Diario el Dia sobre parcelaciones

Viernes, 13 de enero de 2012
Galerías gráficasCanalesBlogsParticipaciónHemerotecaBoletínEspecialesMapa WebCórdoba
PortadaCórdobaProvinciaDeportesAndalucíaActualidadTecnologíaCulturaTVOpiniónSalud El Día de Córdoba, Noticias de Córdoba y su ProvinciaCórdobaLas parcelaciones de la Sierra podrán acceder a servicios básicos autónomos Las parcelaciones de la Sierra podrán acceder a servicios básicos autónomos
Las parcelaciones de la Sierra podrán acceder a servicios básicos autónomos
El texto definitivo del decreto permitirá a las viviendas de imposible demolición que sean toleradas y que cuenten con unas medidas básicas · Debate en torno a los efectos en las parcelas inundables

Rafael Ruiz | Actualizado 12.01.2012 - 01:00



Derribo de una parcela en el término municipal de Obejo en 2007.
1 comentario5 votos La versión definitiva del decreto sobre parcelaciones aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía permitirá a una significativa parte del millar de viviendas levantadas sin licencia en la Sierra de Córdoba el acceso a una serie de servicios básicos incluso si éstas estuvieran ubicadas en zonas de especial protección si fueron levantadas antes de que se produjese esa catalogación oficial. El texto definitivo establece un cauce -la asimilación al fuera de ordenación- con el objetivo de que estas viviendas puedan acceder a una serie de servicios aclarando un debate abierto con el Plan Especial de la Sierra.

Una de las primeras cuestiones a aclarar es la catalogación del suelo. Contra lo que se pudiera creer, las parcelaciones de la sierra son suelo no urbanizable pero no tienen ninguna protección especial detrás. En la última versión del PGOU, todos estos asentamientos están catalogados como no urbanizable natural y rural, una categoría genérica que reconoce los suelos con parcelación a reconducir o paralizar. Se trata de la misma calificación de terrenos que tienen las parcelas que se inundaron junto al Guadalquivir.

La regla general del decreto de la Junta es que no pueden acceder a servicios viviendas ubicadas en cualquier clase de suelo problemático. Se establecen, sin embargo, la excepción de que podrán acceder a servicios básicos aquellas edificaciones que no puedan ser derribadas por haberse superado el plazo de cuatro años que tiene la Administración para demoler un inmueble. Contra lo que se está diciendo, el decreto no salva nada de la piqueta. Es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de mayor rango, la que establece cuándo puede prescribir una sanción urbanística.

Se estima que en la Sierra de Córdoba se han edificado desde los años 70 unas 1.400 viviendas, el 60% agrupadas en 11 núcleos irregulares y la mitad de ellas en zonas de alto riesgo de incendios, según los datos de la Universidad de Córdoba. La zona sin licencia más urbanizada es Las Siete Fincas, una parcelación que ya tiene el compromiso municipal de facilitar servicios básicos. El decreto establece que las viviendas que opten por acogerse al nuevo régimen de tolerancia podrán conectarse a las redes de agua, alcantarillado y energía eléctrica de forma excepcional por medio de una resolución municipal motivada. Las compañías suministradoras tendrán que emitir un informe sobre la viabilidad de realizar obras sencillas de conexión puesto que la clave es que no sea preciso realizar costosas iniciativas de conexión. Es evidente que esa regla es difícil de cumplir en aquellas zonas que se encuentran en lugares poco accesibles de la Sierra aunque beneficia a las que se encuentran cerca de núcleos legales como Trassierra o Las Jaras.

En defecto de una tubería cercana, la Junta de Andalucía opta en su decreto por "instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa aplicable". Obras Públicas no da muchos datos sobre qué puede significar eso aunque parece claro que se está hablando de pozos, energía fotovoltaica o depuradoras individuales de aguas residuales. Ya existen proyectos de entidades vecinales para aprovechar este tipo de tecnología. Todas las inversiones que tendrían que realizarse correrían a costa de los vecinos, que no tendrían que realizar una inversión tan costosa como la que suponen los procedimientos de legalización de parcelas actualmente en marcha.

