La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, mantuvo ayer una reunión en el Ayuntamiento de La Carlota con la alcaldesa, Rafi Crespín, en la que destacó la labor que realizan las localidades andaluzas para completar los trámites necesarios para el desarrollo del Decreto sobre la Regulación de Viviendas Ilegales en la comunidad andaluza. En la reunión, a la que también acudieron el equipo municipal y diversos representantes de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano explicó que doce municipios cordobeses ya han completado los trámites previos necesarios para la aplicación del decreto autonómico y subrayó que la localidad carloteña ha sido la primera de la provincia que ha superado la primera fase de la aplicación de la norma. De hecho, ya cuenta con un documento de avance de delimitación de asentamientos en suelo no urbanizable, y el equipo de gobierno municipal está otorgando ya resoluciones de reconocimiento de asimilado fuera de ordenación (AFO).
AVANCES Los doce pueblos que están tramitando la primera fase de desarrollo del decreto de la Junta son, junto a La Carlota, Córdoba capital, Almodóvar del Río, Montemayor, Puente Genil y Santaella, que ya han aprobado definitivamente sus respectivos avances de delimitación. Por su parte, Castro del Río, Fernán Núñez y San Sebastián de los Ballesteros están tramitándolo actualmente. A todos ellos se unen la declaración de innecesariedad de los municipios de Benamejí, Añora y Adamuz.
Según informaron en la reunión los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, diez municipios más de esta provincia están realizando en estos momentos los trámites necesarios para contar con esta última declaración.
EL PGOU Por su parte, la alcaldesa de La Carlota, Rafi Crespín, planteó en el encuentro celebrado la voluntad del Consistorio de seguir avanzando en la ordenación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la necesidad de dar repuesta a las características especiales de este municipio, que tiene diez departamentos que pueden calificarse como núcleos rurales diseminados, aldeas estas que afectan en torno al 50 por ciento del censo de población carloteño.
La titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio manifestó el compromiso de su departamento para trabajar de la mano del Ayuntamiento carloteño para resolver las problemáticas detectadas y conseguir la fijación de los ciudadanos a sus territorios para evitar la despoblación de estos núcleos históricos.
Por su parte, Crespín explicó que la Junta tiene aún que aprobar una subsanación realizada por el Consistorio carloteño para que se pueda dar luz verde definitivamente a la modificación del PGOU.
Los departamentos carloteños implicados en el Decreto de Regulación de Viviendas Ilegales de la Junta de Andalucía son Los Algarbes, La Paz, El Rinconcillo, Monte Alto, El Arrecife y Las Pinedas, que suponen en torno al 30 por ciento de los habitantes de La Carlota. Los otros departamentos restantes --El Garabato, La Fuencubierta, La Chica Carlota y Aldea Quintana-- no presentan ningún problema al estar declarados como núcleos urbanos.
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