Día 15/06/2014 - 10.02h
Se harían cargo de la urbanización, pero bajando exigencias y estándares de calidad
Urbanización blanda costeada por los parcelistas a cambio
de reducir o quitar multas. La petición de los residentes en los muchos
núcleos irregulares del término municipal de Córdoba se centra en esta
idea: unos costes asumibles para ellos y la petición de que las sanciones impuestas por la Junta de Andalucía no sea demasiado elevada.
A las Administraciones implicadas, el Ayuntamiento de Córdoba y la
Junta de Andalucía, no les parece mal, aunque su postura de momento está
más cerca de un «quizá» con esperanzas que de un sí roturno.
La llamada Mesa del Higuerón, compuesta por asociaciones
vecinales y expertos y que busca un proceso para la regularización de
las parcelas, mantuvo ayer un encuentro informativo sobre este fenómeno,
donde se expusieron las conclusiones y peticiones de los últimos meses
de trabajo para los seis núcleos principales: Alcolea, Cerro Muriano,
Santa Cruz, Santa María de Trassierra, El Higuerón y Villarrubia. El
presidente de la federación de asociaciones vecinales Al Zahara, José
Rojas, cree que lo fundamental era «poner sobre la mesa la realidad social y económica que hay en las parcelaciones».
La razón, apuntó, es que «es necesario llevar a cabo una legalización
contando con la realidad de cada una de las familias que viven en esta
zona de Córdoba». Además, alertó de que sobre todo en la zona de la Vega
del Guadalquivir hay cada vez más familias que tienen una casa
irregular como única residencia.
Con la vista puesta en las 50.000 personas que, según él, «no tienen suministro básico de luz, agua y saneamiento público»,
Rojas insistió en la inoperancia del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) aprobado por el Ayuntamiento en 2001. Rojas insistió sobre todo
en que los propietarios de las casas y parcelas serán quienes paguen los
gastos de urbanización, siempre que se reduzcan las exigencias y
estándares establecidos en el PGOU y el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA). El otro punto fundamental es la petición
a la Junta de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) y su política de sanciones. «¿Cómo van a pagar 120.000 euros por
haber construido una vivienda que en la mayoría de los casos no llega a
los 100 metros cuadrados?», se preguntó el presidente de la federación
vecinal, en un argumento expresado después con insistencia en toda la
reunión.
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