Urbanismo pide resolver el caso de las casas en zona protegida

EL CONSEJO DE GOBIERNO APROBARA HOY LA REFORMA DE LA LOUA PARA LAS VIVIENDAS ILEGALES

Luis Martín cree que hay que aclarar "hasta dónde llegar" en cada situación. Pide a la Junta que el nuevo decreto "se acuerde de Córdoba"

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  Luis Martín. -

ISABEL LEÑA 07/10/2014

Urbanismo está a la espera de conocer con más detalle la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) que afectará a viviendas construidas en suelo no urbanizable, y que aprobará hoy el Consejo de Gobierno de la Junta, antes de valorarla. No obstante, su presidente, Luis Martín, espera que el decreto "se acuerde de Córdoba" y no solo de las viviendas de la Axerquía malagueña o del litoral almeriense, porque, aunque "no vivimos en la costa, hay familias que necesitan resolver su situación y la dotación de servicios". Además, quiere que se resuelva la situación de las viviendas que están en suelo de especial protección, que son las que más complicado lo tienen todo, ya que se quedan fuera de esta reforma y tampoco se ven beneficiadas por el decreto del 2012 que contempla la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO). La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ya dijo hace unos días en el Parlamento que la reforma del artículo 185 de la LOUA no supondrá una amnistía, como tampoco lo fue el decreto del 2012, ni permitirá regularizar edificaciones situadas en zonas inundables y de especial protección o que tengan expedientes abiertos a nivel administrativo o penal.
Martín considera que todos los casos no son iguales y que hay que "ver hasta dónde se puede llegar" en los suelos de especial protección, por lo que es fundamental "aclarar" y determinar si se trata de "una calificación genérica" --como la de Suelo de Especial Protección de la Vega--, o si realmente hay algo que proteger. Otra cosa es, a su juicio, "el entorno de un BIC" o los riesgos de incendios e inundaciones. No obstante, recuerda que la Oficina técnica de Medina Azahara marcó unas pautas para las parcelaciones de la zona BIC; que no todos las casas que están en zona inundable tienen el mismo riesgo --afirmó que Guadalvalle es la más afectada pero en La Altea, Pilar de la Vega y Alcolea hay zonas donde llega el agua y otras no--; y en la Sierra hay casos como Siete Fincas que con un plan de mejora de medio rural y de evacuación "podría avanzar".

Luz verde a la regularización

El Gobierno andaluz aprobará este martes el decreto de 'legalización' de parcelas después de que el PSOE haya vencido las reticencias de IU; y el Presupuesto está casi hecho.

Juan M. Marqués Perales | Actualizado 05.10.2014 - 07:07

EL comité de enlace entre los socios del Gobierno andaluz parece una máquina demoledora de barreras entre el PSOE e Izquierda Unida; a este paso, sus miembros podrán ser candidatos al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En esta última semana, han salvado dos importantes escollos: el decreto de regularización de viviendas y el anteproyecto de Presupuestos de la Junta de 2015. Lo que ya es una mala relación estable entre la presidenta socialista Susana Díaz y el coordinador de IU, Antonio Maíllo, no va ser un motivo de ruptura de la coalición. No parece, aunque ambos manifiestan un claro caso de incompatibilidad de caracteres. Desde el PSOE, mantiene que Maíllo está "desorientado" porque no está dentro del Gobierno andaluz, y el líder de IU parece poco dispuesto a que Susana Díaz, con su yo, se convierta en una apisonadora en un Ejecutivo que no es de mayoría absoluta, sino de coalición.

Pero ésos son otros problemas. El Gobierno andaluz aprobará el próximo martes la regularización de viviendas construidas en parcelas ilegales sobre suelo no urbano. Al final IU, a la que molestó el modo en que Susana Díaz anunció este decreto, ha conseguido que los propietarios que aspiren a regularizar sus viviendas tengan que demostrar que su uso es residencial. No valdrán restaurantes, tiendas o naves de otro uso. La coalición de izquierda no ha podido introducir un requisito más exigente, y es que deseaba que el decreto sólo fuera aplicable a las viviendas de primera residencia. Finalmente, las consejeras de Medio Ambiente y de Fomento, María Jesús Serrano y Elena Cortés, han sancionado el acuerdo al que llegaron sus viceconsejeros después de varias reuniones en las que también participó la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer. Ahora se entiende por qué el PSOE se reservó la competencia de ordenación del territorio, y por qué la desgajó de Fomento, dirigida por IU.