El tratamiento de las parcelas inundables es mucho más peliagudo que el de las parcelas de la Sierra. Teóricamente, el decreto de la Junta estima que las viviendas que se encuentren en zonas de riesgo cierto quedan excluidas del acceso a servicios salvo que tengan prescrito la orden de demolición con carácter previo a la protección de la zona en la que se ubican. Zonas como Guadalvalle se encuentran dentro de las zonas inundables del Guadalquivir pero, según el PGOU, no tienen ningún grado de protección específico. Desde la Junta de Andalucía, se asegura que en este caso sería muy complejo la conexión a servicios básicos al encontrarse en una parte de la ciudad donde no deben existir viviendas como consecuencia de un riesgo evidente. El decreto establece que los suelos de estas características nunca podrán incluirse en el planeamiento de la ciudad mediante una legalización hasta tanto no se solvente el problema que los genera que, en este caso particular, es de muy compleja resolución.

El decreto autonómico establece una medida de alcance general y es que reclama a todos los ayuntamientos medidas concretas de cara a restablecer la legalidad en el caso de construcciones ilegales. Los municipios tendrán que realizar un plan de inspección urbanística que tendrá que contener medidas concretas para reducir las zonas levantadas sin licencia. En Córdoba capital, sólo se ha producido un derribo de viviendas, el de una casa levantada en el Cerro San Cristóbal en el anterior mandato. El actual gobierno municipal decidió desgajar la disciplina urbanística de la Gerencia aunque aún es preciso dotarla de contenido y de personal con un cuerpo de inspectores.
1 comentario5 votos
1 comentario

1 manolo 12.01.2012, 11:30
No es cierto, la sierra es Suelo No Urbanizable de Especial Protección, sí está protegido, a diferencia de la campiña, que es suelo no urbanizable a secas. Por eso en la sierra nunca podría llevarse a efecto la regularización, sino solo e reconocimiento, y en puridad ni eso.
Ver todos los comentarios Normas de uso
Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.

