Parcelistas se acogerán a una sentencia contra el IBI

EL SUPREMO DEFIENDE EL COBRO DEL URBANO SOLO EN SUELOS URBANIZADOS

Alamiriya afirma que no se podrá seguir exigiendo a urbanizables. Prevé recursos contra los recibos y espera que acelere la legalización

Los representantes de los distintos colectivos de parcelaciones de Córdoba están estudiando a fondo una sentencia del 30 de mayo del Tribunal Supremo relativa a un caso de Badajoz que podría tener efectos en Córdoba por su repercusión a nivel estatal. El fallo judicial, cuyo alcance está estudiando también la Federación de Asociaciones de Vecinos Al--Zahara, desestima un recurso interpuesto por la Abogacía General del Estado y la Dirección General del Catastro contra una sentencia del TSJA, que daba la razón a una fundación que defendía que su finca era terreno urbanizable pero no había iniciado el proceso de urbanización al no tener aprobado el instrumento de desarrollo, por lo que tendría que pagar el IBI rústico y no el urbano.
El presidente de la mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya, Manuel Sánchez, considera que la sentencia tendrá un doble efecto. Por un lado, aunque reconoce que "recuperar lo ya cobrado es difícil, porque habría que ir al juzgado", señala "que el que haya pagado este año puede reclamar", y anima a ello, ya que "el IBI es abusivo", sobre todo, a raíz de la subida de las valoraciones --de hasta un 30%-- que denunció Alamiriya. Además, cree que "obligará a gobiernos autónomos y locales a acelerar los procesos de regularización de terrenos urbanizables, dotándolos de los servicios básicos para que sean considerados urbanos y poderles aplicar el IBI urbano que la sentencia les prohíbe". Sánchez considera "injusto" el cobro del IBI urbano en base a que el terreno "lo será alguna vez", lo que implica pagar por unos servicios inexistentes. Calcula que en Córdoba en suelo urbanizable hay 50.000 familias.
El Abogado del Estado, en los argumentos que plasma la sentencia, avisa de que esta doctrina será "dañosa para el interés general" por su alcance, que va más allá del IBI, ya que repercute en otros impuestos. Calcula que a nivel nacional afectaría a 900.000 inmuebles. El Supremo reconoce que la "repercusión económica puede ser importante" y augura litigios. Aunque hay que tener en cuenta la normativa de cada comunidad y los planes urbanísticos de cada municipio --con sus propias tipologías de suelo--, deja claro que no todo el urbanizable tiene "per se la consideración catastral de suelo urbano". Señala que ante la disparidad existente, hay que seguir los criterios de texto refundido de la Ley de Suelo, es decir, un terreno es rural hasta que acabe la actuación de urbanización. Por su parte, el Ayuntamiento no ha estudiado el fallo pero, a priori, no cree que tenga repercusión en Córdoba.

Los parcelistas piden retirar las sanciones contra casas ilegales

LUIS MIRANDA / CÓRDOBA

Día 15/06/2014 - 10.02h

Se harían cargo de la urbanización, pero bajando exigencias y estándares de calidad

MIGUEL ÁNGEL

Reunión de asociaciones celebrada ayer en El Higuerón

Urbanización blanda costeada por los parcelistas a cambio de reducir o quitar multas. La petición de los residentes en los muchos núcleos irregulares del término municipal de Córdoba se centra en esta idea: unos costes asumibles para ellos y la petición de que las sanciones impuestas por la Junta de Andalucía no sea demasiado elevada. A las Administraciones implicadas, el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, no les parece mal, aunque su postura de momento está más cerca de un «quizá» con esperanzas que de un sí roturno.

La llamada Mesa del Higuerón, compuesta por asociaciones vecinales y expertos y que busca un proceso para la regularización de las parcelas, mantuvo ayer un encuentro informativo sobre este fenómeno, donde se expusieron las conclusiones y peticiones de los últimos meses de trabajo para los seis núcleos principales: Alcolea, Cerro Muriano, Santa Cruz, Santa María de Trassierra, El Higuerón y Villarrubia. El presidente de la federación de asociaciones vecinales Al Zahara, José Rojas, cree que lo fundamental era «poner sobre la mesa la realidad social y económica que hay en las parcelaciones». La razón, apuntó, es que «es necesario llevar a cabo una legalización contando con la realidad de cada una de las familias que viven en esta zona de Córdoba». Además, alertó de que sobre todo en la zona de la Vega del Guadalquivir hay cada vez más familias que tienen una casa irregular como única residencia.