Básicamente, el nuevo decreto lo que hace es enmendar el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua), que declaraba la "imprescriptibilidad" de este tipo de viviendas ilegales. Se tratan de parcelaciones establecidas sobre suelo no urbano, que ahora pasarán a ser regularizadas de tal modo que las viviendas podrán ser inscritas en los registros de la propiedad, recibirán licencia de primera ocupación y podrán contratar la electricidad y el suministro de agua. No obstante, deberán cumplir una serie de condiciones: el suelo no urbano debe ser común, es decir, que no tenga ningún tipo de protección; las viviendas deben tener una edad de, al menos, seis años; sobre ellas no podrá pesar ni expediente administrativo ni penal, y el propietario podrá hacer frente a los servicios básicos por su cuenta. Se trata de evitar que estos núcleos de viviendas, una vez regularizados, se puedan beneficiar de dinero público para su urbanización. Y, además, los dueños se deben comprometer a no realizar obras de ampliación.

Aunque estas viviendas se habían quedado en un limbo legal, lo cierto es que supone una victoria de la fuerza de los hechos sobre la legalidad urbanística en Andalucía. Claro, que el PP andaluz quería más: una ley de punto final, una regularización aún más masiva. Habrá que ver qué efecto llamada tiene este decreto para aquellos que desean construir en suelo rural a la espera de que, si tienen un poco de suerte, serán regularizados con el tiempo.

Aunque IU pone en duda el número de viviendas que serán regularizadas, la Consejería de Medio Ambiente insiste en que van de 20.000 a 25.000 casas, situadas básicamente en La Axarquía malagueña, en Granada y en Almería. IU no se opuso del todo a este decreto: en palabras de su coordinador, Antonio Maíllo, se presentó de un modo un tanto "gaseoso", vago, pero las posibles reticencias han sido vencidas por la negociación y por la presión de alcaldes de esta formación, caso del de El Arahal, Miguel Ángel Márquez.

Los parcelistas piden acciones a los políticos para legalizar sus casas

La Confederación CALU insiste en que es necesarios unificar criterios e invitar a la participación social de los afectados

E. P. | Actualizado 05.10.2014 - 01:00

Encuentro de los colectivos ayer en el Hotel Averroes.

La Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) va a continuar solicitando reuniones y encuentros, tanto con los responsables políticos "a todos los niveles", como con los técnicos competentes, para "demostrar su actitud dialogante, siempre dispuesta a colaborar en la búsqueda de encuentros y soluciones viables a este complejo problema". Así lo acordó ayer CALU por "unanimidad" en su cuarta reunión, que se celebró en el Hotel Averroes de Córdoba, y al que asistieron los colectivos que aglutinan a un 80% del territorio de Andalucía, entre los cuales se encuentran los principales colectivos representativos de los afectados. A su juicio, la reunión resultó "muy positiva" por el nivel de participación "activa, compromiso y aportación de ideas alternativas" a la problemática "caótica" que afecta a miles de familias andaluzas.

En el marco de este encuentro, todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que sigue siendo necesario "un trabajo continuo para unificar criterios, aunar esfuerzos e invitar a la participación social de todos los afectados, a través de los colectivos que los representan, para poder llevar a cabo todas y cada una de las acciones vecinales que sean necesarias". El único punto del orden del día fue el estudio de la modificación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) en algunos artículos significativos, como el 175, 185 y otros. Entre los temas tratados, destacan el pago de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), "a pesar de no tener o recibir servicios básicos"; la figura de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), que "no sólo no soluciona el problema existente, sino que puede llegar a agravarlo, ya que en caso de catástrofes naturales se agotaría la vida útil de la vivienda"; así como se habló de "la necesaria dignificación de las viviendas y, por tanto, de sus ocupantes, ya sea a través de esa aportación de servicios básicos o, según el criterio de los asistentes, con la necesaria modificación de aspectos concretos de la actual LOUA", señalaron desde el colectivo.