articulo en prensa sobre el Decreto de la Junta de Andalucía

La aplicación del decreto dependerá de la diligencia de los ayuntamientos Viviendas del entorno protegido de Medina Azahara. La entrada en vigor del decreto de la Junta sobre las viviendas en suelo no urbanizable no implica su aplicación inmediata, con lo que podrían transcurrir meses, e incluso años, hasta que se vean sus consecuencias. Todo dependerá de la prisa que se den los ayuntamientos en cumplir las reglas que establece en sus tres supuestos --casas aisladas, asentamientos y hábitats rurales--. Una de ellas es la del inventario que todos están obligados a realizar, tengan o no PGOU. El delegado provincial de Obras Públicas, Francisco García, deja claro que "el decreto no se empieza a aplicar mañana, antes tienen que elaborar los ayuntamientos los inventarios y el diagnóstico de su realidad para ver que casuística tienen y dar respuesta a cada circunstancia", ya que "hay muchas situaciones que hay que interpretar". Aunque el decreto prevé unas reglas globales de aplicación "automática", cada provincia tiene sus peculiaridades. Aún así, asegura que habrá "un pequeño porcentaje de viviendas que se legalizará directamente, convirtiéndose en suelo urbano no consolidado o urbanizable; un gran porcentaje de casas aisladas o de asentamientos que no se van a legalizar pero sí a reconocer como asimilado al fuera de ordenación para tener acceso a servicios en autoabastecimiento; y otro pequeño porcentaje de construcciones que están en zonas de peligro que tendrán que ir eliminándose de forma paulatina conforme a lo que vayan marcando los ayuntamientos". En manos de estos quedará también la autorización para la obtención de servicios básicos --luz, agua y saneamiento-- de manera autónoma. No obstante, el decreto marca una excepción a este sistema en las casas aisladas, que sí podrán engancharse a una red de agua potable o eléctrica siempre que sea accesible, que las suministradoras acrediten la viabilidad de la acometida y no induzca a más edificaciones. "Lo que no se puede es llevar servicios desde la red municipal a una casa", indica. En todos los casos previstos el coste corre a cargo de los propietarios. La concreción de esa radiografía necesaria será más fácil en Córdoba capital, que cuenta con un plan de ordenación "completo", según el delegado. El PGOU recogía más de 90 parcelaciones y 4.650 casas en suelo no urbanizable, pero clasificó 12 como suelo urbano; 12, urbanizable programado; 29, urbanizable no programado; y 17, no urbanizable con parcelación, de las que 8 podían desarrollar planes de mejora para dotarse de las infraestructuras mínimas y 9 tenían esa posibilidad pero condicionada a informes de Cultura --Medina Azahara--, Aviación Civil --aeropuerto-- y la Confederación Hidrográfica --inundables--. Ahí entraban Las Pitas, Córdoba la Vieja y La Gorgoja II, pero en el 2003 entraron en zona BIC. Por último, había 18 de la Sierra y 2 de la Vega en suelo de especial protección, que quedaban fuera de ordenación sin posibilidades de reformas ni servicios. El presidente de Urbanismo, Luis Martín, asegura que los técnicos harán un informe exhaustivo sobre el decreto y estudiarán a qué suelos se puede aplicar y si afecta a las 9 parcelaciones de Poniente de la innovación que se tramita o al Cortijo de El Rubio, por ejemplo. En cualquier caso, dice, "vamos a aplicar todo lo beneficioso del decreto". Aún así, critica la contradicción entre que se censure la presencia de casas en la zona BIC de Medina Azahara y se permitan placas fotovoltaicas. También aboga por "ver casas y personas más que suelo".
Volver al índice
El PSOE carga contra Martín y Nieto por "decir cada día una cosa" a los parcelistas
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Pablo Durán, afirmó ayer que "en nada va a cambiar el panorama urbanístico" con el decreto aprobado por la Junta de Andalucía y cargó contra los populares Luis Martín y José Antonio Nieto por decir que la normativa llega tarde, cuando "los que van tarde son ellos". Durán señaló en una rueda de prensa que "cada día dicen una cosa distinta" y subrayó que "en la oposición todo eran promesas a los parcelistasy aún no han puesto en marcha el grupo específico dentro de la Gerencia de Urbanismo que prometieron". El decreto "no es una panacea" para la ciudad y sí "una buena medida para muchos diseminados", además de "garantizar la salubridad" en muchas de las parcelaciones.

Articulo de Prensa Diario Córdoba sobre Decreto de la Junta de andalucía sobre Parcelaciones

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO PARA LAS CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
La Junta salva del derribo nueve de cada diez viviendas ilegales
Las edificaciones que están en zona inundable no se verán beneficiadas por la nueva normativa. Algunas casas del entorno de Medina Azahara podrían lograr servicios en autoabastecimiento
enviar imprimir valorar añade a tu blog 0 Comentarios
Aspecto que ofrecían las parcelaciones del entorno del aeropuerto tras las inundaciones.
Foto:RAFEL TENA

Edición en PDF Esta noticia pertenece a la edición en papel de Diario Córdoba.
Para acceder a los contenidos de la hemeroteca debe ser usuario registrado de Diario Córdoba y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ver archivo (pdf) ISABEL LEÑA 11/01/2012

No hay un censo preciso ni datos provincializados pero los cálculos de la Junta, difundidos ayer por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, son que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno legalice de forma directa una de cada diez casas levantadas en suelo no urbanizable y que reconozca la situación de ocho que no se regularizarán pero sí podrán optar a servicios básicos --según recoge Europa Press--. De esa forma, solo una de cada diez quedan a merced de la piqueta al no haber prescrito el delito urbanístico porque no lo ha hecho el proceso judicial abierto o están en suelo protegido o inundable.

El decreto deja en manos de los ayuntamientos el futuro de las casas aisladas y de los hábitats rurales y en las de sus planes de ordenación --y en las revisiones de los mismos-- el de los asentamientos. Cada municipio deberá estudiar su situación. En la capital, que tiene un PGOU reciente, se espera que tenga menos repercusión que en la provincia, donde se pueden dar más casos de viviendas aisladas, que pueden optar al autoabastecimiento, es decir, no podrán tener conexión a la red general y sí usar pozos, aljibes, depósitos, fosas sépticas o placas fotovoltaicas.

