Articulo de prensa sobre siete fincas

Diario el DIA de Córdoba

Una parcelación de la Sierra quiere que cada casa depure sus aguas residuales

Las Siete Fincas propone la eliminación de las fosas sépticas a cambio de instalar equipos de oxidación o decantación en las viviendas para reducir el impacto ambiental que produce el asentamiento

Rafael Ruiz | Actualizado 23.04.2011 - 01:00

Parcelación de las Siete Fincas, la mayor de la Sierra.

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Una de las parcelaciones más importantes de la Sierra de Córdoba, Las Siete Fincas, ha propuesto a la Gerencia de Urbanismo que las casas dejen de depender de fosas sépticas para la evacuación de sus aguas negras. Dichas fosas son el elemento más usado por las parcelas irregulares de la ciudad, la mayor parte de las cuales no cuentan con una red de alcantarillado al uso, que en muchas ocasiones es la única red de servicios básicos de la que carecen. En el caso de Las Siete Fincas, la parcelación más grande de la Sierra, los propietarios han propuesto instalar minidepuradoras individuales, una por vivienda, de forma que se elimine el riesgo medioambiental de filtrado que existe siempre con estas instalaciones y cuya presencia ha sido advertida en numerosas ocasiones por los colectivos ecologistas y las autoridades ambientales.

Las Siete Fincas es, junto a Casilla del Aire (en el límite Norte del plan especial de Medina Azahara), las únicas parcelaciones no legalizables que han iniciado un plan especial de mejora del medio físico, una figura urbanística bastante compleja que permite dotarse de servicios básicos y realizar unas obras básicas de urbanización. El estudio presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo explora las posibilidades de realizar una red de tuberías de alcantarillado. Independientemente de los problemas que supone realizar tantas zanjas en una zona de la Sierra, el problema es qué hacer con los vertidos.

El informe realizado por los vecinos asegura que el punto más cercano para el vertido sería el río Guadiato, que se encuentra a varios kilómetros de distancia y para el que es preciso atravesar una orografía bastante compleja. La solución son equipos individuales costeados por cada propietario que funcionarían bien por el sistema de decantación bien por el sistema de oxidación. El presidente de la asociación de vecinos, Juan Cruz, aseguró que el agua, una vez depurada, puede utilizarse para usos no domésticos, como el baldeo.

El plan de Casilla del Aire difiere en este punto por lo planteado por las Siete Fincas. En la parcelación cercana a Santa María de Trassierra se plantean tres alternativas: realizar una red de alcantarillado hacia el colector de la red pública más cercano, crear una planta de depuración colectiva que lleve las aguas resultantes a un arroyo cercano y, por último, que cada propietario tenga que correr con los gastos de su depuradora individual. El documento opina que, en este caso, es factible la primera alternativa. Casilla del Aire propone, en este sentido, crear una red de alcantarillado mientras que las Siete Fincas, una parcelación de 390 hectáreas y más de medio millar de viviendas que se encuentran habitadas.

La dotación de servicios básicos encuentra su principal punto de fricción en este tipo de parcelaciones, ubicadas en zonas de valor natural. Se trata de casas que sí se van a beneficiar del decreto que prepara la Junta de Andalucía lo suficientemente antiguas como para tener la sanción abonada, contra las que no se pueden iniciar nuevos procesos disciplinarios y en las que el Gobierno andaluz pretende, para toda la comunidad autónoma, facilitar su acceso a los servicios básicos. En el caso de las Siete Fincas, las viviendas tienen servicio eléctrico y disponen de agua de un pozo de la zona que suministra una sociedad privada. En el caso de Casilla del Aire, parte de las 48 casas se abastecen de agua por una red propiedad de los vecinos y que se alimenta de un venero. El resto capta agua de los pozos. Dispone de energía eléctrica en todas las viviendas y, además, parte de la zona dispone también de red de telefonía.

La aprobación final de cualquier medida que se adopte en estas parcelaciones depende de un informe sectorial vinculante, que es responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.