Con la vista puesta en las 50.000 personas que, según él, «no tienen suministro básico de luz, agua y saneamiento público», Rojas insistió en la inoperancia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado por el Ayuntamiento en 2001. Rojas insistió sobre todo en que los propietarios de las casas y parcelas serán quienes paguen los gastos de urbanización, siempre que se reduzcan las exigencias y estándares establecidos en el PGOU y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El otro punto fundamental es la petición a la Junta de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y su política de sanciones. «¿Cómo van a pagar 120.000 euros por haber construido una vivienda que en la mayoría de los casos no llega a los 100 metros cuadrados?», se preguntó el presidente de la federación vecinal, en un argumento expresado después con insistencia en toda la reunión.

Los parcelistas esperan tener un plan final de urbanización para verano

Los vecinos quieren un acuerdo con las administraciones para que el proyecto salga adelante Noelia Santos | Actualizado 15.06.2014 - 01:00

Cargos políticos que acudieron ayer al encuentro informativo.

Un paso más. Esta es la afirmación de los parcelistas sobre el Encuentro Informativo sobre Parcelaciones que celebraron ayer en el centro cívico Rafael Villar de El Higuerón y al que acudieron, además de unos 300 dueños de fincas de este tipo, distintas personalidades políticas como el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, el secretario general del PSOE cordobés, Juan Pablo Durán, el coordinador provincial de IU, Pedro García, el líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez o el delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera. Así, de esta reunión entre parcelistas y administraciones, el presidente del consejo de distrito de El Higuerón, José Rodríguez, declaró que se va por el "buen camino" y esperan tener un documento final para verano de la futura urbanización de las distintas zonas de parcelas en Córdoba. En dicho encuentro, al que acudieron vecinos de Cerro Muriano, Alcolea, Santa María de Trassierra, Villarrubia, Santa Cruz, El Higuerón y también de Córdoba capital, se debatió un documento de propuestas de acción que la Mesa de Parcelaciones de El Higuerón ha elaborado tras consultar a todos los afectados sobre sus necesidades y preferencias.

Según Rodríguez, ese documento elaborado por los parcelistas ha contado con el apoyo de todas las administraciones (Junta y Ayuntamiento) ya que es más "flexible" que el Plan General de su momento y que "ha fracasado". El presidente del consejo de distrito de El Higuerón comentó que lo que esperan es "un acuerdo entre Urbanismo y la Junta para que finalmente la propuesta salga adelante". Sobre esta disposición de las administraciones, Rodríguez valoró que los "políticos hayan sido sensibles" y afirmó que "sólo queda que sigan teniendo esa misma flexibilidad para llevarlo a efecto".

Este portavoz de los parcelistas consideró el hecho de que la urbanización esté cada vez más cerca después de "12 años sin ninguna mejoría" pero también señaló que puede pasar que se "incumpla lo que han firmado".

Pero el documento elaborado por los vecinos, con total unanimidad, no fue lo único de lo que se habló en el encuentro de ayer. Todos los que acudieron hasta el centro cívico recibieron la ordenanza elaborada por Urbanismo esta misma semana y que fija los criterios para urbanizar las parcelas. A pesar de que aún no han tenido tiempo de estudiarlo -se trata de una urbanización blanda, hacer lo más básico para reducir costes-, Rodríguez manifestó que aún no han recibido la totalidad del documento y que falta lo que respecta a la financiación. Sobre esto, los parcelistas esperan que se reduzcan sus costes. "Al principio teníamos que pagar entre 40.000 y 50.000 euros, luego lo redujeron un 10% pero sigue siendo demasiado", explicó Rodríguez, que también añadió que hay que estudiar las medidas de seguridad. A pesar de ello, el portavoz comentó que los parcelistas "están todos a una y dispuestos a aceptar un acuerdo" para que por fin se lleve a cabo la urbanización.

