El Ayuntamiento quiere que el proceso abierto de regularización de parcelaciones deje su paso de tortuga

 

La ordenan

za que prepara Urbanismo agilizará servicios a miles de parcelas

B. L. / CÓRDOBA

Día 23/01/2013

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En seis meses tendrá que resolver la solicitud de AFO, que se amplía a núcleos en vía de regularizaciónExige una casa de al menos 25 metros cuadrados útiles y qué dotaciones faltan

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Vista aérea de La Campiñuela, junto a la línea del AVE, inmersa en el proceso de legalización

El Ayuntamiento quiere que el proceso abierto de regularización de parcelaciones deje su paso de tortuga. El proyectil para acelerarlo será la ordenanza de asimilado a fuera de ordenación (coloquialmente AFO) que prepara con horizontes ambiciosos. Por ello, además de lo que marca el decreto de la Junta, extenderá a los enclaves urbanizables y urbanos no consolidados la dotación de servicios básicos antes de ejecutar el costoso proyecto de urbanización. Esto afectará a miles de parcelas (unas cuatro mil, a priori).

No obstante, en Urbanismo reconocen la dificultad de concretar su alcance. Las ocho bolsas de parcelaciones que el PGOU de 2001 regularizaba, contaban con unas 4.000 viviendas que están en fase de legalización. Todas se beneficiarían de la declaración del AFO. Estas construcciones cumplen con creces el primer requisito para alcanzar esa figura. Para ellas, ha prescrito el periodo en que debían restaurar la legalidad vulnerada -en fase de derribo-, que actualmente es de seis años. Ahora, habrá que ver cuáles cuentan ya con servicios.

El siguiente paso sería determinar cuántas edificaciones más se han levantado desde que el Plan General hiciera esa foto fija en 2001, de cara a saber si han prescrito o no. Hay que recordar que esos ocho planes de sectorización recogen la posibilidad de llegar a un tope de 6.150 viviendas en esas parcelaciones.

Algo similar sucede con el otro gran paquete de parcelaciones en regularización (ampliación del primero), que engloba a nueve enclaves más de Poniente, que inicialmente no recogía el Plan General. De ellas, sí hay una foto fija reciente: 566 viviendas construidas, aunque en sus suelos se permitirán hasta 1.000. Dado que su proceso de legalización arrancó a principios de la pasada década, se presupone que en muchas de ellas ya habrá vencido el periodo para la restitución de la legalidad. De todas formas, aquí también habrá que observar si hay dotación de servicios y cuántas casas no han alcanzado la prescripción.

En definitiva, miles de viviendas en regularización que podrían beneficiarse, más tarde o temprano, de la ordenanza del AFO que emana del decreto de la Junta de 2012 para poner orden y amnistía en el suelo no urbanizable, permitiendo servicios básicos. Este nuevo régimen urbanístico se fija para agrupaciones de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, como sucede en algunas parcelas de la Sierra. No legaliza, pero sí reconoce jurídicamente el uso, permite servicios básicos e inscripciones en el Registro de la Propiedad. Para adaptarse a ese Decreto, el Consistorio está elaborando la ordenanza en cuestión.

Y ahí, Urbanismo ha visto la ocasión de agilizar el proceso de legalización ya en marcha en Córdoba. El borrador de esta ordenanza, al que ha tenido acceso ABC, extiende la aplicación de esta figura al suelo urbano no consolidado y urbanizable -o sea, a núcleos ilegales en regularización-. Así, estas parcelaciones no deberán esperar a ejecutar el proyecto de urbanización preceptivo para alcanzar luz, agua y alcantarillado si no lo tienen. Y es que son obras muy caras y los propietarios no pueden costearlas en plena crisis. Ni un solo enclave ha iniciado aún las tareas de urbanización.

Descripción de las obras

Eso sí, se les pondrá como condición que tengan definitivamente aprobados los proyectos de reparcelación y urbanización. Eso se hace para que no ejecuten las obras de abastecimiento de forma descontrolada y para que no desistan del proceso regulatorio.

El borrador establece que cuando una vivienda o un conjunto de ellas -caben las dos opciones- soliciten ser declaradas asimilado a fuera de ordenación, Urbanismo tendrá seis meses para notificar su decisión. En los casos en los que lo rechace -las declaraciones sí son individuales- comunicará a su dueño que la vivienda «no puede ser utilizada». Aunque suena a mero formalismo, ya que este tipo de advertencias en la práctica no se cumplen. El texto advierte de que si Urbanismo detecta que se ha pedido esta categoría para una casa sin infracción prescrita, «podrá ordenar el inicio del procedimiento administrativo para adoptar las medidas que procedan de protección de la legalidad».

Cuando un dueño formule la solicitud de esta figura, deberá presentar, entre otros documentos, una certificación técnica de que la casa reúne las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad. Por ejemplo, se exige que la vivienda tenga al menos 25 metros cuadrados útiles.

Igualmente, los propietarios deberán informar de qué obras necesitan para dotar de los servicios básicos necesarios a su edificación. Los propietarios en parcelas en regularización deberán especificar «si el acceso a las redes de abastecimiento de agua, saneamiento o luz forma parte o no del proyecto de urbanización».

Y a los dueños de casas de agrupaciones de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable se les demanda para lograr servicios que acrediten que mantendrán su uso de «forma autónoma y ambientalmente sostenible» o mediante el acceso a redes de compañía suministradora, «siempre que las mismas estén accesibles, dicha suministradora acredite la viabilidad de la acometida y no induzcan a que se implanten nuevas edificaciones».