Las viviendas que están en zona inundable son las que peor lo tienen por el riesgo que suponen. En este caso, y según el delegado provincial de Obras Públicas, Francisco García, "se quedan tal y como el PGOU las define", aunque el futuro más lógico que ve la Junta es el derribo. Luego están las afectadas por la legislación sectorial, como las del entorno de Medina Azahara, o el aeropuerto, que no se pueden legalizar, aunque sí podrían verse beneficiadas de alguna manera por el decreto. El caso del entorno de Medina Azahara es muy peculiar porque el suelo ha tenido distintos regímenes desde 1986 que hay que analizar junto a los años que llevan las construcciones. García cree que puede haber casos con posibilidad de acogerse al asimilado al fuera de ordenación, lo que permite los servicios básicos autónomos a pesar de seguir siendo no urbanizables. Respecto a las del aeropuerto, indica que "hay que ver si quitando las inundables y las ya eliminadas por la ampliación, aún quedan afectadas por el informe sectorial de AENA",

Fuera de los beneficios del decreto quedan las casas que están en suelos de especial protección, "que no se pueden asimilar al fuera de ordenación". En el caso de la Sierra, señala que "habría que analizar el plan especial del medio físico y ver si es compatible, por lo que si la normativa sectorial lo permite, pueden tener servicios mínimos".

Articulo de Prensa Diario El Dia sobre Decreto de la Junta de Andalucía sobre Parcelaciones

El Día de Córdoba, Noticias de Córdoba y su ProvinciaAndalucíaAndalucíaLa Junta indulta al 90% de las viviendas ilegales de la comunidadLa Junta indulta al 90% de las viviendas ilegales de la comunidad
La Junta indulta al 90% de las viviendas ilegales de la comunidad
Un decreto autonómico permitirá legalizar o reconocer la situación de unas 225.000 edificaciones construidas en el suelo no urbanizable en las últimas décadas. Una de cada diez quedará bajo la amenaza de la demolición.

A.Fuentes, sevilla | Actualizado 11.01.2012 - 07:24

41 comentarios2 votos Nueve de cada diez construcciones levantadas en las últimas décadas en suelo no urbanizable acreditarán su situación en virtud de un decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El 10% restante no podrán regularizarse y, si la vía judicial lo permite, se toparán de frente con una bola de demolición. La estimación de viviendas amnistiadas la ofreció ayer la consejera de Obras Pública y Vivienda, Josefina Cuz Villalón, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno andaluz, y constituyó una de las pocas novedades sobre el plan ya anunciado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el Debate sobre el estado de la Comunidad a finales de junio.

La Junta no dispone de un censo oficial de viviendas construidas en suelo no urbanizable, salvo los análisis realizados en los últimos años en la Axarquía malagueña y la comarca almeriense del Almanzora. Así, con la ayuda de fotografías aéreas, la Junta ha calculado a ojo que se podría regularizar la situación de un 10% de las 250.000 viviendas ilegales existentes en la comunidad; otro 80% no se legalizará, pero sí se les reconocerá su situación para que dispongan de servicios básicos (agua, luz,...), y otro 10% quedarán en situación de ilegalidad y de futura demolición, según la consejera.

¿El porqué de estas últimas? Están edificadas en suelo protegido, por lo que no ha prescrito el delito urbanístico; están ubicadas en zonas de riesgo natural, como cauces de los ríos o zonas inundables, o están inmersas aún en procedimientos judiciales.

No obstante, muchas de las viviendas estimadas por la Junta ya están regularizadas en virtud de los planes urbanísticos aprobados por los ayuntamientos y reciben servicios básicos. El decreto sí que proporcionará una herramienta a los ayuntamientos para que validen la situación de estas urbanizaciones. Se distingue entre las viviendas que obtendrán una licencia de ocupación, que obtendrán las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento -tengan o no licencia urbanística- y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de la construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si éstas no se encuentran en ruina declarada. Éstas últimas son muy escasas en número, según fuentes de la Junta, que sitúan en las décadas de los 80 y 90 la mayoría de las edificaciones ilegales.

