Analizando solo el suelo no urbanizable y las
4.419 casas ilegales inventariadas en el mismo (en urbano y urbanizable
hay 6.000 más), casi el 80% (3.472) se encuentran en zona protegida por
normativa específica, territorial o urbanística, lo que, junto a los
riesgos de incendio e inundación y a la no prescripción del delito
urbanístico, es un hándicap para tener servicios. En caso de retirar
todo tipo de protección, serían potenciales beneficiarias. La mayoría
están en suelos de la Vega o la Sierra. En ese grupo, un 7% (296 casas)
están protegidas por la legislación sectorial como Las Pitas, Córdoba la
Vieja y La Gorgoja II, que están en el entorno de Medina Azahara. En
cuanto a riesgos, un 68% (3.053 viviendas) están en suelo con peligro de
incendio o inundación. La única manera de salvar la amenaza de incendio
es con planes de autoprotección y siempre que el suelo no esté
protegido, de ahí la importancia de la medida.
Como publicó CÓRDOBA en marzo del 2014, el avance de
Urbanismo aconseja revisar el PGOU e integrar asentamientos de la Vega,
donde ve viable la dotación de servicios. El documento percibe también
estructura urbana para contar con servicios en zonas de la Sierra como
Siete Fincas y Casilla del Aire.
No es la primera vez que se habla de dar
servicios en zonas protegidas. El anterior presidente de Urbanismo, Luis
Martín (PP), en enero del 2015 ya lo intentó con un documento que no
llegó a aprobarse. El actual presidente, Pedro García, en agosto del
2015, también se mostró partidario de cambiar el PGOU e integrar
parcelaciones.
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