Primo garantiza a los vecinos de Trassierra los medios aéreos contra incendios

MANUEL J. ALBERT | 13 de junio de 2014 a las 3:26 | No hay comentarios

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Primo Jurado en su reunión con los vecinos de Trassierra. | TONI BLANCO

El subdelegado del Gobierno mantiene una reunión con los representantes del distrito para explicarles las soluciones ante el cierre definitivo de la pista de Los Villares

La pista de Los Villares es inviable. Esta es la principal conclusión que se extrajo de la reunión mantenida hace unos días en Madrid entre la dirección de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), representantes de la Junta (dueña y gestora de la pista) y el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado. “Es inviable para el uso de aviones porque no cumple la normativa de seguridad aérea internacional”, ha señalado este jueves el subdelegado. A la pista le faltan 400 metros de pistas y la inclinación pertinente. Por tanto, no se puede usar para el despegue y el aterrizaje de aviones.
En su momento, se barajó la idea de que se permitiría el despegue desde esa pista si la entidad propietaria hubiese presentado un proyecto e iniciadas las obras. “Pero la Junta asume que ampliar la pista es inviable ahora por el coste económico que tiene, cerca de ocho millones de euros, y por impacto ambiental que tendría”, señala Primo Jurado. Aun así, el subdelegado, que mantuvo una reunión con los representantes vecinales del Distrito de Trassierra, garantiza la seguridad de esta comunidad ante el riesgo de incendios.
¿Soluciones? “El despegue de los helicópteros, que puede atacar el fuego en un primer golpe, sí está prevista en Los Villares. Ahora mismo hay uno y se piensa en subir a dos que abastecerían sus depósitos de agua en los embalses”, señala el subdelegado. Los aviones que hasta ahora operaban en Los Villares lo harán a partir de este verano desde el aeropuerto de Córdoba. Por otro lado, el Gobierno y la Agencia Estatal de Seguridad anima a la Junta a que ponga un avión más para que se aumentase así el ritmo de despegue.
“La tercera solución que se propuso era la construcción de crear una nueva pista en las inmediaciones de la base militar de Cerro Murianio. “Eso, siempre siempre y cuando sea compatibles con las instalaciones militares”.

La ordenanza reduce el gasto de urbanización de parcelas un 50%

Córdoba / Ayuntamiento B.L./J.M.C. / CÓRDOBA

Día 12/06/2014 - 09.12h

El tendido eléctrico será aéreo y el abastecimiento de agua con una tubería

archivo

Parcelaciones ilegales en Córdoba

Sorprendiendo a propios y extraños, el Ayuntamiento ha rematado su borrador de ordenanza reguladora de «urbanización blanda», de la que se lleva hablando desde 2011, y cuya finalidad es «conseguir una menor repercusión del coste por metro cuadrado de superficie edificable» en las obras que servirán para la regularización de las parcelaciones ilegales.

Tanto es así, que Manuel Mellado, abogado experto en urbanismo y asesor jurídico de la firma Ecourbe, tras examinar el texto consideró ayer a ABC que el ahorro para los parcelistas «puede llegar a un 50 por ciento fácilmente». Y es que, según sus cálculos, tal y como se plantea en la ordenanza el coste de urbanización por cada 1.000 metros cuadrados se quedaría «en unos 18.000 euros, frente a los 35.000» que podría costar sin la aplicación de esa nueva normativa municipal.

Si hablaran los propios parcelistas, como de hecho hicieron ayer por la mañana para presentar el encuentro informativo sobre parcelaciones que tendrá lugar en El Higuerón el próximo día 14, esa reducción es todavía mayor, ya que la horquilla que ellos barajan está entre los 60.000 y los 90.000 euros por cada 1.000 metros, y eso supondría, por tanto, una reducción de entre el 70 y el 80 por ciento.

Según la ordenanza, las calles que tengan un ancho igual o inferior a 10 metros no necesitarán tener ni aceras diferenciadas en altura de la calzada ni tampoco aparcamientos, mientras que para anchuras mayores -y si se quiere esa diferenciación- el acerado tendrá como mínimo 1,5 metros con bordillos sin aristas ni superiores a 14 centímetros de alto. Eso sí las pendientes de las plataformas no podrán ser mayores del 2 por ciento.

Respecto a las rampas de los viales, no superarán el 10% en tramos de hasta tres metros, del 8% hasta diez metros y el 6% hasta los 30 metros de largo, mientras que en cruces y glorietas nunca sobrepasará el 3%, por lo que ahí sí que habrá que aplicar nivelación.

Para afianzar el firme de la calzada se podrán aplicar soluciones más asequibles, como la estabilización con cal, cemento, cenizas o resinas sintéticas, mientras que se recomiendan los pavimentos continuos con una capa de rodadura de fácil restauración, como lis bituminosos. Uno de los principales ahorros se aplica en el tendido eléctrico, que será con lámparas LED. Puede instalarse vía aérea en postes o fachadas y únicamente el tendido de alta y media tensión se tendrá que soterrar. 