Esta licencia de ocupación posibilita la inscripción de estas viviendas en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suminsitradoras.

Luego el 80% de las viviendas obtendrían un reconocimiento o, como jurídicamente se ha denominado, serán asimiladas a fuera de ordenación. Éstas no obtendrán la licencia de ocupación, pero sí se les permitirá el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua.

Este procedimiento será competencia de los ayuntamientos, que tendrán que decidir a cuáles de las viviendas en su término municipal dan este reconocimiento. Será requisito indispensable que estas construcciones cumplan con las exigencias de habitabilidad y seguridad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.

La consejera se esmeró en transmitir que esta norma no persigue una regularización indiscriminada, sino "una respuesta acorde a cada situación". Condescendiente, Cruz Villalón aseguró que este decreto consiste en un "ejercicio de realismo" al reconocer construcciones que se encuentran en una compleja situación: son ilegales pero su delito ha prescrito.

Otros mensajes fueron que con esta legalización se manda una mensaje de borrón y cuenta nueva, que el futuro no será tan complaciente, y que el gasto que se tendrá que asumir para acreditar a estas parcelaciones correrá a cuenta de los propietarios, sin coste para el erario público. la consejera apostilló que las administraciones, especialmente los ayuntamientos, "no pueden asumir los costes de urbanización y dotación de servicios e infraestructuras básicas", de forma que dicho coste de adaptación deberá ser sufragado por particulares.

"Se podrán establecer instrumentos legales o tasas para los propietarios o inquilinos de esas viviendas para que la dotación de servicios básicos y costes de urbanización no se haga a costa de todos los vecinos", apuntó, para añadir que "muchas de estas viviendas, aunque sean ilegales, están pagando el IBI".

Para la consejera, este decreto no es un punto final, sino de reconocimiento, con el que se pretende lanzar el mensaje de que "esto ha sido un fenómeno del pasado, marcado por los delitos urbanísticos. Ahora damos una respuesta de reconocimiento de su existencia, porque no se pueden demoler, ni se pueden legalizar. Esperemos que este fenómeno no se vuelva a generar", concluyó.

Este polémico decreto se une a otras decisiones de la Junta en los últimos meses que abren la mano en ordenación urbanística. En noviembre, en plena campaña electoral, se aprobaron modificaciones en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para "la reactivación del sector inmobiliario y de la construcción".

Fiesta de Reyes en Las siete fincas

El siete de Enero, a partir de las 17 horas se celebrará en la sede social de la Asociación y adaros, la entrega de regalos a los hijos de vecinos pertenecientes a la Asociación de Vecinos Las Siete Fincas.
La organización de este evento ha sido posible gracias a la Asociación Cultural Los Amigos del Cabra organizadora del acto, y la Asociación las siete Fincas y Adaros como colaboradores

FELIZ AÑO 2012

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE VECINOS LAS SIETE FINCAS OS DESEA UN FELIZ AÑO 2012

Ayuntamiento y Federación de Peñas en Las Siete Fincas

CONCURSO PEROLES EN LAS SIETE FINCAS
Un año más en las instalaciones de Adaros y 7 Fincas, se celebró el pasado 8 de Octubre su tradicional concurso de Peroles al que asistieron como representantes de la Federación de Peñas Francisco Castillero y Paco Ruiz,y Dña Amelia Caracuel y D.Luis Martin Luna que estuvieron representando a nuestro Excmo. Ayuntamiento, desde la llegada, tanto el presidente de Las Siete Fincas Juan Cruz Ramírez como Juan Redondo Fernandez Presidente de Adaros y Manolo Dominguez como relaciones publicas de la Peña Los Amigos del Cabra,atendimos a los invitados como se merecen.
La Asociación de Vecinos Las Siete Fincas,queremos agradecer a los representantes de nuestro Excmo. Ayuntamiento y Federación de Peñas, por su asistencia y presencia en el jurado, así como a la peña los amigos del cabra por su trabajo en organización de este tipo de eventos