Se trata de viviendas sobre suelos no urbanizables, fruto de parcelaciones familiares y de ventas fraudulentas a extranjeros
J. M. M. P. Sevilla | Actualizado 18.09.2014 - 06:47
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La
Junta procederá a una segunda gran regularización de viviendas ilegales
construidas, en esta ocasión, en suelos no urbanizables. Según los
cálculos de la Consejería de Medio Ambiente, la modificación legal que
ayer anunció la presidenta de la Junta beneficia a cerca de 25.000
viviendas repartidas por todo el territorio, pero concentradas en la
Axarquía malagueña y en el Levante almeriense. La modificación afecta al
artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), por el
que se declaraba la imprescriptibilidad de las casas construidas en
suelo no urbanizable, fruto de divisiones de una parcela y situadas
fuera de los núcleos urbanos.
Se trata, en realidad, de las viviendas que no pudieron ser regularizadas con el decreto 2/2012. Estos inmuebles no serán legalizados, sino regularizados; no se trata, por tanto, de una amnistía urbanística, pero sí permitirá a sus propietarios contratar los servicios de luz y de agua, inscribirlos en el registro de la propiedad y obtener una licencia de primera ocupación. Además, el hecho de que sean salvadas administrativamente, ofrece seguridad a los dueños de que penalmente no serán perseguidas o, difícilmente, perseguidas. Sí están exentas de esta regularización las casas construidas en terrenos protegidos, suelos inundables y aquellas que sean fruto de una parcelación masiva con fines económicos. Así, no están todas las parcelas de los alrededores de Medina Azahara, en Córdoba.
El decreto que ahora debe aprobar la Consejería de Medio Ambiente beneficia a dos tipos de construcciones: aquellas finca familiar que se dividió en cuatro o cinco parcelas para construir casas en suelo no urbanizable y las viviendas que compraron muchos extranjeros, básicamente británicos, sin conocer la ilegalidad de la construcción. La asociación Soha (Save our home in Axarquia) agrupa, por ejemplo, a unos 400 extranjeros que adquirieron viviendas en esta comarca malagueña sin saber que sus casas estaban construidas sobre un suelo en el que no se podía construir.
El decreto debe especificar ahora qué condiciones deben guardar estas viviendas, ya que se analizará caso por caso, no es una regularización indiscriminada aunque por su tamaño sí parece masiva. Según fuentes de Medio Ambiente, la división de la parcela inicial no podrá exceder de cuatro o cinco partes, tendrán que haber pasado seis años de la construcción y no paran, en ningún caso, los expedientes penales que pudieran estar en cauce.
Se trata, en realidad, de las viviendas que no pudieron ser regularizadas con el decreto 2/2012. Estos inmuebles no serán legalizados, sino regularizados; no se trata, por tanto, de una amnistía urbanística, pero sí permitirá a sus propietarios contratar los servicios de luz y de agua, inscribirlos en el registro de la propiedad y obtener una licencia de primera ocupación. Además, el hecho de que sean salvadas administrativamente, ofrece seguridad a los dueños de que penalmente no serán perseguidas o, difícilmente, perseguidas. Sí están exentas de esta regularización las casas construidas en terrenos protegidos, suelos inundables y aquellas que sean fruto de una parcelación masiva con fines económicos. Así, no están todas las parcelas de los alrededores de Medina Azahara, en Córdoba.
El decreto que ahora debe aprobar la Consejería de Medio Ambiente beneficia a dos tipos de construcciones: aquellas finca familiar que se dividió en cuatro o cinco parcelas para construir casas en suelo no urbanizable y las viviendas que compraron muchos extranjeros, básicamente británicos, sin conocer la ilegalidad de la construcción. La asociación Soha (Save our home in Axarquia) agrupa, por ejemplo, a unos 400 extranjeros que adquirieron viviendas en esta comarca malagueña sin saber que sus casas estaban construidas sobre un suelo en el que no se podía construir.
El decreto debe especificar ahora qué condiciones deben guardar estas viviendas, ya que se analizará caso por caso, no es una regularización indiscriminada aunque por su tamaño sí parece masiva. Según fuentes de Medio Ambiente, la división de la parcela inicial no podrá exceder de cuatro o cinco partes, tendrán que haber pasado seis años de la construcción y no paran, en ningún caso, los expedientes penales que pudieran estar en cauce.
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