Otra cuestión que economiza bastante es la posibilidad de colocar una única tubería para la red de abastecimiento de agua bajo el acerado en calles con menos de 10 metros de ancho, mientras que para la red de saneamiento que no esté conectada a Emacsa se podrá contar con un sistema unitario con vertido o aliviadero a cauce público que lleve el visto bueno de la Confederación Hidrográfica. Además, se permite una ejecución por fases de las diferentes redes, que permite escalonar el gasto.

La Junta construirá una nueva pista en Cerro Muriano

El compromiso es que esté activa en 2015 ya que en Los Villares el uso de aviones es "inviable" G. N. Jiménez | Actualizado 13.06.2014 - 01:00

El subdelegado preside la reunión con los miembros del Consejo de Distrito de Trassierra.

Un avión sofoca un fuego en el campo de tiro de Cerro Muriano.

La Junta de Andalucía construirá una pista contra incendios junto a la base militar de Cerro Muriano en el plazo de un año. Así lo ha acordado la administración autonómica ante la imposibilidad de que los aviones aterricen y despeguen en la pista de Los Villares al no cumplir con los parámetros de seguridad necesarios. Para la ubicación de la nueva pista la Junta se encuentra en conversaciones constantes con el Ministerio de Defensa, aunque ya se barajan dos posibilidades, un terreno público o un terreno privado.

La construcción de esta nueva pista se abordó ayer durante un encuentro que los vecinos de Trassierra mantuvieron en la Subdelegación del Gobierno para conocer los acuerdos alcanzados en el transcurso de la reunión mantenida en Madrid con la dirección del AESA sobre el futuro de la pista de Los Villares. El propio subdelegado, Juan José Primo Jurado transmitió a los miembros del consejo de distrito de esta zona de la Sierra "garantía de seguridad" en cuanto a los incendios durante la época estival, aunque insistió en que en Los Villares en estos momentos "es inviable para el uso de aviones, porque no cumple la normativa de seguridad área internacional". En este sentido, puntualizó que "le faltan unos 400 metros de pista y la inclinación pertinente", de modo que se ha llegado al acuerdo entre el Gobierno y la Junta, propietaria de la pista, "que no se podía autorizar el uso de despegue de aviones", aunque "sí para helicópteros por tener las garantías de seguridad".

Los vecinos este verano se tendrán que conformar con la presencia únicamente de helicópteros en Los Villares hasta la construcción de la nueva pista en Cerro Muriano en el plazo de un año. Primo Jurado detalló que "la Junta asumió que ampliar la pista de Los Villares "es inviable por el coste económico que supondría", cerca de ocho millones de euros, y "por el impacto ambiental". Por tanto, la solución para este año es "el despegue de los helicópteros para atacar el fuego en un primer golpe", mientras que los aviones que operan desde Los Villares lo harán desde el aeropuerto de Córdoba.

En cuanto a un supuesto compromiso del Gobierno de permitir la presencia de aviones en Los Villares mientras la Junta acometía la ejecución de una nueva pista, el subdelegado le trasladó a los vecinos que el acuerdo "no fue así", y puntualizó que el mismo consistía en que "si se iniciaban las obras en la propia pista de Los Villares, sí habría una moratoria, pero no se han empezado ni se van a empezar".

Los vecinos, de este modo, salieron de la reunión con una sensación agridulce. El presidente del Consejo de Distrito Trassierra, Jerónimo Salazar, mostró su alegría por la construcción de una nueva pista en Cerro Muriano, pero a su vez se sintió "engañado" por la administración central, puesto que, según dijo, "se comprometió a "prorrogar la provisionalidad de Los Villares" si "la Junta hacían sus tareas". "No sabemos si aquí se está hablando de un tema de seguridad o de un tema político", insistió.

Salazar reiteró que "si los propios técnicos dicen que provisionalmente el riesgo de uso de la pista no es tan exagerado como la administración pretende decir, y los pilotos están de acuerdo, ¿qué problema hay en que la administración central cumpla lo suyo?". En definitiva, dijo que los vecinos se sienten "muy desilusionados con la postura del Gobierno", motivo por el que aseguró que siguen "con la misma inseguridad denunciada el año pasado".

