Las 26 parcelaciones ilegales con riesgo de inundación y sus 1.252 casas han sido un puzle irresoluble para los distintos gobiernos locales. En realidad, se trata de encajar cuatro piezas, pero es un rompecabezas infernal. Éstos son los elementos del puzzle.
Altea y Llanos de la Vega
Desde que se aprobó el PGOU de 2001, las dos mayores bolsas de parcelas ilegales del río pueden acogerse a los planes de mejora del medio rural. Suman 478 casas. Ello se debe a que están catalogadas como suelo no urbanizable con parcelación.
El plan de mejora del medio rural obliga a que los dueños adopten medidas contra las riadas. A cambio lograrían el permiso para los servicios básicos. Estas parcelaciones no los han promovido, dado su alto coste.
Les queda otra opción para acceder a los servicios básicos. El Ayuntamiento tiene abierto un proceso para adaptarse a los cambios que ha introducido la Junta en la normativa de construcciones ilegales. Dicho proceso acabará con una innovación del PGOU. Estas dos parcelaciones están consideradas como asentamientos urbanísticos, con lo que en esa revisión se estudiaría si pueden ser catalogados como suelo regularizable. De obtener esa categoría, podrían acceder a todo tipo de servicios.
Eso sí, las viviendas de La Altea y Llanos de la Vega no tienen una espada de Damocles con la demolición. Al levantarse en suelo no urbanizable con parcelación, cuando pasan los seis años para restituir la legalidad -para derribar-, ya no se pueden tirar. Como son parcelas con trayectoria, la mayoría de sus viviendas deben ser inmunes a la demolición.
Las otras intocables
Urbanismo tiene abierto el citado proceso de adaptación a la normativa autonómica sobre construcciones ilegales. El primer paso ha sido un inventario de los enclaves en suelo no urbanizable e iniciar la tramitación de la ordenanza para aplicar la categoría de asimilado fuera de ordenación (AFO). Es una especie de limbo por el que una construcción no es legal, pero sí se admite su ocupación o que logre los servicios básicos -siempre abonados por los propietarios-.
A ella se pueden acoger las bolsas de suelo catalogadas como edificaciones aisladas. De todas las que recoge el inventario en zonas inundables, las que podrían tener más expedito el acceso serían Cañuelo Bajo (21 casas) y La Atalayuela (60). Ahora bien, para lograr el AFO, se exigiría a los dueños que tomaran medidas contra las riadas, cuyo presupuesto es elevado.
Eso sí, como en La Altea y Llanos de la Vega, al ser suelo no urbanizable con parcelación, una vez que expira el periodo para la restitución de la legalidad, sus casas no pueden ser demolidas.
La pieza que no encaja.
Hay 16 parcelas con riesgo de inundación levantadas en suelo no urbanizable de especial protección de la Vega y catalogadas como asentamiento urbanístico en el inventario. Esto último supone que, para aclarar su futuro, deben esperar a la futura innovación del PGOU. Cada una de ellas se enfrentará a tres escenarios en la revisión: pasar a ser suelo urbanizable, con lo que lograrían los servicios; cambio de clasificación a suelo no especialmente protegido y habría que ver si logran el AFO -implica medidas correctoras contra las avenidas-; o mantenimiento de su catalogación. En este último supuesto, no podrán iniciar la vía para lograr la categoría de asimilado fuera de ordenación. Un requisito para acceder a ella es que se haya agotado el periodo para la restitución de la legalidad, para la demolición. Y en los suelos no urbanizables de especial protección ese periodo no prescribe nunca.
Es decir, el Ayuntamiento ahora mismo podría demoler las 599 viviendas de estos enclaves.
Edificaciones aisladas
Por último, hay 52 viviendas en parcelaciones ilegales inundables levantadas en suelo no urbanizable de especial protección de la Vega e incluidas en el epígrafe de edificaciones aisladas. Están en Encinarejo. A priori, tienen cerrada la concesión de servicios básicos. Además, Capitulares también tiene la posibilidad de demolerlas.
