminado su tramitación. Los cálculos de la Junta hace un año eran que de cada diez viviendas, solo una se legalizaría, ocho lograrían el AFO --que no las regulariza pero reconoce su existencia y facilita los servicios--, y una seguiría en riesgo de derribo. La normativa que publicaba ayer el BOJA indica que no se puede reconocer la situación de AFO mientras no entren en vigor el avance con el inventario de viviendas y la ordenanza de habitabilidad. El Pleno debe aprobar el avance, que entrará en información pública y necesita un informe de la Junta.