Los parcelistas cordobeses tienen ya su partido: el PCU

J. M. C. / Córdoba

Día 26/09/2014 - 22.12h

Crean una comisión de trabajo y aún no han decidido concurrir a las próximas municipales

miguel ángel

Asamblea de vecinos donde decidieron, este viernes, crear el partido Parcelistas Cordobeses Unidos (PCU)

Las próximas elecciones municipales de mayo van a estar bastante interesantes, en el caso de que todas las formaciones que están surgiendo últimamente decidan concurrir finalmente para ser elegidos en las urnas. El último de estos partidos es Parcelista Cordobeses Unidos (PCU), tras la decisión adoptada este viernes en asamblea convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos Córdoba Extrarradio. Una posibilidad que ya anunció en su día este periódico.

Precisamente, su presidente, Jorge Salvo, ha señalado a ABC que «se ha creado una comisión de trabajo» que se encargará de elegir a los que van a prestar sus rostros a la nueva formación y también a quien la va a dirigir.

La asamblea también ha servido para que se abordaran temas de interés para los parcelistas, como el coste final de la legalización de las urbanizaciones o el abaratamiento del suelño urbano en Córdoba frente a las revisiones catastrales al alza. En ella estuvieron presentes representantes de Córdoba Extrarradio y de la Federación de Parcelaciones Cordobesas (Fepacor), así como de parcelaciones como La Colina, Doña Manuela, Las Corralitas, Torreblanca, Torreblanca Norte, Los Maíces, El Lentisco, Maravilla del Aeropuerto, La Esparraguera, Villa Alegre de Barquera, La Borboja, El Marroquil y Monasterio.

«Nos gustaría dejar claro que este partido nace sólo para representar los intereses de los parcelistas y que va a luchar por la consecución de los servicios básicos en las parcelas», añadió Jorge Salvo. No obstante, consideró que era demasiado pronto para decir bien a las claras que piensa concurrir a las próximas municipales. Parece que el tiempo lo dirá.

En cualquier caso, para hacerse una mínima idea del potencial de este partido, en Córdoba hay 25.000 familias que viven en zonas regularizables y que podrían decidir en darles su voto. Baste recordar que en el Ayuntamiento hacen falta 5.000 votos para conseguir un concejal y en otras localidades, como Chiclana de la Frontera (Cádiz), ya lo han hecho con un gobierno de coalición entre el PP y el Partido Vecinal Regionalista (PVRE).

Parcelistas crearán un partido para las municipales

REDACCION 27/09/2014

Varios colectivos de parcelistas decidieron ayer en una asamblea a la que asistieron unas 60 personas crear un partido político y concurrir a las próximas elecciones municipales de mayo del 2015. La formación se llamará Parcelistas Cordobeses Unidos (PCU) y estará integrada por la Federación Córdoba Extrarradio, por la Federación de Parcelistas de Córdoba (Fepacor), La Colina, Doña Manuela y Las Corralitas, Torreblanca, Torreblanca Norte, Los Maíces, El Lentisco, Maravillas del Aeropuerto, Las Esparragueras, Villalegre de la Barquera, La Gorgoja--Marroquí y Monasterio. A partir de ahora, y según explicó el presidente de Córdoba Extrarradio, Jorge Selvo, se creará una comisión para empezar a trabajar y determinar los cargos. Selvo afirma que la iniciativa nace para "defender los problemas de los parcelistas desde el punto de vista social", ya que "hay mucha gente que no puede asumir los costes" de la regularización. Añade que el objetivo es "solucionar los problemas de los parcelistas", entre ellos, "la dotación de servicios básicos" y deja claro que "no es un partido convencional".

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¿Cómo regularizará la Junta las 25.000 viviendas ilegales?

Andalucía / medio ambiente

Miles de casas en suelos no urbanizables podrán acceder a los servicios de luz y agua e inscribirse en el registro de la propiedad con un nuevo decreto de la Junta

EFE/Román Ríos

Derribo de una vivienda ilegal en Vejer de la Frontera

Fue la pasada semana, en el Debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento, cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), concretamente el artículo 185, para permitir la regularización de alrededor de 25.000 viviendas construidas en suelos no urbanizables, sin ningún tipo de licencia municipal, y que por lo tanto son ilegales. El anuncio se tradujo en una propuesta de resolución del Grupo Socialista, que contó con el rechazo de Izquierda Unida, socio del PSOE en el Ejecutivo, pero que salió adelante con la abstención del Grupo Popular.

¿Cómo se articulará?

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio señalaron que será a través de un nuevo decreto donde quedará recogida la modificación del artículo 185 de la mencionada Ley de Ordenación Urbanística. El departamento que dirige María Jesús Serrano insiste en que no se trata de una amnistía ni de una legalización, sino de regularizar una situación que afecta a unos 25.000 inmuebles.

