Día 11/02/2014 - 08.35h
Elevan el primer documento de ideas para superar «el fracaso» del PGOU
Menos de todo para superar la situación de «fracaso» del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esa es la salida que ofrecen 42 entidades ligadas a los intereses de los parcelistas que han examinado, en reuniones conjuntas con las administraciones, impulsadas por el Consejo de Distrito de El Higuerón. El documento establece como condiciones necesarias para remontar la actual situación que el proceso de legalización sea mucho más barato que ahora, que se corrijan a la baja los aspectos sancionadores en determinados supuestos y que sea más sencillo acceder a los supuestos de dotación de servicios reconociendo que en las viviendas sin documentos viven familias. También se reclaman reducciones tributarias de consideración para favorecer la medida.
Entre las propuestas, algunas exigen meros retoques de la norma que en estos momentos están vigentes. Otras se parecen a la redacción que tuvo el PGOU en sus documentos finales, que la Junta vetó expresamente para endurecer el tratamiento a los propietarios. Por ejemplo, en materia de legalización, la idea de la corporación municipal que tramitó el documento de planeamiento era la de permitir unas urbanizaciones suaves que permitieran dotar las parcelaciones de forma estándar aunque con un aspecto similar al de las zonas rústicas.
El documento reclama que le sea más fácil llevar a cabo estas actuaciones a los propietarios en contenidos y calendarios. Así, reclama que se puedan llevar a cabo por fases aunque se permita el acceso anticipado a los servicios de forma que no se tenga que dar por acabada la urbanización para que se pueda dotar a las viviendas de agua, electricidad y alcantarillado. Además, se reclama que se reutilicen siempre las redes existentes, cuando las hay, y que no se obligue siempre a las juntas de compensación a ponerlas nuevas como estrategia de ahorro.
Los propietarios reclaman que no sea de general aplicación la aportación del 10% del aprovechamiento que se tiene que entregar al Ayuntamiento, bien en suelo bien en dinero. Y reclaman que los propietarios de menor renta —los que estén por debajo de 3,5 veces el Iprem y tengan su única vivienda en una parcelación—, deben quedar excluidos. Para el resto, se propone realizar las valoraciones a la baja , fraccionar el pago y llevarlo como carga al Registro de la Propiedad de forma que solo se abone cuando la vivienda se venda, se legalice de forma efectiva o tenga servicios por la vía del AFO.
Capítulo de sanciones
Las sanciones conforman el último gran capítulo de demandas. Antes de la entrada en vigor de la ley urbanística andaluza, la LOUA, las sanciones eran del diez por ciento. El legislador autonómico entendió, porque era lo que ocurría, que no eran lo suficientemente contundentes. Las sanciones actuales pueden llegar a ser de la misma cuantía de lo que cuesta hacer la vivienda en unos porcentajes que se aplican en función de la gravedad de los hechos con parámetros como el tipo de suelo en el que se ha cometido la infracción. El documento demanda, por ejemplo, que se acabe ese sistema de porcentajes y se pase a uno fijo.
El texto, que se ha remitido a todos los miembros del Pleno, establece consideraciones para los territorios más complejos. Por ejemplo, propone una ordenanza específica para el entorno de Medina Azahara que concilie la urbanización y la preservación del patrimonio. Reclama que las parcelaciones del entorno del aeropuerto, ubicadas en terrenos inundados ahora hace cuatro años, puedan acceder a servicios por medio del Asimilado al Fuera de Ordenación. Para la Sierra, se reclama el desbloqueo del plan especial que la regula que permite el acceso a las dotaciones básicas por medio de documentos urbanísticos hasta ahora vetados por la Junta.