El consejo de distrito y siete fincas piden la vuelta de los aviones de forma provisional hasta que esté construida la nueva pista

• 15:55 h. Última hora

El subdelegado del Gobierno transmite a los vecinos de la sierra "la seguridad" en Los Villares ante incendios

EUROPA PRESS 12/06/2014

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• 5La Junta destaca la profesionalidad del Infoca y hace un llamamiento para evitar incendios

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, se ha reunido este jueves con el Consejo de Distrito de Trassierra de la capital para tratar los acuerdos alcanzados en el transcurso de la reunión mantenida en Madrid con la dirección de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) sobre el futuro de la pista de Los Villares, en la que se utilizarán helicópteros, y a tal efecto transmite a los vecinos "la garantía de seguridad" en cuanto a los incendios.
En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Primo Jurado ha recordado que la pista de Los Villares en estos momentos "es inviable para el uso de aviones, porque no cumple la normativa de seguridad área internacional", dado que "le faltan unos 400 metros de pista y la inclinación pertinente", de modo que se ha llegado al acuerdo entre el Gobierno y la Junta, propietaria de la pista, "que no se podía autorizar el uso de despegue de aviones", aunque "sí para helicópteros por tener las garantías de seguridad".
En este sentido, detalla que "la Junta asumió que ampliarla es inviable por el coste económico que supondría, cerca de ocho millones de euros, y por el impacto ambiental". Por tanto, la solución ha sido "el despegue de los helicópteros para atacar el fuego en un primer golpe", mientras que los aviones que operan desde Los Villares lo harán desde el aeropuerto de Córdoba.
Además, indica que desde el Gobierno y AESA "se animó a la Junta a que pusiera un avión más, para aumentar el ritmo de despegue", al tiempo que valora que otra solución es "la construcción de una nueva pista en las inmediaciones de la base militar de Cerro Muriano, siempre que fuese compatible con las instalaciones militares", algo en lo que se trabaja para que el verano que viene ya estuviera operativa, según ha apuntado.
Igualmente, ha informado de que habrá unos dos helicópteros especializados en incendios en la pista de Los Villares, así como los depósitos de agua, y por otra parte "los aviones despegarían desde el aeropuerto y cargarían el agua en los embalses", señala.
Entretanto, el subdelegado comenta que los vecinos han recordado que "hubo un compromiso en que si la Junta hacía una promesa de una nueva pista se le daría una moratoria para despegar los aviones" desde la pista de Los Villares, si bien les ha explicado que "no fue así, que el compromiso era que si se iniciaban las obras en la propia pista de Los Villares, sí habría una moratoria, pero no se han empezado ni se van a empezar".
En cualquier caso, Primo Jurado destaca que los vecinos están "muy comprometidos con la seguridad", algo que valora "mucho por el interés que ponen", así como en "la seguridad ciudadana", puesto que el subdelegado recuerda que "la sierra está siendo objeto de vigilancia de seguridad tanto por los robos como por los incendios".
POSTURA DE LOS VECINOS
Por su parte, el presidente del Consejo de Distrito de Trassierra, Jerónimo Salazar, ha manifestado que "desde primera hora" eran "conscientes" de que la pista de Los Villares tenía "dificultades económicas y medioambientales de tipo muy serio de superar", de manera que "la opción era presionar a la Junta, al Infoca, y pedirle que buscaran una segunda solución en base a hacerlo en terrenos aledaños, porque el problema es el despegue de aviones".
Al respecto, explica que les daba igual que lo hicieran "operativo desde Los Villares o en un terreno aledaño", y a tal efecto apuntan que la Junta les comunicó que "estaban a punto de cerrar soluciones de terrenos aledaños que sirvieran para hacer la pista, incluso el tema económico estaba resuelto por parte de la Junta".
Sin embargo, según agrega, "la segunda parte de los acuerdos era que si la Junta hacía sus tareas, la administración central prorrogaría un poco más la provisionalidad de Los Villares, y en esa situación hemos estado creyendo en que iba a cumplir y no", dado que "se cierra en banda y en la absoluta ilegalidad del uso de la pista", ha lamentado Salazar, quien asevera que ya no sabe "si se habla de un tema de seguridad o político".
Y es que, a su juicio, "si es inseguro totalmente, lo será hagan las obras donde se hagan". Aunque, añade, "si hay una cierta posibilidad de un uso provisional de la pista, esa posibilidad hay que aprovecharla haga la Junta las tareas donde las haga".
No obstante, subraya que "si los técnicos dicen que provisionalmente el riesgo de uso de la pista no es tan exagerado como la administración pretende decir, y los pilotos están de acuerdo, ¿qué problema hay en que la administración central cumpla lo suyo?".
En definitiva, se sienten "muy desilusionados con la postura de la administración central", motivo por el que asegura que siguen "con la misma inseguridad denunciada el año pasado", y al mismo tiempo se muestra "muy contento" con la solución de la pista junto a la base de Cerro Muriano.