Isabel Leña
25/09/2019
25/09/2019
Repartidas por la provincia hay más de 47.200 casas ilegales, de las que más de 11.000 se encuentran en Córdoba capital; 16.500 en la Campiña y Subbética (compartidas con Jaén); 2.562 en Montoro; 11.900 en el Guadiato-Pedroches; y 5.654 en la Vega del Guadalquivir (también compartidas con otra provincia). Los datos aparecen en la estimación de edificaciones irregulares que ha realizado la Junta de cara a la elaboración del decreto que aprobó ayer el Consejo de Gobierno. Esas más de 47.200 viviendas forman parte de las más de 327.500 que hay distribuidas por todo el territorio andaluz y a las que la Junta pretende abrir una nueva puerta para que consigan cierta regularización. No todas esas casas ilegales acabarán beneficiándose de este decreto. Como siempre ocurre con las parcelaciones, establecer a priori un número de beneficiarios es muy complicado. Basta mirar atrás para ver que todas las medidas que distintas administraciones han puesto en marcha hasta ahora en relación a las casas ilegales no han dado los resultados que se esperaban y a ellas se han acogido una mínima parte. Solo hace falta recordar el decreto que aprobó la Junta en el 2012 sobre suelo no urbanizable, que ahora queda derogado, y que tuvo escasos resultados. Cuando en el 2012 se difundieron las bondades de ese decreto y la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), la Junta ya hablaba de regularizar 300.000 viviendas en Andalucía, misión que ha resultado imposible.
Parcelaciones, una situación muy compleja
Hay que partir de la base de que el AFO no legaliza, solo reconoce que la edificación existe (permite su inscripción en el Registro de la Propiedad), posibilita el acceso a los servicios básicos (con condiciones) y obras de conservación. Nada más. Hasta ahora, el AFO se aplicaba solo en suelo no urbanizable, pero ya puede utilizarse también tanto en urbano no consolidado como urbanizable. Además, estaba enfocado a viviendas consideradas aisladas, ya que los asentamientos tenían como única salida su incorporación al PGOU, y ahora abarca a todo, por lo que el abanico se abre a más viviendas. Sin embargo, las limitaciones siguen. Ni viviendas en las que no ha prescrito el delito ni las que están en espacios de especial protección podrán recurrir al AFO. Aunque la nota difundida ayer por la Junta no alude a las zonas inundables, fuentes de Fomento y Vivienda explicaban a este periódico la semana pasada que podrán utilizar el AFO si toman antes medidas de calado para evitar riesgos.
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El panorama en la capital es el siguiente. El PGOU del 2001 recoge 7 parcelaciones en suelo urbano y 37 en urbanizable, cuyas casas, si cumplen los requisitos, podrán utilizar el AFO independientemente de que lleguen al final del proceso de legalización. Aunque parte de ellas han realizado trámites para regularizarse, solo Cuevas de Altázar ha alcanzado el tramo final. Entre el suelo urbano y el urbanizable puede haber más de 6.600 casas. Pero, además, hay un inventario que hizo Urbanismo en el 2014 que en suelo no urbanizable contabiliza 87 núcleos, entre asentamientos (47) y casas aisladas, con 4.419 viviendas, que son las teóricas beneficiarias del AFO desde el 2012. El problema ha sido, y seguirá siendo, que gran parte de las mismas no pueden acogerse porque se encuentran en espacios protegidos. Ahí entran las parcelaciones del entorno de Medina Azahara y las de la Sierra. En el 14% de esas edificaciones no ha prescrito el delito y el 79% están en suelo protegido por normativa específica, territorial o urbanística. Otro análisis permite ver que el 68% están en zona de riesgo de inundación o incendio. En definitiva, que el AFO, en ese suelo, es prácticamente inviable. De hecho, pocos propietarios se han acogido a esta fórmula.
Los colectivos de parcelistas esperan poco del decreto
A pesar de la ampliación del AFO, del anuncio de su agilización, y del impulso a planes especiales que no requieran esperar a la aprobación de un PGOU, colectivos como la plataforma de Afectados por las Inundaciones (Apaig) y el Consejo del Movimiento Ciudadano esperan poco del decreto. El presidente de Apaig y CALU, Francisco León, considera «un chantaje tener que pasar por el AFO para tener luz, agua y alcantarillado». León considera que el decreto solo beneficia a la Axerquía malagueña y al Valle del Almanzora, en Almería. «Estamos casi lo mismo que al principio», señala, con la misma «incertidumbre», ya que con el AFO «la casa sigue siendo ilegal» y «si se cae, no la puedes rehacer». «Más de lo mismo» es para el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, el decreto. «Ahora todo se hará vía AFO, que es negativo porque tiene unos costes y la situación sigue siendo de ilegalidad». Además, el AFO «no ha funcionado». Aunque hay nuevas soluciones para las zonas urbanas y urbanizables, señala que «la especial protección no se toca ni la inundabilidad». De Gracia plantea «dudas» como qué pasará con los núcleos del inventario de Urbanismo al derogarse el decreto del 2012, ya que «los asentamientos que hay debían incorporarse al PGOU». A su juicio, hace falta modificar el PGOU para sumarlos y quitar la especial protección.
Una vez aprobado este «decreto ley de urgencia», como lo calificó ayer la Junta, el siguiente capítulo será la futura ley del suelo.