Beneficiarios

Serán los propietarios de unas 25.000 viviendas que se encuentran principalmente en las provincias de Málaga y Almería, levantadas en suelos no urbanizables, que no han podido ser regularizadas hasta el momento a través del decreto que la Junta aprobó en el año 2012.

¿Cuál es la novedad?

Con el decreto del año 2012 han podido regularizarse viviendas aisladas, edificaciones construidas en suelos no urbanizables o rústicos. Sin embargo, quedaron fuera las casas levantadas en parcelaciones, la división de terrenos en dos o más lotes. El artículo 185 de la LOUA no prevé la prescripción de las parcelaciones, y por lo tanto nunca podrán ser regularizadas las viviendas construidas en esos terrenos. El nuevo decreto tendrá que «desactivar» el mencionado artículo y afectará a este último grupo de casas, que tendrán la consideración de edificaciones «asimiladas al régimen de fuera de ordenación» (AFO). En cualquier caso, las parcelaciones no podrán tener las características de un asentamiento urbanístico de grandes dimensiones, cuya regularización, si procede, corresponde a los Planes Generales mediante su clasificación como suelo urbano o urbanizable.

¿A qué tendrán derecho?

Un vez regularizadas podrán contar con los servicios básicos de luz, agua y saneamiento, y asimismo tendrán la posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad. No obstante, no se les otorgará licencia de primera ocupación, por lo que no podrán realizar obras de ampliación, etc. En el decreto del año 2012 se indicaba que una construcción una vez regularizada no podrá ser objeto de demolición ni de sanción por parte de la Administración competente.

¿Qué requisitos se precisan?

Las viviendas que se quieran regularizar deberán tener más de seis años de antigüedad, no estar en suelos protegidos o con riesgo naturales y no tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa. Las viviendas en suelos protegidos o en zonas inundables son susceptibles de ser derribadas, si bien para llegar a esta situación se tiene que cumplimentar un proceso administrativo que en cualquier caso debe tener como colofón una orden judicial.

¿Consecuencias políticas?

La Junta de Andalucía se ha apresurado a señalar que la actuación tiene por objetivo sacar del «limbo jurídico» a las alrededor de 25.000 viviendas construidas sobre parcelaciones. IU, no obstante, advirtió que la medida tenía tintes electoralistas, dada la proximidad de la precampaña para los próximos comicios locales. Esta formación consideró que la medida se ha adoptado de forma «precipitada» y añadió que se trata de un asunto «muy complejo».

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

Díaz: "La regularización de viviendas es una cuestión de justicia social"

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  La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. - Foto: EFE

EFE 22/09/2014

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha admitido hoy su sorpresa por el rechazo de IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, a la regularización de 25.000 viviendas ilegales, pero ha defendido la medida con el argumento de que se trata de una "cuestión de justicia social".
El Parlamento aprobó la pasada semana, con la oposición de IU y la abstención del PP, la propuesta de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de una modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para regularizar las viviendas construidas hace años en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo para restituir la legalidad.
En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Efe, la dirigente socialista ha manifestado que le sorprendió la posición de IU en este asunto porque "no habíamos tenido ningún tipo de discrepancia", aunque ha confiado en que las dudas se superen en los próximos días.
No obstante, ha apuntando: "Hay gente que ha utilizado este tema por ignorancia o por malicia".
La jefa del Ejecutivo andaluz ha defendido la modificación legal para llevar a cabo algo que es "de justicia social", ya que existe un "problema real" de ciudadanos que viven con la incertidumbre de que se les puede derribar su vivienda.
"Dentro del marco de la ley hay entre 20.000 a 25.000 casas a las que tenemos que dar respuesta. Es una demanda de los alcaldes de todos los colores políticos, de todos los partidos y ciudadanos que tienen la inseguridad de que va a pasar con su viviendas", ha explicado.
Díaz ha querido aclarar que se trata de "regularizar no de legalizar" esas viviendas, lo que permitirá a miles de familias acceder al agua o la luz, y ha recordado que "no se trata de dar café para todos".
"Lo que no se puede dar es carta de naturaleza a gente que ha hecho las cosas mal, a gente que ha especulado y que ha construido donde no debía a sabiendas de que no debía. A esos promotores no se le puede dar coartada", ha apostillado.