ESPUESTA A UNA PREGUNTA DE IU SOBRE LA MOCION APROBADA HACE UN AÑO EN EL PLENO
Las parcelaciones de Medina Azahara, Sierra y aeropuerto no pueden tener ordenanza específica. El argumento colisiona con la propuesta de adelantar suministros básicos a casos concretos
ISABEL LEÑA 16/03/2015
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La
Gerencia de Urbanismo condiciona la dotación de servicios básicos en
las parcelaciones de la zona protegida de Medina Azahara, la Sierra y el
entorno del aeropuerto a una reforma de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que pone en manos de la Junta la
solución a las urbanizaciones más complejas. El presidente de la
Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, ha señalado que para elaborar una
ordenanza específica para esos tres grupos de parcelaciones "será
necesaria una modificación de la LOUA", según la respuesta que dio en un
consejo rector al portavoz de IU, Francisco Tejada, que presentó un
ruego por escrito para conocer las medidas que ha tomado el Ayuntamiento
después de la aprobación por el Pleno en marzo del año pasado de una
moción conjunta sobre los servicios básicos y la legalización de
distintas urbanizaciones.
Hace un año, el Pleno pedía a Urbanismo, a través de esa moción que presentaron IU y PSOE y que luego fue consensuada por todos, la aprobación de una ordenanza específica de urbanización para Las Pitas, Córdoba la Vieja y La Gorgoja II, que determine las condiciones en las que pueden acceder a la dotación de los servicios básicos necesarios. Una ordenanza concreta demandaba el Pleno también para las urbanizaciones del entorno del aeropuerto, que tienen la inundabilidad como principal hándicap. En este caso, sugería que se verificaran las condiciones de inundabilidad y adoptaran las medidas que fueran necesarias, aludiendo a los planes de mejora del medio rural o la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO). Por último, también proponía una ordenanza particular para la Sierra, echando ahí mano del plan especial de mejora del medio rural y del AFO y fijando medidas de conservación para evitar daños medioambientales y riesgos de incendio.
¿Qué tiene de especial esa respuesta? Que choca con el documento que prepara Urbanismo para adelantar, de forma provisional, la dotación de servicios básicos a viviendas ilegales concretas, incluso de zonas protegidas. El documento dice que para evitar situaciones de precariedad que afecten a la salud y al medioambiente, se autorizará la dotación de servicios por razones "de urgencia, de manera excepcional, provisional y transitoria, con carácter de precario", en casas en las que ya ha prescrito el delito, no tengan procesos judiciales abiertos, sean primera y única residencia, tengan redes a pie de parcela y no requieran infraestructuras. Ese documento, que está en fase de borrador, se presentó en la última mesa de parcelaciones de El Higuerón, el mismo día del consejo. El texto indica que la autorización de servicios básicos se hará extensiva a todas las edificaciones y asentamientos existentes en el inventario aprobado hace un año aunque se encuentren en suelos de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística. Aunque va enfocado a dar una solución a suelos de especial protección de la Vega, abría perspectivas para casas de zonas complejas como la Sierra y Medina Azahara.
La base está en acuerdos plenarios del 2000, 2003 y 2004, que ya contemplaban la posibilidad de adelantar servicios. La idea es que el interesado demuestre que ha iniciado el proceso para que su casa sea reconocida como Asimilado al Fuera de Ordenación o que está incluida en cualquier ámbito de ordenación urbanística. El documento debe pasar aún por el consejo rector de Urbanismo y por el Pleno, llegar a las compañías suministradoras y a la Junta, que ha de dar el visto bueno. De ahí que el presidente de Urbanismo, Luis Martín, piense que sea cual sea la opción que se baraje, la última palabra la tiene la Junta.
Hace un año, el Pleno pedía a Urbanismo, a través de esa moción que presentaron IU y PSOE y que luego fue consensuada por todos, la aprobación de una ordenanza específica de urbanización para Las Pitas, Córdoba la Vieja y La Gorgoja II, que determine las condiciones en las que pueden acceder a la dotación de los servicios básicos necesarios. Una ordenanza concreta demandaba el Pleno también para las urbanizaciones del entorno del aeropuerto, que tienen la inundabilidad como principal hándicap. En este caso, sugería que se verificaran las condiciones de inundabilidad y adoptaran las medidas que fueran necesarias, aludiendo a los planes de mejora del medio rural o la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO). Por último, también proponía una ordenanza particular para la Sierra, echando ahí mano del plan especial de mejora del medio rural y del AFO y fijando medidas de conservación para evitar daños medioambientales y riesgos de incendio.
¿Qué tiene de especial esa respuesta? Que choca con el documento que prepara Urbanismo para adelantar, de forma provisional, la dotación de servicios básicos a viviendas ilegales concretas, incluso de zonas protegidas. El documento dice que para evitar situaciones de precariedad que afecten a la salud y al medioambiente, se autorizará la dotación de servicios por razones "de urgencia, de manera excepcional, provisional y transitoria, con carácter de precario", en casas en las que ya ha prescrito el delito, no tengan procesos judiciales abiertos, sean primera y única residencia, tengan redes a pie de parcela y no requieran infraestructuras. Ese documento, que está en fase de borrador, se presentó en la última mesa de parcelaciones de El Higuerón, el mismo día del consejo. El texto indica que la autorización de servicios básicos se hará extensiva a todas las edificaciones y asentamientos existentes en el inventario aprobado hace un año aunque se encuentren en suelos de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística. Aunque va enfocado a dar una solución a suelos de especial protección de la Vega, abría perspectivas para casas de zonas complejas como la Sierra y Medina Azahara.
La base está en acuerdos plenarios del 2000, 2003 y 2004, que ya contemplaban la posibilidad de adelantar servicios. La idea es que el interesado demuestre que ha iniciado el proceso para que su casa sea reconocida como Asimilado al Fuera de Ordenación o que está incluida en cualquier ámbito de ordenación urbanística. El documento debe pasar aún por el consejo rector de Urbanismo y por el Pleno, llegar a las compañías suministradoras y a la Junta, que ha de dar el visto bueno. De ahí que el presidente de Urbanismo, Luis Martín, piense que sea cual sea la opción que se baraje, la última palabra la tiene la Junta.
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